
El ingreso en prisión preventiva de Filipe Martins, antiguo asesor de Jair Bolsonaro, tuvo lugar tras detectarse que accedió a su cuenta de LinkedIn, desoyendo la prohibición de utilizar plataformas digitales. De acuerdo con 'O Globo', el equipo de defensa reconoció este acceso, lo que influyó de manera directa en la decisión judicial. Martins enfrenta una condena de 21 años de prisión por su papel en la trama para revertir los resultados de las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, donde la justicia le acusa de haber redactado un borrador de decreto dirigido a cuestionar la legitimidad del proceso electoral.
Según consignó 'O Globo', el exasesor de Bolsonaro permanecía en prisión preventiva mientras aguardaba la ejecución efectiva de la condena por delitos relacionados con golpismo. La sentencia detalla que, junto a otros implicados, participó en la elaboración de un texto que fue presentado por el propio Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas, en un intento de recaudar apoyo militar para desconocer el resultado de los comicios. Algunos altos mandos rechazaron involucrarse, pero el entonces jefe de la Armada, Almir Garnier, figuró como uno de los que respaldaron la iniciativa, según la información publicada.
Martins se encontraba bajo medidas cautelares estrictas, entre ellas la prohibición de utilizar redes sociales y plataformas digitales, tanto en forma directa como a través de terceros. El medio 'O Globo' informó que los abogados defensores presentaron como argumento que ellos mismos gestionaban las cuentas de Martins, negando cualquier publicación directa del acusado en LinkedIn. Sostuvieron que la gestión de la citada red social formaba parte del trabajo de preparación de su defensa legal. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, rechazó estas alegaciones y mantuvo la medida de prisión preventiva.
La decisión judicial tomó mayor peso considerando el contexto de otras fugas recientes. 'O Globo' reportó que la imposición de prisión domiciliaria a Martins respondió al riesgo de huida, ya que otro condenado por la misma trama, el exjefe de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasquez, había logrado salir de Brasil y sólo fue capturado en Paraguay cuando pretendía viajar a El Salvador en las proximidades de la Navidad.
El caso contra Martins se encuadra en el proceso judicial que sigue el Tribunal Supremo de Brasil contra varios exfuncionarios y aliados de Bolsonaro, a quienes se acusa de intentar un golpe de Estado tras la derrota electoral del expresidente. El fallo recoge que el borrador elaborado tenía el objetivo de deslegitimar el proceso electoral y abrir la puerta a una posible intervención militar o institucional que impidiera la toma de posesión del presidente electo.
De acuerdo con la información divulgada por 'O Globo', ni la defensa ni otras partes involucradas presentaron pruebas que demuestren que las cuentas en redes sociales se usaran sin el consentimiento de Martins. A pesar de las restricciones impuestas por el Supremo, la investigación apunta a que persistían accesos a cuentas ligadas al condenado, motivo por el que se endurecieron las condiciones bajo las que cumple la medida mientras inicia el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad.
El proceso judicial abierto tras las elecciones de 2022 se ha caracterizado por su seguimiento estricto de los vínculos digitales de los acusados. Las restricciones impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes sobre el uso de internet y redes sociales fueron adoptadas ante la posibilidad de que los investigados empleasen estos canales para coordinar acciones u obstaculizar las investigaciones, subrayó 'O Globo'. La negativa del juez a considerar válidos los argumentos de la defensa indica una posición inflexible frente a la reiteración de conductas que puedan vulnerar las decisiones judiciales.
El encarcelamiento de Filipe Martins se añade a la lista de acciones impulsadas por la justicia brasileña contra personas relacionadas con el entorno de Bolsonaro y la intentona de subversión tras la última contienda electoral. Los hechos investigados, que incluyen el contacto con altos mandos militares y la redacción de documentos destinados a revertir el resultado electoral, han sido parte central de las pesquisas que avanzan en el Supremo y han resultado en condenas y detenciones preventivas.