El Real Decreto-ley aprobado para implementar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza recoge en su artículo 4 la prohibición de la publicidad relacionada con la comercialización de bienes y servicios originarios de asentamientos israelíes emplazados en territorios palestinos ocupados. A partir de esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha requerido a siete plataformas de alojamiento vacacional la retirada inmediata de 138 anuncios que ofrecen alojamientos en estas zonas, tal como publicó el medio.
De acuerdo con lo informado por la fuente, Consumo realizó una investigación previa donde localizó decenas de anuncios correspondientes a alojamientos turísticos situados en más de 200 códigos postales asignados a asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Los anuncios, según detalló el ministerio, fueron difundidos en plataformas de intermediación que ofrecen servicios a usuarios en España. Tras detectarse la presencia de este contenido, las multinacionales responsables han recibido un requerimiento formal, advirtiendo que, de no retirar o bloquear estos anuncios en el ámbito español, podrían enfrentarse a futuras actuaciones administrativas e incluso sanciones.
El comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según reportó el medio, establece que estas actuaciones se enmarcan en el compromiso del gobierno con las medidas destinadas a mitigar el sufrimiento de la población palestina bajo ocupación israelí. El Real Decreto-ley, cuyo contenido fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, responde a la necesidad de alinearse con la jurisprudencia internacional y con el deber de impedir acciones o transacciones que puedan contribuir al mantenimiento de un régimen considerado ilegal.
En este sentido, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio expone que las violaciones efectuadas por Israel generan responsabilidades jurídicas también para los restantes Estados miembros de la comunidad internacional. La Corte determinó que los países deben “tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”, como recoge la fuente.
El ministerio dirigido por Bustinduy considera que la oferta y promoción de alojamientos turísticos en estos asentamientos supone una “contribución a la normalización y perpetuación” de un régimen que la justicia internacional califica de ilegal. Por ello, la actuación administrativa española implica tanto a empresas nacionales como a aquellas que operan a través de canales en línea desde el exterior, siempre que presten servicios accesibles a clientes en el país.
Estas medidas no constituyen un hecho aislado. El medio recuerda que, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (Jurdi) promovió una demanda ante la justicia francesa contra un servicio de intermediación de alquiler turístico por comercializar propiedades en asentamientos israelíes de Cisjordania.
El debate sobre la legalidad y legitimidad de ofertar alojamientos en estos territorios cuenta con precedentes en informes publicados por organizaciones internacionales. Desde 2019, Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a varias plataformas digitales por incluir anuncios correspondientes a inmuebles en zonas ocupadas por Israel. El informe “Destino Ocupación”, elaborado por la organización, señala expresamente a Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia por ofrecer opciones de alojamiento y actividades turísticas en Cisjordania y Jerusalén Este.
El documento de Amnistía Internacional sostiene que promover el turismo en las colonias israelíes, donde residen ya más de 600.000 personas, implica una violación tanto del derecho internacional como de los derechos humanos de los palestinos bajo ocupación. “El modelo empresarial de Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuye a estas violaciones de derechos humanos al hacer negocios en los asentamientos”, declaró Seema Joshi, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional, según consignó el medio.
En su informe, la organización denuncia que el Gobierno israelí ha destinado recursos significativos para potenciar la industria turística dentro de los asentamientos, persiguiendo principalmente objetivos políticos. Según Amnistía Internacional, la autoridad israelí considera los lugares de interés turístico como instrumentos para legitimar y justificar la apropiación de tierras y viviendas palestinas. Además, la organización señala que la construcción de asentamientos cerca de yacimientos arqueológicos busca subrayar la conexión histórica del pueblo judío con la zona, empleando la atracción turística para reafirmar su presencia y favorecer la expansión de las colonias.
Amnistía Internacional remarca que las plataformas turísticas señaladas no siempre informan con claridad sobre la ubicación de los anuncios, lo que induce a error a los consumidores que pueden desconocer que ciertos alojamientos se sitúan dentro de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional. En ese sentido, el informe reclama que los estados prohíban legalmente estas actividades e impidan la importación de bienes procedentes de esas zonas.
La actuación reciente del gobierno español forma parte de un contexto internacional donde distintas administraciones y colectivos han exigido la aplicación de medidas jurídicas estrictas para frenar el desarrollo de la actividad turística en territorios bajo ocupación, conforme a lo solicitado tanto por organismos de derechos humanos como por sentencias internacionales. Según publicó el medio, la decisión se fundamenta en los principios de responsabilidad internacional compartida y protección de los derechos de la población palestina, ante las políticas y prácticas que la Corte Internacional de Justicia considera constitutivas de crímenes de guerra y contrarias al derecho internacional humanitario.
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