Organizaciones feministas alertan de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025

La identificación de graves deficiencias en el sistema de pulseras para maltratadores llevó a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres a poner en duda la eficacia del contrato adjudicado durante la gestión de la exministra de Igualdad, Irene Montero. Según consignó Europa Press, la organización subrayó que el acuerdo presentaba vacíos que facilitaron el traspaso del servicio entre empresas sin las garantías técnicas necesarias para un dispositivo considerado fundamental en la protección de mujeres en situación de riesgo. A partir de allí, la Alianza denunció que los fallos registrados pusieron en evidencia la fragilidad contractual y recalcaron la necesidad de aclarar si se activaron las salvaguardas previstas, además de exigir explicaciones inmediatas sobre la magnitud de los problemas y la implementación de sanciones adecuadas, puntos que, a día de hoy, no han recibido respuesta pública satisfactoria.

Tanto la Alianza contra el Borrado de las Mujeres como la Federación Mujeres Jóvenes alertaron sobre retrocesos y reiterados incumplimientos legislativos en materia de igualdad durante 2025. De acuerdo con Europa Press, ambas organizaciones pusieron en cuestión la gestión del Ministerio de Igualdad, ahora bajo el liderazgo de Ana Redondo, por la acumulación de déficits en los servicios esenciales y la falta de transparencia en la aplicación de normativas fundamentales. Para la Alianza, la gestión pública en políticas de género sufre una supervisión insuficiente, lo que dificulta la evaluación objetiva y precisa de los impactos reales de las leyes aprobadas para proteger a las mujeres.

Uno de los principales cuestionamientos se centró en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tal como señaló Europa Press, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres afirmó que el Ministerio no ha facilitado información detallada sobre los casos en los que se habría exigido la devolución de recursos utilizados de forma inadecuada ni los criterios empleados para su fiscalización. Esta falta de información pública, según la organización, perpetúa una pauta de permisividad institucional que compromete la efectividad de las políticas contra la violencia de género. Además, la ausencia de informes públicos y sanciones claras debilita el pacto y disminuye la confianza de la ciudadanía.

Además, la Alianza puso de manifiesto el retraso en la aprobación de una ley integral contra la trata, una situación que considera especialmente relevante dado que España se mantiene como uno de los principales destinos de redes dedicadas a la explotación sexual, según reportó Europa Press. Las víctimas, destacaron, no cuentan todavía con todos los mecanismos garantistas de protección, atención y reparación que deberían estar previstos por una legislación plenamente desarrollada. La crítica también se dirigió al PSOE por no buscar alianzas parlamentarias alternativas que permitan el avance de esta norma, lo cual impediría conocer el posicionamiento de otras fuerzas políticas.

La organización feminista insistió, según Europa Press, en la falta de transparencia en torno al impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y el combate a la violencia machista. Desde hace meses, dijo la Alianza, se han dirigido al Gobierno para solicitar datos y evaluaciones de la norma, enfrentándose únicamente a respuestas dilatorias y formales, sin recibir información concreta. Argumentaron que se ha documentado un incremento de casos en donde hombres que se autoidentifican como mujeres se han beneficiado de mecanismos diseñados para corregir desigualdades basadas en el sexo, distorsionando el sentido original de las políticas de protección. Para la entidad, negar la existencia de estos casos o restarles importancia no fortalece las políticas públicas, sino que las debilita y supone un desvío respecto al principio de evaluación rigurosa de las leyes.

Por otra parte, Europa Press recogió el testimonio de la Federación Mujeres Jóvenes, que subrayó el avance de discursos antifeministas y la radicalización misógina en internet, así como la reproducción de dinámicas patriarcales en los partidos políticos. Explicaron que este balance del año muestra que el feminismo recibe apoyo institucional solo en tanto no desafíe privilegios ni requiera cambios estructurales de poder. Además, la Federación señaló que el auge en redes sociales de movimientos como “incel” y “red pill” afecta negativamente a la percepción de la igualdad entre determinados sectores de la juventud, al desafiar consensos previamente establecidos en materia de derechos.

Según Europa Press, la Federación Mujeres Jóvenes advirtió sobre la pérdida de confianza de las mujeres en los espacios políticos, percibidos como herramientas poco efectivas para generar cambios reales. Denunció también una contradicción entre el discurso público de defensa de la igualdad y las prácticas internas de los partidos en cuestiones como el consumo de prostitución y violencia sexual, lo que, según argumentó, afecta la participación política femenina y legitima posiciones de poder que no cumplen lo que prometen.

De cara a 2026, la Federación exige que la igualdad se reafirme como pilar ineludible de la democracia, más allá de los discursos, y que quienes incumplan compromisos enfrenten consecuencias y asuman responsabilidades. Europa Press explicó que la organización reclama la consolidación de recursos contra las violencias machistas, la protección de las políticas públicas de igualdad ante cambios ideológicos, y la plena aplicación de la legislación existente. Según la Federación Mujeres Jóvenes, la falta de coherencia en quienes ostentan el poder conlleva un costo democrático y afecta directamente a las mujeres, quienes, dicen, acaban pagando las consecuencias de la hipocresía institucional.

Las organizaciones reclamaron la urgencia de establecer mecanismos de rendición de cuentas más sólidos y mayor transparencia en la gestión de los recursos y en la aplicación de las leyes. Insistieron, según informó Europa Press, en que la efectividad de la lucha contra la discriminación depende directamente de contar con información clara, acciones firmes y una supervisión exhaustiva para corregir deficiencias y proteger los derechos de las mujeres.