Osasuna completó en diciembre el pago de una sanción fiscal impuesta por delitos fiscales cometidos por anteriores directivas, tras abonar la última cuota de 23.334 euros de una multa total de 1,4 millones, según detalló el propio club a través de un comunicado divulgado en su sitio web y redes sociales. Esta multa se derivó de una condena dictada el 15 de septiembre de 2020 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que le obligó a pagar 6,8 millones de euros por conceptos de IVA e IRPF no declarados en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 y 2010 a 2012 respectivamente. Osasuna ya había abonado aquellos 6,8 millones previamente, mientras que la sanción adicional de 1,4 millones estableció un calendario de pago fraccionado en sesenta mensualidades desde enero de 2021.
Según publicó Osasuna en su nota oficial, la entidad pamplonica ha conseguido, en paralelo, recuperar más de 3 millones de euros en procesos judiciales abiertos frente a exdirigentes y anteriores responsables de su gestión. Solamente durante diciembre, el club recibió un ingreso de 223.000 euros proveniente de la venta de un inmueble, dentro de uno de los procedimientos judiciales, según consignó el comunicado. Osasuna especificó que, en total, el monto recuperado por la vía judicial asciende a 3.055.000 euros, repartidos en cuatro demandas distintas: cerca de 2 millones en el primero, 580.000 euros en el segundo, 262.000 euros en el tercero y 250.000 euros en el cuarto. El club señaló que esta cifra acumulada se ha reunido a lo largo de los últimos años y expresó la expectativa de sumar cantidades adicionales correspondientes a costas e intereses derivados de esos mismos procesos.
El comunicado extendió la información sobre la situación económica de la entidad, recordando que, tras una etapa crítica estallada en 2014, Osasuna atravesó un proceso de reestructuración financiera y patrimonial. El medio El Diario de Navarra indicó que, a finales de aquel año, el Parlamento de Navarra aprobó una ley que permitió al club entregar la totalidad de su patrimonio —valorado entonces en 43 millones de euros, incluyendo los complejos de El Sadar y Tajonar— al Gobierno foral a cambio de cubrir parte de la deuda acumulada. Al momento de formalizarse este acuerdo, la deuda global ascendía a 53 millones de euros, obligando a Osasuna a hacer frente, además, al pago directo de una diferencia de 10 millones, puesto que el patrimonio no cubría la totalidad del pasivo.
Posteriormente, una nueva auditoría impulsada por la directiva reveló una deuda adicional de 6,8 millones de euros que no había sido reconocida en balances anteriores, cantidad que también tuvo que ser afrontada, junto a la mencionada multa fiscal. De acuerdo con la nota, el total de pagos realizados por Osasuna en esta última década para sanear sus cuentas y saldar litigios superó los 18 millones de euros, a lo que se sumó la entrega de todo el patrimonio del club.
Osasuna añadió que, en este periodo, ha logrado recuperar parte del patrimonio perdido en 2014. Según reportó el club, de los 43 millones de patrimonio transferidos al Gobierno de Navarra, han regresado ya 10,5 millones o lo harán próximamente. En particular, Osasuna apuntó la adquisición en 2024 de una parcela por 4 millones de euros, de los que ya se afrontaron el pago del IVA y dos plazos de un millón, quedando pendientes dos pagos más de un millón hasta 2027.
El club también ha invertido recursos propios para mejorar sus infraestructuras, invirtiendo 23,3 millones de euros en la remodelación del estadio de El Sadar en un periodo en el que el recinto permaneció como propiedad de la administración pública navarra. Sumando los pagos de deuda, la recuperación patrimonial e inversiones en el estadio, Osasuna cifró en más de 50 millones de euros el esfuerzo económico realizado entre 2015 y la actualidad, según destacó en su nota de prensa.
La dirección rojilla finalizó su comunicado señalando que, mientras continuaron gestionando los pagos de deuda y sanciones, mantuvieron su actividad deportiva y de infraestructuras, con la perspectiva de preservar y aumentar el valor del club tras el periodo convulso derivado de gestiones previas. El club también detalló que los procedimientos legales contra exgestores se abrieron para reivindicar el daño patrimonial sufrido y proteger el futuro financiero de la entidad, con el objetivo de evitar la repetición de situaciones similares en la administración futura.
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