
Guy Bertrand Mapangou, presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC) de Gabón, expresó que “Gabón debe mantener su soberanía e independencia cuando la integridad física y moral de sus niños sea violada, brutalizada o amenazada”, en declaraciones citadas por el diario Gabon Review. Estas declaraciones se produjeron en medio del debate nacional sobre la respuesta institucional ante los crímenes violentos, tema de preocupación creciente en la sociedad gabonesa y detonante para la reciente propuesta presidencial respecto a la pena de muerte.
El mandatario de Gabón, Brice Oligui Nguema, comunicó su decisión de celebrar una consulta nacional vinculada al restablecimiento de la pena capital, una medida eliminada en el país en el año 2010. De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias estatal AGP, Oligui Nguema transmitió esta instrucción al Gobierno durante una alocución, haciendo hincapié en que “esta discusión debe ser liderada por el pueblo que me eligió”. Este discurso evidenció la intención de involucrar a la sociedad gabonesa en el análisis y la toma de decisiones sobre una medida legal de gran trascendencia.
El anuncio de Oligui Nguema no incluyó detalles sobre la posible fecha para la convocatoria del referéndum, aunque quedó patente en sus declaraciones la urgencia social por abordar la problemática de los delitos violentos. El presidente aseguró que los responsables de estos actos no permanecerán exentos de castigo, enviando un mensaje que apunta a la revisión de políticas penales en Gabón, según consignó la agencia AGP.
La noticia se desarrolla en un contexto donde diversas voces gubernamentales y sociales han manifestado inquietud acerca del incremento o la persistencia de crímenes violentos en el país africano. Según información difundida por la agencia estatal, la preocupación pública se ha intensificado, generando presión sobre las autoridades para buscar soluciones que cuenten con el respaldo ciudadano. El debate público incluye tanto consideraciones sobre la protección de los menores como argumentos en torno a la soberanía nacional y la adecuación de la legislación penal vigente.
En febrero de 2010, el Gobierno de Gabón formalizó la abolición de la pena de muerte. Tres años antes de esa decisión, ya se habían retirado del código penal los preceptos legales que establecían la ejecución de sentenciados por delitos considerados graves, según recordó la agencia AGP. La reforma de 2010 llevó al país a suprimir la pena capital de su legislación, alineándose con una tendencia abolucionista.
El planteamiento actual de celebrar un referéndum reabre el debate sobre las estrategias punitivas frente a delitos extremos. Oligui Nguema subrayó que la consulta tiene como objetivo permitir a la población determinar, a través del voto, el camino legal que Gabón debería seguir en lo referente a la pena de muerte, en vista de las recientes manifestaciones de preocupación social.
Mapangou reiteró que, aunque la ley define a Gabón como un país abolicionista, persiste el desafío de proteger a las categorías más vulnerables, especialmente a los menores. Esta posición, difundida por el diario Gabon Review, añade un elemento al debate jurídico y ético sobre el regreso de la pena capital, especialmente en casos donde se vea en peligro la seguridad o la integridad de la infancia.
A la espera de una fecha concreta para el referéndum, la discusión se instala en la agenda política y social del país, tal como detalló la agencia AGP. Mientras tanto, se intensifica la atención pública sobre el proceder del gobierno y las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad gabonesa ante la posibilidad de reinstaurar una medida que estuvo vigente hasta hace poco más de una década.
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