Un tribunal de Costa Rica reclama a RIU demoler parte de un hotel y restituir el manglar de una zona protegida

El Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica ha ordenado al Grupo RIU la presentación de un plan de restauración ambiental, con plazo de 30 días hábiles, para revertir la alteración y destrucción de un manglar de 8.223 metros cuadrados en Playa Matapalo. De acuerdo con lo reportado por la agencia GOB, la resolución judicial obliga a la cadena hotelera a demoler parte de su complejo turístico en la provincia de Guanacaste tras determinarse que la construcción causó daños ambientales de gravedad en una zona protegida.

Según ha detallado el medio GOB, la decisión responde a una denuncia presentada entre 2008 y 2009 por la organización ecologista costarricense Confraternidad Guanacasteca. El fallo califica como graves los impactos ambientales generados por el Hotel Riu Guanacaste y su responsable, Luis Riu Güell, al constatar alteraciones en la vegetación de manglar, así como la colmatación y destrucción de este ecosistema en un área sujeta a protección oficial. Entre los hechos probados, el tribunal ha señalado la modificación del curso de una quebrada sin la autorización correspondiente, afectando la zona de protección dentro de una finca próxima a la franja marítimo-terrestre, lo que implicó que parte del complejo se edificó sobre un espacio ambientalmente sensible y protegido.

El complejo hotelero inauguró operaciones el 30 de octubre de 2009 y, según la resolución notificada a finales de 2025, parte de sus instalaciones se construyeron directamente sobre el cauce del torrente y su área de protección. Además, el tribunal identificó la ocultación de hitos oficiales que evidenciaban la colmatación ilegal del manglar. La sentencia establece que tanto la eliminación de vegetación como la alteración del flujo natural del agua resultaron en una transformación significativa del funcionamiento del ecosistema.

La resolución obliga específicamente a Luis Riu Güell a revertir la colmatación y restaurar completamente la zona perjudicada, mediante la presentación y ejecución de un plan de recuperación que incluya la regeneración del manglar, la reforestación con especies nativas y la adopción de medidas adicionales de mitigación. También exige la implementación de un plan que restablezca el flujo de agua hacia el manglar afectado, garantizando la recuperación de las condiciones originales previas a la construcción.

Según publicó el medio GOB, la organización ecologista Confraternidad Guanacasteca ha visto respaldada su acusación principal: el hotel fue levantado alterando de manera sustancial el equilibrio natural de la zona, al edificar sobre un torrente y su área de protección. La entidad denunciante ha recibido el respaldo del GOB, cuyos representantes valoraron la persistencia y rigor de la defensa ambiental llevada a cabo por la organización costarricense. Además, la noticia recoge que, desde la perspectiva del GOB, la sentencia constituye una nueva evidencia de las prácticas ambientales y urbanísticas del Grupo Riu, al que vinculan también con controversias en España.

El medio el GOB ha remarcado la preocupación sobre la operatividad de grandes corporaciones turísticas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección ambiental. En sus declaraciones, la entidad ecologista advirtió acerca de la frecuencia con que compañías de este tipo operan con escasa supervisión, lo que, según su criterio, reitera la importancia de acciones judiciales en defensa de los ecosistemas protegidos.

Por su parte, el Grupo RIU ha emitido una nota en la que expone su respeto al proceso judicial y a las instituciones costarricenses, aunque afirma su desacuerdo con la resolución. Según lo consignado por GOB, la cadena hotelera ha anunciado la interposición de todos los recursos y acciones legales disponibles para recurrir el fallo, señalando supuestas inconsistencias y errores en la sentencia. La compañía manifestó que, a su juicio, la resolución “no está en firme” y por consiguiente “no resulta ejecutable” en este momento. Además, el Grupo RIU subrayó que ha actuado siempre en cumplimiento de la legislación costarricense y, por razones de prudencia y respeto al procedimiento, no proporcionará información adicional sobre las acciones legales en curso.

Tal como reportó el medio GOB, las reacciones al fallo incluyen menciones a otros conflictos ambientales en los que está implicado el Grupo RIU, así como llamados a promover regulaciones más estrictas que limiten el impacto de las grandes empresas del sector turístico en zonas de alta sensibilidad ecológica. Desde distintos sectores ecologistas, se destacó que los hechos probados por el tribunal jamás deberían haber ocurrido sin sanción. La decisión judicial marca un precedente en la aplicación de la normativa costarricense para la protección de áreas naturales ante desarrollos turísticos.