Detenido el expresidente del Senado de Madagascar por su supuesto papel en la represión de las protestas

Entre las diversas consecuencias que dejaron las manifestaciones en Madagascar, una de las situaciones más destacadas fue el cese reciente de Richard Ravalomanana como presidente del Senado, luego de no asistir a las sesiones dedicadas a los Presupuestos de 2026. Este hecho ocurrió en medio de crecientes tensiones y movilizaciones, en las que la represión gubernamental derivó en más de 20 personas fallecidas y más de un centenar resultaron lesionadas, según datos ofrecidos por Naciones Unidas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades malgaches, publicada por el Ministerio de Justicia en redes sociales y reportada por distintos medios internacionales, la detención de Ravalomanana responde a una investigación que apunta directamente a su rol durante estos episodios de violencia, y lo vincula a delitos como complicidad en homicidio, complicidad en daños físicos, usurpación de funciones y alteración del orden público.

El Ministerio de Justicia de Madagascar detalló, a través de un comunicado oficial publicado la jornada del domingo, que estas acusaciones se basan en pruebas y documentación actualmente en poder de las autoridades. Además, la institución subrayó que las calificaciones jurídicas asignadas al caso pueden variar durante el desarrollo de la investigación, para adaptarse a los hallazgos y disposiciones judiciales. Según consignó este organismo, la imputación a Ravalomanana se produce en el marco constitucional y bajo jurisdicción de los tribunales ordinarios, en concordancia con la legislación del país.

De acuerdo con lo citado por el Ministerio, “los delitos en cuestión fueron cometidos al margen del ejercicio de sus funciones oficiales”, lo que implica que los involucrados no son juzgados bajo fueros parlamentarios especiales, sino conforme a los procedimientos ordinarios. Las autoridades insistieron además en que toda persona, independientemente de su posición, grado jerárquico o historial de cargos públicos, permanece bajo el alcance de la justicia cuando las condiciones legales lo permitan. “Nadie está por encima de la ley”, aseguró el Ministerio en su pronunciamiento, acentuando el principio de igualdad ante la justicia establecido en la Constitución malgache.

El medio que reportó la noticia resaltó que Ravalomanana no solo ejercía como presidente del Senado al momento de las protestas, sino que también mantenía un vínculo político cercano con el entonces presidente Andry Rajoelina, líder del gobierno que terminó enfrentando la oleada de descontento. Las manifestaciones masivas, desarrolladas entre septiembre y octubre, se dirigieron contra la administración de Rajoelina y culminaron en hechos de violencia respaldados por segmentos de las fuerzas de seguridad.

Durante ese periodo, la respuesta estatal frente a las protestas fue duramente cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, al confirmarse un saldo superior a 20 víctimas fatales y un número considerable de personas heridas. Naciones Unidas ofreció un balance que da cuenta de la magnitud de los enfrentamientos y de las acciones represivas desplegadas durante las movilizaciones.

Según lo relatado por los medios, la situación política de Madagascar experimentó un cambio relevante después de que una de las principales unidades de élite del Ejército, dirigida por Michael Randrianirina, retirara su apoyo al gobierno y optara por respaldar a los manifestantes. Este movimiento dentro de las fuerzas armadas tuvo como consecuencia directa la salida del país de Rajoelina, quien denunciaría posteriormente un golpe de Estado de carácter militar con el fin de apartarlo del poder. Posteriormente, Randrianirina se hizo cargo de la presidencia del período de transición en el país africano.

El Ministerio de Justicia de Madagascar reiteró en diferentes pasajes su decisión de garantizar la aplicación “rigurosa” de la legalidad y la estabilidad institucional durante el proceso judicial. Según detalló el propio ministerio, el Poder Judicial se reconoce como la instancia encargada de preservar tanto la justicia como el cumplimiento de la ley, en defensa del orden público y los fundamentos constitucionales de la República.

En relación a la situación de los acusados, las autoridades subrayaron la importancia de que el proceso se mantenga independiente y se ciña a las pruebas recabadas hasta el momento, aunque explicaron que estos elementos pueden evolucionar a medida que avance la instrucción y sean examinados por los correspondientes tribunales. El comunicado oficial recalcó la vigencia de los tribunales competentes y la sujeción de los procedimientos a la normativa vigente en Madagascar.

Por otra parte, las informaciones publicadas por el medio incluyen que las protestas masivas coincidieron con un periodo de acusaciones cruzadas entre líderes gubernamentales y fuerzas de oposición, en un contexto de crisis institucional agravada por el descontento social. La figura de Ravalomanana surgió como uno de los focos de la indignación popular, en tanto que su posición de autoridad se vinculó a las acciones del gobierno durante los enfrentamientos.

El proceso judicial iniciado tras la detención del exsenador se inscribe en el contexto de un clima político caracterizado por la incertidumbre y el escrutinio tanto nacional como internacional sobre las condiciones en que se produjeron las muertes y los heridos, según evidencia la información publicada por los medios. Diversas organizaciones de derechos humanos se mantienen a la expectativa de cómo evolucione el caso, pendiente del respeto de los procedimientos adecuados y de la resolución de las acciones legales emprendidas.

Finalmente, el Ministerio de Justicia, según publicó en sus comunicados y declaraciones recogidas por la prensa, enfatizó que la aplicación de la ley se ejerce sin distinciones y que todos los ciudadanos, como la exautoridad ahora arrestada, tienen derecho a las garantías procesales previstas en la Constitución, en resguardo tanto de la legalidad como de la integridad del sistema judicial malgache.