El Gobierno y la Iglesia firman hoy un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores

A partir de las 10.00 horas se conocerán los detalles del acuerdo impulsado entre el Gobierno y la Iglesia católica para establecer un canal de reparación de víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito eclesiástico, dirigido especialmente a quienes no han podido llevar sus casos a la vía judicial. Según informó la Conferencia Episcopal Española, la nueva vía estará liderada por el Defensor del Pueblo y fue diseñada de forma conjunta por representantes del Ejecutivo y la cúpula eclesiástica.

De acuerdo con la información publicada por la Conferencia Episcopal y recogida por distintos medios, la firma del acuerdo se realizará a las 09.00 horas en un acto encabezado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Posteriormente, el ministro Bolaños expondrá el contenido y los objetivos de este mecanismo alternativo durante una comparecencia ante la prensa en la sede del Ministerio de Justicia. Está previsto que, a continuación, Argüello y Sariego den su valoración conjunta sobre el acuerdo alcanzado.

El mecanismo creado surge ante la situación de numerosos casos de abusos sexuales en instituciones religiosas que, por diversos motivos, no accedieron a la reparación judicial. Según detallaron fuentes de la Conferencia Episcopal, este instrumento se plantea como una respuesta a las víctimas que, bien por la prescripción de los delitos o por obstáculos procesales, no contaban con recursos legales para solicitar justicia ni compensaciones. El acuerdo firmado este jueves busca ofrecerles una vía alternativa orientada a la reparación y atención integral.

El papel del Defensor del Pueblo, según consignaron la Conferencia Episcopal y los representantes gubernamentales, será central en el desarrollo y la aplicación de esta nueva herramienta. La intervención de esta institución pública refuerza la intención de dotar el proceso de imparcialidad y garantizar la confianza de las víctimas en la gestión de sus casos. Tanto los responsables ministeriales como los eclesiásticos destacaron la colaboración interinstitucional que ha permitido poner en marcha una vía inédita en España para abordar este tipo de delitos dentro del entorno eclesiástico.

El acuerdo incluye la participación de entidades representativas como la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, lo que permite atender la pluralidad de órdenes y congregaciones afectadas. Según reportó la Conferencia Episcopal, se pretende que cualquier persona que haya sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia y no haya podido acceder a la vía judicial pueda recurrir a este mecanismo. El proceso, que será detallado por Félix Bolaños en la rueda de prensa prevista, contemplará medidas de reparación que pueden incluir reconocimientos, atención psicológica y, en determinados casos, compensaciones económicas, de acuerdo al marco legal disponible.

La firma del acuerdo representa el resultado de meses de conversaciones y negociaciones entre las autoridades civiles y religiosas. Según publicó la Conferencia Episcopal, el objetivo esencial es ofrecer una vía que complemente los procedimientos judiciales y no interfiera en los casos que sí puedan ser tramitados ante los tribunales. Las partes firmantes aseguraron su compromiso con el esclarecimiento y la atención a las víctimas, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales sobre reparación y memoria en delitos sexuales contra menores.

El anuncio realizado por la Conferencia Episcopal llega en un contexto en el que la sociedad española demanda medidas concretas para enfrentar el impacto de los abusos cometidos en el entorno eclesiástico, y cuando las limitaciones legales han dejado a muchas víctimas sin posibilidad de reparación. El nuevo instrumento busca responder a estas demandas facilitando un espacio específico donde puedan presentarse denuncias y recibir acompañamiento, con el respaldo institucional del Defensor del Pueblo y bajo la supervisión tanto de la Iglesia como del Estado.

Las comparecencias de los principales responsables de la Iglesia y el Gobierno tras la firma oficial servirán para explicar tanto el alcance de lo acordado como los mecanismos prácticos que permitirán su puesta en marcha. El seguimiento público y la información detallada sobre su funcionamiento quedarán a disposición, según la programación anunciada por la Conferencia Episcopal, que subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las etapas del proceso.

Este acuerdo se inscribe en el marco de los intentos por avanzar hacia una reparación integral de las víctimas, dotando de recursos institucionales a quienes no encontraron justicia en los tribunales y procurando cerrar etapas de impunidad con mecanismos que impliquen tanto al Estado como a la Iglesia católica.