Hazte Oír se querella ante la AN contra Zapatero por "su colaboración con la estructura criminal de Maduro"

Entre las medidas solicitadas en la acción legal se encuentra la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de presentarse ante el tribunal una vez a la semana. Estas peticiones forman parte de una querella interpuesta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la asociación Hazte Oír, la cual considera que existen indicios de colaboración con una red criminal de alcance internacional vinculada al gobierno de Venezuela. Según informó Europa Press, esta iniciativa judicial se presentó ante la Audiencia Nacional y se fundamenta en la posible comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La querella, presentada el domingo, expone que el tribunal español tendría jurisdicción para investigar los hechos debido a que Zapatero, como ciudadano español, habría participado en las actividades denunciadas fuera de España. De acuerdo con el documento recogido por Europa Press, Hazte Oír basa su denuncia en que estos delitos presuntamente beneficiarían a la estructura liderada por Nicolás Maduro en Venezuela, haciendo referencia a actuaciones que habrían facilitado "la operativa y la impunidad internacional" de la red criminal asociada al régimen.

El escrito detalla que, además de solicitar la investigación del expresidente como imputado, Hazte Oír pide que acudan como testigos el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Estos nombres aparecen en el contexto de las investigaciones y relaciones que, según la asociación denunciante, formarían parte de los mecanismos de apoyo a la organización señalada. La asociación indica en su querella: "Lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí", apuntando a investigaciones que han salido a la luz en ese país sobre presuntas ramificaciones internacionales del narcotráfico y el lavado de dinero que afectarán a intereses españoles o a ciudadanos españoles.

Según el medio Europa Press, Hazte Oír sostiene que la implicación de Zapatero va más allá de las gestiones políticas o diplomáticas y habría constituido un respaldo efectivo a las actividades internacionales del gobierno de Maduro. El texto afirma que "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad", lo que, en opinión de la asociación, ameritaría una investigación judicial exhaustiva sobre la posible responsabilidad penal del expresidente.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el colectivo recalca que esta querella constituye solo el inicio de una serie de actuaciones legales que impulsa contra José Luis Rodríguez Zapatero. Hazte Oír asegura que promoverá más acciones para esclarecer el papel que habría desempeñado el exmandatario español en el mantenimiento de la legitimidad política e internacional del régimen encabezado por Nicolás Maduro.

Las diligencias incluyen la exploración de la posible cooperación de Zapatero en la protección, facilitación o encubrimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico o la legitimación de capitales, en coordinación con otros actores señalados en la denuncia. En el escrito remitido a la Audiencia Nacional y citado por Europa Press, la organización indica que "España debe investigar hasta el final" cualquier nexo que vincule a nacionales españoles con crímenes de alcance global. La petición se enmarca en las competencias de la Audiencia Nacional para investigar delitos cometidos fuera del país que impliquen a españoles o intereses españoles.

Hazte Oír subraya, de acuerdo con la información divulgada por Europa Press, que las medidas solicitadas tienen carácter urgente y buscan impedir cualquier intento de eludir la acción judicial, dada la gravedad de los delitos atribuidos y su posible impacto internacional. El colectivo, conocido por su activismo judicial en distintas causas, argumenta que la investigación respondería a la necesidad de depurar posibles responsabilidades en España ante la magnitud de las acusaciones y su dimensión transnacional.