
La decisión de crear una solución alternativa para multinacionales estadounidenses, que entrará en vigor a partir de 2026 y estará disponible en todas las jurisdicciones desde 2027, da respuesta a preocupaciones expresadas desde Washington y busca evitar una fuga masiva de la base fiscal estadounidense. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 147 países y jurisdicciones que participan en el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) han alcanzado un acuerdo sobre los componentes fundamentales para aplicar de forma coordinada un impuesto mínimo global. El pacto, anunciado tras varios meses de negociaciones, introduce un régimen paralelo con el objetivo de equilibrar los intereses fiscales internacionales y las exigencias estadounidenses.
De acuerdo con el informe divulgado este lunes por la OCDE, el acuerdo incorpora cinco componentes esenciales, entre los que se incluyen medidas para simplificar los procesos y reducir la carga administrativa tanto para las multinacionales como para las autoridades fiscales en la determinación y declaración del impuesto mínimo global. También se establecen nuevas garantías fiscales específicas, dirigidas a armonizar la aplicación de incentivos fiscales a nivel mundial y evitar distorsiones entre jurisdicciones. Además, el paquete ofrece salvaguardias adicionales para multinacionales cuya matriz se encuentra en países que cumplen los requisitos mínimos y han implementado su propio régimen tributario mínimo.
Mediante la implementación de estos mecanismos, la OCDE señala que el acuerdo refuerza la protección de las bases fiscales locales, con especial atención a los países en desarrollo. El documento oficial precisa que el marco acordado prevé un proceso regular basado en la revisión de evidencias para asegurar que todos los miembros del Marco Inclusivo cuenten con las mismas condiciones a la hora de aplicar las nuevas reglas. Así, se busca alcanzar estabilidad y certidumbre en el sistema fiscal internacional, según detalló el organismo.
La solución acordada se produce después de que Estados Unidos manifestara su rechazo al acuerdo global alcanzado en 2021 para establecer una tributación mínima efectiva del 15% sobre los beneficios empresariales. Tras el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y la amenaza de adoptar "impuestos de venganza" contra pesos pesados de la industria norteamericana en el caso de aplicarse la reforma tributaria internacional, las negociaciones se intensificaron. Como resultado, según publicó la OCDE, el Marco Inclusivo desarrolló un sistema paralelo para cubrir las inquietudes de Washington sin desmantelar los avances alcanzados en la agenda global de fiscalidad corporativa.
El acuerdo condiciona la utilización de una salvaguardia paralela para aquellos grupos multinacionales cuya sede matriz esté establecida en una jurisdicción que cumpla los requisitos y haya implementado dicho régimen. En ese caso, las nuevas reglas se aplicarán tanto a operaciones domésticas como internacionales controladas por el grupo. Además, el documento subraya que la salvaguardia se activará para grupos multinacionales en todas las jurisdicciones a partir del inicio de 2027, o antes –en 2026– si se cumplen determinadas condiciones.
El Gobierno de Irlanda, país donde muchas grandes tecnológicas estadounidenses tienen su base europea, comunicó que el nuevo acuerdo se ajusta a lo establecido por el G7 y el G20, quienes habían pedido desarrollar una fórmula que hiciera compatible el impuesto mínimo global con el régimen fiscal estadounidense. Según un comunicado oficial citado por la OCDE, "el paquete busca un equilibrio que resuelva las preocupaciones de EE UU con respecto al Impuesto Mínimo Global, preservando al mismo tiempo los objetivos originales". La nota agrega que está programada una revisión de este sistema paralelo en 2029, para valorar y atender posibles riesgos económicos o cuestiones de competitividad que puedan emerger.
Simon Harris, ministro de Finanzas irlandés, explicó que Irlanda aceptó un consenso internacional con el modelo ‘Side-by-Side’, que reconoce tanto la fortaleza del sistema tributario estadounidense como el objetivo de lograr una tributación mínima global. Harris apuntó también que la negociación respondió a peticiones expresas de Estados Unidos y a los mandatos emitidos por los foros del G7 y G20.
En junio del año anterior, Washington confirmó la retirada de la llamada ‘Sección 899’ o “impuesto de venganza” de su proyecto presupuestario, en respuesta al acuerdo alcanzado dentro del G7 para eximir temporalmente a las firmas estadounidenses de la implementación inmediata del tipo mínimo global de sociedades. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, citado por la OCDE, estimó que esta decisión permitirá evitar la pérdida de más de 100.000 millones de dólares (85.325 millones de euros) de la base impositiva nacional.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, calificó el consenso actual como un avance sustancial en materia de cooperación fiscal y técnica. Cormann sostuvo que el paquete fortalece la seguridad jurídica, atenúa la complejidad y contribuye a preservar la base impositiva de los países signatarios. Por su parte, Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, evaluó que la decisión establece un entorno más equitativo y competitivo para todas las empresas, además de simplificar los procedimientos fiscales globales.
El texto publicado por la OCDE resalta que el Marco Inclusivo aspira a que un sistema coordinado de impuesto mínimo global sea el principal mecanismo para lograr una tributación mínima efectiva. No obstante, se reconoce que ciertos países ya disponen de normativas fiscales nacionales en vigor que cumplen con el estándar mínimo internacional tanto sobre rentas locales como extranjeras. Cuando las multinacionales elijan acogerse al régimen paralelo en sus jurisdicciones de origen que cumplan los requisitos, las nuevas reglas también quedarán aplicadas sobre sus operaciones globales.
La introducción de este paquete, indica la OCDE, busca evitar discrepancias entre los sistemas impositivos nacionales y el marco global, particularmente en relación con los incentivos fiscales y la protección de las bases tributarias, fundamentalmente en naciones en desarrollo. El proceso de revisión incluido en el paquete permitirá a las partes interesadas supervisar y ajustar los mecanismos a medida que se implementen, identificando a tiempo desajustes o problemas derivados de su aplicación.
El acuerdo consolidado por la OCDE y los países del Marco Inclusivo representa la culminación de intensas negociaciones y aborda uno de los desafíos que surgieron tras el rechazo estadounidense a una parte significativa del pacto firmado hace tres años. Busca proteger los ingresos fiscales y la competitividad geoeconómica, ofreciendo vías diferenciadas para que distintos sistemas tributarios nacionales coexistan bajo una regulación común orientada al objetivo de una tributación justa sobre los grandes grupos multinacionales.
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