Imputados el presidente y el tesorero de la AFA por presuntas irregularidades en el pago de cotizaciones

El fiscal Claudio Navas Rial ha requerido al Banco Central de Argentina información pormenorizada sobre todas las entidades bancarias con las cuales la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantuvo operaciones financieras durante los años 2024 y 2025, como parte de un conjunto de medidas de prueba solicitadas al juzgado interviniente. Este requerimiento forma parte de la causa penal que involucra a la máxima dirigencia de la AFA por una presunta deuda millonaria en materia de seguridad social. De acuerdo con medios argentinos como La Nación y Crónica, la instrucción judicial también incluye el pedido de los estados contables de la AFA a la Inspección General de Justicia, en un esfuerzo por clarificar el destino de fondos y el cumplimiento de obligaciones impositivas en los ejercicios señalados.

Según informaron las citadas fuentes, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, han sido imputados formalmente dentro de una causa penal que investiga supuestas irregularidades en el pago de cotizaciones de la seguridad social. La denuncia original fue presentada ante la Justicia por la Dirección General Impositiva (DGI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estima que la deuda acumulada por la asociación durante los últimos dos años supera los 19.000 millones de pesos, es decir, unos 11,7 millones de euros al cambio actual.

El dictamen del fiscal Navas Rial subraya que, pese a la existencia de relevantes acreditaciones bancarias a favor de la AFA durante 2024 y 2025, los responsables de la entidad no efectuaron los depósitos de las sumas retenidas en concepto de cotizaciones dentro del plazo de 30 días posteriores a sus respectivos vencimientos. Esta demora motivó la emisión y posterior notificación de boletas de deuda por parte de ARCA, consolidando la presunta irregularidad atribuida a los directivos. El fiscal consideró que, luego del análisis de la denuncia original y la documentación aportada, “han surgido elementos suficientes para avanzar con la acción penal por los hechos investigados”, según reproduce la prensa nacional.

Además de Tapia y Toviggino, la acción judicial involucra a otros integrantes de la cúpula gerencial de la AFA, entre ellos el secretario general, Cristian Malaspina, y el director general, Gustavo Lorenzo. Hasta la fecha, ninguno de los directivos mencionados ha realizado declaraciones públicas sobre la imputación, que representa la primera acusación formal para Tapia y Toviggino en el marco de una serie de causas judiciales abiertas recientemente por asuntos financieros y patrimoniales vinculados a la dirigencia futbolística.

Tal como detalló el medio La Nación, la ARCA sostiene que la deuda correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 se generó por la retención de aportes y contribuciones previsionales, que no fueron transferidos al organismo de recaudación dentro de los plazos legales. La entidad recaudadora sostiene que la omisión reiterada de estos desembolsos podría configurar el delito de apropiación indebida de recursos destinados a la seguridad social, una infracción económica con sanciones previstas en la legislación argentina.

En su presentación judicial, Navas Rial solicitó la autorización de una serie de pruebas complementarias que incluyen el rastreo de todas las cuentas bancarias mantenidas por la AFA durante los dos últimos años y la recopilación de balances y documentación contable presentada por la asociación. El objetivo, según medios como Crónica, busca determinar el destino exacto de los fondos y esclarecer las razones detrás del presunto incumplimiento reiterado en el pago de aportes sociales.

La investigación penal se inscribe dentro de un escenario más amplio de tensiones políticas, ya que parte de los procesos abiertos contra los directivos de la AFA han coincidido con un marcado enfrentamiento institucional entre el gobierno de Javier Milei y la administración presidida por Tapia. El manejo de los fondos y el patrimonio de la AFA han sido objeto de crecientes cuestionamientos en los últimos meses, tanto desde organismos estatales como desde la opinión pública argentina.

Días antes de que se conociera la imputación formal, la AFA emitió un comunicado dirigido a la prensa en el que aseguró que “no recibe ni un peso del Estado", una declaración que defendía la gestión de Tapia desde su llegada en 2017. La institución recordó en ese texto que la selección argentina obtuvo el campeonato del Mundial de Qatar 2022, así como las Copas América de 2021 y 2024, bajo la actual conducción, según reprodujeron los medios nacionales.

Por su parte, fuentes consultadas por La Nación afirmaron que la causa por presuntas irregularidades en la seguridad social se suma a otras investigaciones en curso relacionadas con el patrimonio y el uso de fondos dentro de la estructura directiva de la AFA. Estas acciones judiciales, impulsadas por denuncias de organismos impositivos, han reforzado el debate público sobre la transparencia en la administración de recursos provenientes del fútbol profesional argentino.

Hasta el momento, se precisa la autorización judicial para concretar las medidas de prueba solicitadas por el fiscal, que serán determinantes para el avance del expediente y la eventual convocatoria a indagatoria de los acusados. Los próximos pasos procesales podrían aportar definiciones en torno a la responsabilidad penal individual de los directivos imputados y a la magnitud de los fondos involucrados en la investigación, según consignó Crónica.