
El debate sobre la pertinencia de mantener las sanciones de la Unión Europea a Delcy Rodríguez recobró actualidad tras recordar que en julio de 2023 la dirigente venezolana, a pesar de ser objeto de restricciones, recibió una autorización para viajar a Bruselas y representar a Venezuela en la cumbre UE-CELAC. Esta excepción, decretada durante la presidencia española rotatoria, sirve de precedente en la revisión de las políticas europeas hacia la actual “presidenta encargada” de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, sugirió que la Unión podría reconsiderar las medidas impuestas a Rodríguez, dependiendo de los pasos que adopte el nuevo Gobierno venezolano tras la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Según informó Europa Press a raíz de declaraciones del propio Albares en laSexta, la posibilidad de replantear las sanciones europeas que pesan sobre Delcy Rodríguez dependerá de cómo evolucione la situación política en Venezuela y de las decisiones que adopte el Ejecutivo encabezado por la dirigente. El ministro recordó que las restricciones contra Rodríguez, que hasta ahora fue vicepresidenta, datan de junio de 2018 y habían sido ratificadas en diciembre, extendiéndose su vigencia hasta enero de 2027. Las medidas prohíben su ingreso a la Unión Europea, aunque la participación de la funcionaria en la cumbre UE-CELAC constituye una muestra de que existen mecanismos para excepciones en casos puntuales.
Albares explicó que existe una regla no escrita dentro de la Unión Europea según la cual no se suele sancionar directamente al presidente de un país con el fin de preservar canales abiertos al diálogo. Por esta razón, Nicolás Maduro no figuró entre las personas sancionadas por la Unión, precisó el ministro según recogió Europa Press. “Tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación”, expuso, apuntando a futuras deliberaciones entre los países del bloque sobre la pertinencia o no de mantener las medidas restrictivas frente a la coyuntura actual de Venezuela.
El ministro enfatizó que las sanciones, en opinión del Gobierno español, no constituyen un propósito en sí mismas sino una herramienta para propiciar determinadas condiciones políticas. Según publicó Europa Press, Albares declaró: “Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible porque querrá decir que la causa que las generó desapareció”. El representante español afirmó que, de producirse avances por parte del nuevo Gobierno venezolano en la dirección deseada por la Unión Europea, debe considerarse el levantamiento de las restricciones. Añadió que España respaldará que las sanciones se eliminen si se logran cambios positivos, destacando “seré el primero en solicitarlo, porque España siempre va a estar al lado de los pueblos hermanos de América Latina”.
Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos respecto al giro político en Venezuela, Albares aseguró que no ha existido comunicación formal entre el gobierno español y la administración de Donald Trump, ni antes ni después de la operación que derivó en la captura de Maduro. Detalló a Europa Press que tampoco tiene conocimiento de contactos relevantes entre Estados Unidos y otros gobiernos europeos, salvo una conversación telefónica entre Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante el fin de semana posterior a la intervención.
El medio Europa Press informó además que, pese al cambio de gobierno en Caracas, la comunicación del Ejecutivo español con las nuevas autoridades venezolanas se ha producido solo por los cauces institucionales habituales, a través de la embajada española. Albares explicó que, aunque España está dispuesta a dialogar con la administración de Delcy Rodríguez del mismo modo que se hacía antes con la de Maduro, aún no se ha materializado ningún contacto formal con la nueva presidenta, más allá de la interlocución diplomática en Caracas.
Como parte de las primeras acciones ante el nuevo contexto, Albares notificó que ya se ha remitido al gobierno venezolano una demanda formal que exige la liberación de ciudadanos españoles retenidos en el país. Según recabó Europa Press, el ministro calificó la eventual liberación como “un gran gesto y un gran arranque” para las relaciones bilaterales y para contribuir a la normalización de los vínculos entre la Unión Europea y Venezuela.
En este contexto, el futuro de las sanciones impuestas al país caribeño y a figuras como Delcy Rodríguez queda supeditado a la evolución política interna venezolana y a la posibilidad de que se adopten medidas que respondan a las demandas de la comunidad internacional, particularmente en materia de derechos humanos y respeto a normas democráticas. Las decisiones que adopte la Unión Europea respecto a las restricciones aplicadas a altos cargos venezolanos dependerán, según reiteró el titular de Exteriores español, de la disposición del nuevo Ejecutivo de Caracas a avanzar en la dirección que favorezca la reanudación de un diálogo constructivo con Bruselas.
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