
El abogado del Partido Ley y Justicia (PiS) de Polonia, Bartosz Lewandowski, comunicó a través de redes sociales que el asilo político otorgado por Hungría al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro responde a lo que considera una práctica sistemática de utilización de fuerzas del orden para reprimir a la oposición política en Polonia. Además, Lewandowski señaló que las declaraciones públicas sobre posibles detenciones y represalias, efectuadas por figuras del actual gobierno polaco, incluyendo el primer ministro Donald Tusk y su ministro de Justicia Adam Bodnar, forman parte de la justificación para solicitar la protección internacional. De acuerdo con información consignada por Europa Press, este episodio se enmarca en la creciente tensión entre los ejecutivos de Viktor Orbán y Donald Tusk, quienes mantienen rivalidad desde que el PiS perdió el poder en favor del partido Plataforma Cívica.
El lunes, las autoridades húngaras concedieron asilo político a varios ciudadanos polacos, entre ellos Zbigniew Ziobro, quien ocupó la cartera de Justicia entre 2015 y 2023 durante los gobiernos del PiS. Según publicó Europa Press, Ziobro es actualmente diputado y se encuentra siendo investigado en Polonia por presunta malversación de fondos en un programa público destinado a apoyar a víctimas de delito, caso que incluye sospechas sobre la creación y liderazgo de una organización criminal integrada por varios funcionarios para desviar más de 35 millones de euros.
Europa Press detalló que el proceso judicial contra Ziobro incluye la imputación de 26 posibles delitos relacionados con presunta corrupción y apropiación indebida de recursos estatales. A finales de noviembre, el Parlamento polaco votó levantar la inmunidad parlamentaria de Ziobro, aunque para entonces ya se encontraba en territorio húngaro. Durante este periodo, el exministro mantuvo encuentros con el primer ministro Viktor Orbán, según reportó Europa Press.
La defensa de Ziobro argumenta que el otorgamiento de asilo político en Hungría está motivado por violaciones a los derechos y libertades reconocidos por la legislación internacional dentro de Polonia. La defensa sostiene que existen medidas represivas impulsadas desde la Fiscalía y organismos dependientes del actual gobierno de Tusk, mencionando como ejemplos la cancelación del pasaporte de Ziobro —medida anunciada previamente por el Ejecutivo— y la supuesta privación de medios para su subsistencia.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, confirmó públicamente que el gobierno magiar aprobó el asilo político para varios ciudadanos polacos "que se enfrentaban a persecución política en Polonia", aunque evitó mencionar expresamente el caso de Ziobro. Szijjarto declaró que la democracia y el Estado de derecho se encuentran en crisis en Polonia, según citó Europa Press. Además, indicó que las autoridades húngaras recibieron varias solicitudes de asilo provenientes de ese país y resolvieron conceder el estatus de refugiado a determinados solicitantes.
En medio de estas tensiones, los responsables políticos polacos y húngaros mantienen versiones enfrentadas respecto a la motivación detrás de los procesos contra las figuras del PiS. Mientras desde Varsovia se justifica la investigación a Ziobro por los delitos detectados en su gestión y por el volumen de fondos presuntamente desviados, el gobierno de Hungría y representantes cercanos al PiS interpretan las acciones judiciales como expresión de una persecución política motivada por el cambio de gobierno, como reportó Europa Press.
La disputa entre el partido Ley y Justicia y la Plataforma Cívica ha marcado el clima político polaco desde el relevo de poder en 2023, intensificando el enfrentamiento con el Ejecutivo de Orbán. La investigación específica sobre los fondos públicos gestionados por Zbigniew Ziobro y el posterior asilo concedido en Hungría constituyen el más reciente foco de conflicto bilateral. Europa Press subrayó que en noviembre, coincidiendo con el avance de las pesquisas en Polonia, Ziobro ya se encontraba en Hungría y aprovechó esa situación para solicitar reconocimiento como refugiado.
Los acontecimientos han generado múltiples acusaciones en ambos gobiernos acerca de la orientación política de la justicia y la utilización de las instituciones estatales, tanto para investigar presuntos delitos de corrupción como para alegar la existencia de represalias con fines políticos. Hasta la fecha, el ejecutivo húngaro prefiere no confirmar nombres concretos entre las personas favorecidas con asilo, limitándose a recalcar el clima de persecución denunciado por parte de los solicitantes polacos, información consignada por Europa Press.
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