La Fiscalía surcoreana pide diez años de cárcel para el expresidente Yoon en relación con la ley marcial

El tribunal de Seúl ha programado para el 16 de enero la lectura del veredicto sobre las acusaciones de obstrucción a la justicia que pesan contra el expresidente surcoreano Yoo Suk Yeol, una fecha clave que se sitúa apenas dos días antes de que expire la orden de arresto bajo la que permanece detenido. De acuerdo con la agencia de noticias estatal Yonhap, el exmandatario enfrenta, además de este proceso, otros juicios relacionados con los hechos ocurridos durante su gobierno, entre ellos uno por insurrección cuyo desenlace podría conocerse en febrero, una vez que finalicen las sesiones previstas para comienzos del nuevo año.

Según informó Yonhap, la Fiscalía surcoreana, mediante un equipo especial de fiscales, ha solicitado una condena de 10 años de prisión para Yoo Suk Yeol como consecuencia principal de su decisión de declarar la ley marcial en diciembre de 2024. Esta medida, considerada polémica y que llevó a la destitución anticipada del presidente, es el núcleo de las acusaciones que ahora lo involucran. La petición de la Fiscalía se desglosa en diferentes penas: cinco años por obstruir la acción de la justicia al impedir su propia detención en enero, tres años más por vulnerar los derechos de nueve miembros del Gabinete, a quienes se excluyó de la reunión en que debió debatirse el plan de instaurar la ley marcial, y dos años adicionales por la elaboración y posterior destrucción de una nueva proclamación referente al decreto revocado.

En el último día de las vistas orales del juicio contra Yoo Suk Yeol, el fiscal Cho Eun Suk expuso ante el tribunal que el exmandatario incurrió en una conducta ilícita al privatizar las instituciones estatales para ocultar y legitimar sus propios actos, tal como publicó Yonhap. "Las acciones criminales del acusado causaron un grave perjuicio al orden público en Corea del Sur y provocaron un daño considerable a la ciudadanía que depositó su confianza en él como presidente", declaró Cho Eun Suk, según reportó el medio surcoreano. Añadió que, durante el proceso judicial, en lugar de expresar algún remordimiento o disculparse ante la sociedad, Yoo Suk Yeol reiteró la legitimidad de la declaración de la ley marcial.

El equipo especial de fiscales considera fundamental que el tribunal establezca un precedente a fin de reparar tanto la Constitución como el marco legal que resultaron afectados por las decisiones ejecutivas del expresidente. En palabras de los fiscales citadas por Yonhap: "Para reparar la Constitución y el legalismo dañados por el acusado y evitar que se repitan los crímenes de abuso de poder por parte de las figuras más poderosas en la historia de Corea del Sur, debemos exigir una rendición de cuentas estricta." Este pronunciamiento busca subrayar la importancia de una condena ejemplar, al margen de la figura y el cargo que ostentaba el acusado.

A lo largo del proceso judicial, se han examinado varios hechos vinculados tanto a la imposición de la ley marcial como a la reacción posterior del presidente y su entorno inmediato. Entre ellos, los fiscales han hecho hincapié en la exclusión de nueve altos funcionarios del Gabinete de la reunión en la que se debió analizar la activación de la ley marcial, interpretando ese acto como una violación de derechos políticos y un intento deliberado de eludir el control institucional. Además, la acusación comprende la redacción y posterior destrucción de un documento revisado sobre la proclamación de ley marcial, lo que, a juicio de los fiscales, constituyó una nueva maniobra para encubrir acciones y eliminar pruebas relevantes.

Yoo Suk Yeol también enfrenta un caso por presunta insurrección, proceso en el que el tribunal podría emitir un fallo en el mes de febrero, según divulgó Yonhap. El veredicto en este proceso dependerá de la duración y conclusión de las vistas judiciales, que se anticipa finalizarán como muy pronto a principios de enero.

La cobertura mediática de Yonhap detalla que la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 por parte de Yoo Suk Yeol, en un contexto de alta conflictividad política, generó un amplio debate nacional e internacional. La salida forzada del presidente del poder y la apertura de múltiples procesos judiciales reflejan las complejas tensiones institucionales que vivió el país en ese periodo. El tribunal de Seúl, al anunciar la fecha de la decisión en el proceso principal, marca un hito en la gestión judicial de las responsabilidades políticas en Corea del Sur y se espera que el resultado del juicio tenga repercusiones amplias sobre el futuro equilibrio institucional del país, según anticipó Yonhap.