
El Tribunal de Cuentas Europeo aconseja definir con precisión cuántas veces pueden reutilizarse los fondos en los instrumentos financieros del Fondo Europeo de Competitividad antes de aprobar su entrada en vigor. Esta recomendación surge ante la flexibilidad prevista en el esquema del fondo, que facilitará el traspaso ágil de recursos entre distintas áreas y la recepción de contribuciones adicionales por parte de los Estados miembro u otras entidades. Según informó el medio, estas características generan interrogantes sobre la legalidad de ciertas ayudas nacionales e introducen complejidades respecto a su supervisión. El Tribunal recalca que la ausencia de directrices claras sobre la capacidad de rotación podría complicar la gestión y seguimiento adecuado de los recursos, justo en momentos en los que la Unión Europea se prepara para gestionar inversiones superiores a 400.000 millones de euros en competitividad, innovación e investigación como parte del próximo presupuesto a largo plazo.
De acuerdo con lo publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, tanto el nuevo Fondo Europeo de Competitividad como el programa Horizonte Europa ocupan posiciones centrales en la agenda política de la Comisión Europea, debido a la magnitud de los fondos que canalizarán y al papel previsto en la modernización económica del bloque. El medio destaca, sin embargo, que ni la legislación comunitaria vigente ni las propuestas recientes han logrado establecer una definición común del concepto de competitividad. Esta imprecisión, según detalló el Tribunal, puede traducirse en dificultades para lograr coherencia en la gestión y para evaluar de forma objetiva el impacto del gasto en relación con los objetivos declarados.
El Tribunal ha advertido que las propuestas revisadas incorporan múltiples referencias a prioridades transversales de la política europea, pero ni la Comisión ni los Estados miembro cuentan en la actualidad con sistemas de datos robustos y fiables para monitorear el destino y el uso específico de los recursos asignados a dichos objetivos. Según alertó el organismo auditor, las carencias identificadas en materia de información permanecen sin resolver en los proyectos legislativos presentados, lo que puede obstaculizar intentos futuros de rendición de cuentas y transparencia. El medio detalló que el Tribunal considera fundamental que los textos legislativos prevean mecanismos más sólidos para la recolección y el análisis de datos sobre la aplicación real de los fondos.
Además del señalamiento sobre la flexibilidad del Fondo Europeo de Competitividad, los expertos subrayan la importancia de mantener las comisiones de gestión dentro de márgenes considerados bajos. Esto afectaría directamente a los organismos ejecutores, como el Banco Europeo de Inversiones. Según el Tribunal, fijar límites razonables en los costes de administración contribuiría a maximizar el valor de los fondos para los beneficiarios finales y a mejorar la percepción pública en torno a la eficiencia del sistema.
Tal como consignó el medio, en el ámbito de la simplificación normativa, la Comisión Europea ha buscado implantar un único marco regulatorio con condiciones de pago armonizadas para todos los participantes. Los auditores valoran positivamente esta dirección, pero indican que persisten importantes incertidumbres, especialmente en áreas como la contratación pública y la utilización de métodos de financiación no ligados directamente a los costes reales. Las llamadas “opciones de costes simplificados” pueden introducir riesgos añadidos si las normas para su aplicación no se describen con suficiente claridad, advierte el Tribunal.
El medio refiere que el organismo de supervisión también ha puesto el foco en la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los gastos y la transparencia en la ejecución, en particular en el área de la investigación. Los auditores reconocen la aplicación de algunas medidas que tienden a reducir la carga administrativa, pero recalcan que el éxito en ese ámbito depende de normas de aplicación que estén bien detalladas y sin ambigüedades.
El examen publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo se produce en el contexto de las negociaciones acerca del futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Según remarca el medio, este ciclo presupuestario alcanzará una dimensión cercana a los dos billones de euros, aunque la configuración definitiva de los programas y los fondos quedará en manos de la concertación política entre el Parlamento Europeo y los Estados miembro. Las conclusiones del organismo auditor ponen de manifiesto la necesidad de realizar ajustes normativos y operativos previos a la entrada en vigor de los instrumentos, para garantizar la efectividad y el impacto de inversiones consideradas estratégicas para la economía, la innovación y la investigación en la Unión Europea.
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