El Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minesota

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el Departamento de Justicia está preparado para movilizarse en cualquier estado donde se detecten esquemas de fraude similares a los identificados en Minesota, en los que fondos públicos habrían sido desviados de manera ilegal. La magnitud de los casos investigados ha llevado al gobierno a enviar fiscales adicionales a la oficina de la Fiscalía en Minesota, una respuesta que se enmarca en el creciente debate político y social sobre la gestión estatal, el uso de recursos públicos y las presiones derivadas de la situación migratoria. Según informó NBC News, la decisión se toma tras revelarse la existencia de operaciones fraudulentas con un alcance de varios miles de millones de dólares y un alto componente mediático y político.

De acuerdo con lo publicado por NBC News, las autoridades federales ampliaron el equipo de fiscales dedicados a analizar las investigaciones por fraude en Minesota, después de que el fiscal federal Joe Thompson calculase que los fondos federales presuntamente desviados superarían los 9.000 millones de dólares (7.700 millones de euros). El avance de las investigaciones apunta a una red que habría creado empresas ficticias para facturar a agencias estatales y federales por servicios sociales que, según la documentación, jamás se habrían prestado. Las actividades fraudulentas incluyeron servicios de distribución de alimentos en centros escolares, asistencia sanitaria a niños autistas y atención médica para beneficiarios vulnerables de Medicaid. Muchos de estos casos se vinculan con la diáspora somalí residente en el estado.

El medio NBC News detalló que la investigación arrancó en 2021, cuando autoridades locales identificaron los primeros indicios de estos esquemas. Desde entonces, cientos de personas quedarían involucradas en un sistema que permitía ingresar millones de dólares a través de contratos y facturas inexistentes o irregulares. El escándalo alcanzó una significativa prominencia luego de que el vicepresidente JD Vance mencionara públicamente un vídeo viralizado por un influencer ultraconservador, donde se denunciaba la situación de varias guarderías que permanecían inactivas, sin ofrecer servicios, mientras sus propietarios continuaban recibiendo fondos estatales con fines sociales.

La controversia escaló con la participación del presidente Donald Trump, quien utilizó la crisis para reforzar su mensaje antimigratorio. Trump manifestó en su cuenta de Truth Social que “esto es causado por personas que entraron en nuestro país ilegalmente desde Somalia”, centrando el foco en la comunidad somalí de Minesota. El Departamento del Tesoro también investiga la posibilidad de que recursos destinados al bienestar público fueran desviados hacia el grupo terrorista Al Shabaab, cuestión que ha incrementado la tensión entre diferentes sectores políticos y sociales. Esta situación también provocó que representantes demócratas expresaran su desaprobación ante el aumento de discursos hostiles contra la comunidad inmigrante, señalando la proliferación de ataques y el ambiente discriminatorio que sufren estos colectivos.

La gestión del gobernador Tim Walz sobre los casos de fraude en Minesota experimentó un fuerte escrutinio público, tal como subrayó NBC News. Después de recibir presiones relacionadas con la supervisión de los recursos y la actuación estatal, Walz comunicó el lunes su retiro de la contienda para buscar la reelección. Su decisión surgió tras semanas de críticas y demandas de mayor transparencia y rigor en la administración de los fondos públicos, así como de exigencias para fortalecer las medidas de control en las agencias encargadas de distribuir la ayuda social.

En paralelo a estos sucesos, el Departamento de Seguridad Nacional informó la muerte de una mujer en la ciudad de Minneapolis, tras un episodio de confrontación durante unas protestas motivadas por las operaciones antimigratorias de la Administración Trump. Según declaró el Departamento del Seguridad Nacional a través de sus redes sociales, una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó tras interpretar que la mujer empleó su vehículo como un arma e intentó arrollar a uniformados. El departamento calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”, añadiendo que estos episodios derivan de un clima de hostilidad alentado por ciertos sectores políticos hacia las fuerzas de seguridad.

El despliegue de 2.000 agentes del ICE en Minesota, reportado por el gobierno federal en las últimas horas, provocó protestas y rechazo entre diversos líderes locales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, denunció los efectos de la presencia policial federal e indicó que las acciones de estos agentes están “causando caos” en la ciudad. Frey exigió el retiro inmediato de los uniformados y reafirmó el respaldo de la administración municipal a las comunidades de inmigrantes y refugiados afectadas por la situación.

Tal como consignó NBC News, el Departamento de Justicia mantiene abierta la posibilidad de replicar este tipo de operativos en otras entidades del país donde se identifiquen patrones comparables de fraude contra fondos públicos. El foco de las investigaciones se centra tanto en la recuperación de los recursos como en la identificación de los responsables y en la implantación de controles adicionales para evitar nuevas irregularidades. Estas actuaciones ocurren al tiempo que crecen las disputas políticas entre demócratas y republicanos por la gestión estatal, la vigilancia migratoria y el destino de los fondos federales ligados a programas sociales.