El Tribunal de Cuentas desvela que varias empresas públicas no justifican la idoneidad de sus directivos

La entidad estatal Paradores, junto a otras empresas públicas, se encuentra entre las compañías que no presentan justificación sobre los méritos y la idoneidad de sus altos cargos en el proceso de designación de directivos, lo que ha derivado en la solicitud de modificaciones en sus sistemas de selección y remuneraciones. Según consignó el medio que accedió al informe del Tribunal de Cuentas, hasta nueve entidades dependientes del Grupo Patrimonio no aportan documentación que avale la capacitación o las competencias del personal de alta dirección seleccionado para los puestos más relevantes. El Tribunal, además, señaló que no se detalla tampoco la motivación al cesar o nombrar a dichos responsables, lo que alimenta interrogantes acerca de la transparencia y equidad durante estos nombramientos.

Tal como detalló el medio, el Tribunal de Cuentas emitió un informe tras analizar el área de recursos humanos en empresas estatales no financieras del Grupo Patrimonio, bajo jurisdicción del Ministerio de Hacienda, correspondiente a los años 2016 y 2017. De ese análisis surgieron quince recomendaciones focalizadas en políticas de personal y mejores prácticas en los procesos de selección y retribución de directivos para las 16 compañías que integran el grupo. En una revisión posterior, la institución fiscalizadora constató que, hacia finales de septiembre de 2025, únicamente un 36% de las recomendaciones formuladas podían considerarse total o sustancialmente implementadas. Un número importante de recomendaciones permanecía sin aplicar, de acuerdo con el informe difundido por el Tribunal de Cuentas y reportado por el mismo medio.

Entre los aspectos donde se aprecian mayores dificultades, el Tribunal de Cuentas remarcó la persistencia de deficiencias en la gestión de los altos cargos, tanto respecto a la política de remuneraciones como al desarrollo de los procesos de selección. Según publicó el medio que accedió al documento, la falta de criterios unificados y medidas que garanticen concurrencia y transparencia continúan representando un problema, lo que impide determinar si los procedimientos cumplen con los principios de acceso equitativo y objetividad exigidos en el sector público.

Dentro de las recomendaciones elaboradas y avaladas por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, se establece que las designaciones y ceses de directivos debieran estar acompañados de una explicación motivada, junto con los méritos e información relativa a la idoneidad del candidato para la responsabilidad asignada. Esta directriz no ha sido atendida por entidades públicas relevantes como Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa), Acción Cultural Española, Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Iepse) y Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), informó el Tribunal de Cuentas y recogió el medio.

El informe apunta que algunas compañías sí han avanzado parcialmente. Empresa Nacional de Innovación (Enisa) se encuentra en proceso de incorporar la recomendación, mientras Expasa Agricultura y Ganadería ha dado cumplimiento únicamente en parte. En el caso del Canal de Navarra y de Rumasa, la medida no resulta aplicable, dado que no disponen de personal de alta dirección.

Entre las empresas del Grupo Patrimonio que sí respetan en su totalidad la citada directriz del Tribunal de Cuentas se identifican Acuamed, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt). El documento menciona el caso de Seitt, que en 2024 nombró como director general a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, siguiendo el procedimiento recomendado.

El Tribunal de Cuentas remarca ausencias generalizadas de cumplimiento en otras recomendaciones, reportó el medio. En ninguna empresa estatal investigada, el salario de los altos cargos respeta de modo íntegro los conceptos salariales fijados en los contratos, ni se ha adecuado la redacción de estos contratos al modelo propuesto por la Dirección General del Patrimonio del Estado, que contempla la especificidad de cada puesto y reconoce, especialmente para funcionarios, el derecho a percibir trienios.

De acuerdo con el informe citado, se identificó la necesidad de que Paradores actualice su sistema para la contratación de personal temporal, optando por crear bolsas de trabajo a través de convocatorias públicas abiertas. El Tribunal también sugiere que la entidad simplifique y transparente su sistema de retribución, de forma que la remuneración se vincule directamente a las funciones asumidas en cada puesto.

Las observaciones recogidas por el Tribunal de Cuentas y difundidas por el medio en cuestión vuelven a poner en foco la vigilancia sobre las prácticas en la designación de directivos y sobre los mecanismos que deberían garantizar igualdad, méritos y transparencia en un sector público caracterizado por la gestión de recursos estatales y el mandato de servir al interés general.