Gestha pide mayor concreción de las medidas fiscales en el alquiler y reestructurar los incentivos en el IRPF

La entrada en vigor, en enero de 2024, de nuevas bonificaciones fiscales dirigidas a propietarios de viviendas en alquiler aún no permite evaluar de manera concluyente su impacto sobre los precios y el comportamiento del mercado, porque la aplicación efectiva de estas medidas se producirá por primera vez durante la declaración de la Renta de 2024, en el periodo comprendido entre abril y junio de 2025. Esta opinión proviene de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes han manifestado la necesidad de un mayor plazo para analizar la eficacia real de los recientes incentivos tributarios asociados al alquiler, según detalló el medio Gestha en un reciente comunicado.

Según informó Gestha, la reciente presentación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un Real Decreto-ley que establecerá una bonificación del 100% en la renta neta positiva para los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin aumentar el precio para los inquilinos, ha reabierto el debate sobre la equidad y precisión de las medidas fiscales en este ámbito. Este nuevo instrumento normativo recoge bonificaciones dirigidas a quienes optan por mantener congelado el importe de los arrendamientos al prorrogar los acuerdos con los actuales inquilinos.

Sin embargo, Gestha planteó la conveniencia de revisar y concretar estos incentivos fiscales, en particular en lo referente a la regulación vigente de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El organismo recordó que ya está en funcionamiento, desde enero, una bonificación del 90% para los propietarios que renuevan sus contratos reduciendo el precio al menos un cinco por ciento si estas viviendas se encuentran en áreas tensionadas, según publicó Gestha. En este contexto, los técnicos de Hacienda recalcaron que, sin una redefinición y reestructuración de los incentivos, podría consolidarse la percepción de que las ventajas para quienes únicamente mantienen los precios superan las ofrecidas a los que rebajan las rentas de sus inmuebles.

Gestha también puso de relieve la necesidad de actuar para evitar distorsiones y fraudes en el sector. En relación con los alquileres de temporada, el organismo destacó la importancia de reforzar la normativa para impedir que estas modalidades contractuales sirvan como vía para sortear la legislación vigente sobre el alquiler tradicional de vivienda y, al mismo tiempo, frenar posibles abusos en los arrendamientos de habitaciones con precios que resulten desproporcionados respecto al valor total de la vivienda, según detalló Gestha.

A la hora de abordar los arrendamientos turísticos, Gestha sugirió adoptar controles más estrictos y se refirió a la propuesta europea de introducir un tipo de IVA específico para los alquileres vacacionales. El objetivo de este tipo impositivo, informaron los técnicos, es adaptar la fiscalidad del sector a la naturaleza diferencial de estas operaciones, punto en el que se alinea con recientes tendencias reguladoras de la Unión Europea.

Los profesionales de Hacienda recordaron en su análisis que, si bien las políticas tributarias pueden contribuir a mitigaciones puntuales de problemáticas en el mercado inmobiliario, estas herramientas, por sí solas, no resultan suficientes para resolver desequilibrios estructurales. De acuerdo con lo consignado por Gestha, el funcionamiento del mercado del alquiler depende, en gran medida, de cuestiones como el volumen de la oferta de viviendas, el grado de seguridad jurídica existente, los plazos necesarios para incorporar nuevas viviendas al inventario y la regulación específica sobre los arrendamientos turísticos. Además, los técnicos subrayaron la trascendencia de la promoción de vivienda de titularidad pública impulsada por las distintas administraciones, afirmando que este factor puede resultar determinante para la evolución futura del sector de los arrendamientos en España.

Gestha insistió en que la claridad y precisión de las reglas tributarias, así como una revisión sistemática de los incentivos en vigor, favorecen la equidad fiscal y evitan la introducción de ventajas no equitativas en función del comportamiento de los propietarios. Según el medio, el nuevo escenario de incentivos fiscales requiere un seguimiento y valoración minuciosos para asegurar que la regulación satisfaga tanto las necesidades de protección de los inquilinos como el fomento de un mercado de alquiler accesible y transparente.

Las propuestas recogidas por Gestha incluyen también la importancia de velar por el correcto diseño y aplicación de las políticas impositivas, de modo que se minimicen las oportunidades de fraude y se garantice un reparto justo de los beneficios fiscales ofrecidos por las nuevas normativas. En conclusión, la entidad sostiene que avanzar hacia una mayor concreción y reestructuración de las medidas fiscales constituye un paso necesario para asegurar la eficacia y equidad de la regulación en el sector del alquiler en España.