El análisis del impacto del cambio climático sobre las personas con discapacidad figura entre los trabajos destacados que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) llevará adelante durante 2026, una iniciativa que se inscribe en un plan integral de doce investigaciones centradas en desafíos emergentes, según informó el propio CERMI. Además de este estudio pionero, la plataforma contemplará aspectos como la protección de menores ante ataques digitales, la electrodependencia, y los efectos sociales de reformas constitucionales recientes.
De acuerdo con el CERMI, la agenda de investigación prevé una combinación de proyectos financiados mediante la asignación del 0,7% de interés social y líneas de trabajo promovidas directamente por la organización. El propósito central, detalló el organismo, es “generar el conocimiento necesario para transformar las políticas públicas y consolidar los derechos de este sector cívico en una sociedad en constante cambio”.
Dentro de las investigaciones vinculadas a los fondos procedentes del 0,7%, la protección de la infancia y adolescencia con discapacidad ante situaciones de acoso en entornos virtuales representa una prioridad para el próximo año. Se añadirá un estudio sobre el coste real que supone la crianza de menores con discapacidad en el contexto español, según consignó el CERMI.
El medio detalló que se impulsará también la elaboración de una propuesta de nueva normativa orientada a proteger a las personas electrodependientes, es decir, aquellas cuya supervivencia depende del suministro de energía eléctrica para equipos médicos u otros dispositivos vitales. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a la electricidad en situación de emergencia, abordando así una cuestión esencial para este colectivo.
Para trazar un balance integral de los derechos de las personas con discapacidad, el CERMI proyecta preparar el informe "Derechos Humanos y Discapacidad, España 2006-2026". Según reportó la organización, este documento evaluará los avances obtenidos y las brechas pendientes tras dos décadas de la aplicación en el país de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el ámbito normativo, la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española ha motivado el desarrollo de propuestas específicas. En colaboración con la Fundación Alternativas y la Fundación ONCE, el CERMI prevé abordar las implicaciones de ese nuevo marco legal, elaborando recomendaciones para fortalecer la protección jurídica de las personas con discapacidad, informó el comité.
Otro eje estará en la investigación del impacto diferenciado que provoca el cambio climático sobre la vida de este colectivo. Para ello, el CERMI trabajará junto al Grupo Social ONCE, orientando sus conclusiones a la adaptación de planes de emergencia y estrategias de sostenibilidad, en un área de trabajo que el comité califica de pionera en España.
El entorno laboral constituye otro frente relevante en el programa, centrado en la elaboración de una guía aplicada para la implementación de la Ley 2/2025, relacionada con la discapacidad sobrevenida y el empleo. El CERMI, acompañado por la Fundación Derecho y Discapacidad, pretende que tanto trabajadores como empleadores comprendan los mecanismos disponibles para la retención del talento y la adecuación de los puestos de trabajo tras la entrada en vigor de esta regulación, explicó el organismo.
El plan de estudios para 2026 incorpora también análisis sobre la gobernanza inclusiva, el papel del voluntariado, y la historia del movimiento asociativo vinculado a la discapacidad. Tal como anunció el CERMI, el objetivo es que la acumulación de estos diagnósticos y propuestas contribuya a consolidar una base de conocimiento sólida para influir en el diseño de políticas públicas y el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en España, en línea con los profundos cambios sociales y normativos de la última década.
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