Lazzarini rechaza la "afrenta" de la ley aprobada en Israel que prohíbe suministrar luz y agua a la UNRWA

La reciente decisión de la Knesset de Israel de permitir al gobierno tomar control de propiedades arrendadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén, junto con la obligación de cortar los servicios esenciales como electricidad, agua y comunicaciones, surgió en el contexto de una serie de medidas que han tensado las relaciones entre las autoridades israelíes y la organización internacional encargada del apoyo humanitario a los refugiados palestinos. Según reportó Europa Press, esta ley refuerza restricciones previas e incluye la posibilidad de bloquear servicios financieros y bancarios a la agencia, dificultando de manera significativa su operatividad sobre el terreno.

De acuerdo con la información distribuida por Europa Press, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, expuso su crítica a la ley aprobada el lunes en el Parlamento israelí. El responsable de la agencia utilizó su cuenta en la red social X para definir la legislación como una “afrenta directa” a los mandatos emanados de la Asamblea General de la ONU y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Lazzarini subrayó que las restricciones constituyen una violación clara de las obligaciones legales internacionales que corresponden a Israel en virtud del derecho internacional, y recalcó que la medida representa un retroceso en materia de cooperación multilateral.

El jefe de UNRWA indicó, según consignó Europa Press, que estas acciones evidencian un esfuerzo sistemático por desacreditar la labor de la agencia, lo que a su juicio obstaculiza la entrega de servicios y asistencia humanitaria a la población refugiada palestina. Argumentó que estos servicios asumen un papel esencial para garantizar el avance y el bienestar humano de estas comunidades, y destacó que la propia Corte Internacional de Justicia reconoce su relevancia para la protección de los derechos fundamentales del pueblo palestino, entre ellos su derecho a la autodeterminación.

En ese sentido, Lazzarini señaló que, si existen discrepancias o cuestionamientos sobre las actividades de UNRWA, corresponde que el estado de Israel canalice estas inquietudes a través de los procedimientos y órganos pertinentes de la Organización de Naciones Unidas. El dirigente enfatizó que “Israel debería remitir el asunto a los órganos deliberantes de la ONU y solicitar una decisión definitiva de la CIJ”, rechazando lo que calificó como una omisión deliberada de los procedimientos institucionales básicos que rigen el sistema internacional.

El medio Europa Press detalló que el texto legal, aprobado con 59 votos a favor y siete en contra en la Knesset, obliga a compañías proveedoras de servicios básicos a interrumpir electricidad y agua en todas las instalaciones operadas por la agencia en territorio israelí. Además, prevé el bloqueo de las líneas de comunicación y el acceso a infraestructuras bancarias y financieras por parte de la organización. El ejecutivo encabezado por Benjamin Netanyahu queda habilitado, de acuerdo con la nueva legislación, para tomar control automáticamente de locales alquilados a UNRWA en Jerusalén, sin que sea necesario atravesar procesos judiciales o administrativos previos.

La decisión legislativa israelí aparece como la última manifestación de una campaña prolongada orientada contra la agencia, según argumentó Lazzarini en su declaración recogida por Europa Press. El responsable recordó acciones como la entrada de autoridades israelíes en diciembre pasado a un complejo de la agencia en Jerusalén Este, donde sustituyeron la bandera de la ONU por la israelí, y el cierre, en mayo corriente, de las escuelas de UNRWA en la misma área. Lazzarini advierte que la nueva ley “sienta un grave precedente para otras situaciones de conflicto donde los gobiernos puedan pretender eliminar la presencia de la ONU que les resulte incómoda”, extendiendo el potencial impacto más allá del contexto específico del conflicto palestino-israelí.

Philippe Lazzarini también puntualizó, según publicó Europa Press, que los derechos de los refugiados palestinos persisten al margen de la existencia de UNRWA, recordando que “estos derechos existen independientemente de la agencia”. El comisionado expresó inquietud por el precedente que podría establecerse si no se responde de manera efectiva a las iniciativas para intimidar y menoscabar el trabajo de la ONU en los territorios ocupados, advirtiendo sobre las implicaciones globales para las operaciones humanitarias y la defensa de los derechos humanos en distintas regiones conflictivas.

La normativa aprobada no solo restringe el suministro de servicios básicos sino que también incluye la posibilidad de incautar sin previo proceso las propiedades arrendadas por la UNRWA, agravando la presión institucional y operativa que pesa sobre la organización. Europa Press informó que, para Lazzarini, la nueva ley israelí representa “un nuevo revés para los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática justa y duradera al conflicto palestino-israelí”, conflicto que cuenta ya con décadas de persistencia y episodios reiterados de enfrentamientos, sanciones y bloqueo institucional.

La aprobación de la ley en la Knesset refuerza, de acuerdo con Europa Press, el actual clima de fricción entre la política israelí y la presencia de organismos internacionales en la región. Los diferentes episodios señalados por Lazzarini permiten dimensionar el deterioro de las condiciones para la asistencia y el desarrollo humano de los refugiados palestinos, ante un entorno legal y operativo cada vez más restrictivo.