Investigado por maltrato animal en Zamora el dueño de 19 perros, con antecedentes por hechos similares

El propietario de 19 perros que residía en un municipio de la comarca zamorana de la Tierra del Vino fue puesto a disposición judicial tras identificar que varios de sus animales carecían de documentación y se encontraban en condiciones insalubres. Según publicó la Guardia Civil, el hombre, quien ya acumulaba antecedentes previos por delitos semejantes, mantenía a los perros sin distinguir por raza, edad o sexo en el mismo recinto, vulnerando normativas de bienestar animal.

De acuerdo con la información difundida por la Guardia Civil y recogida en varios medios, los agentes detectaron que en el recinto habitaban casi una veintena de perros a los cuales se les ofrecía atención insuficiente. Durante la inspección, las autoridades constataron la ausencia de vacunas obligatorias, la inexistencia de pasaporte y microchip en varios ejemplares, y la falta de cumplimiento de requisitos para los llamados perros potencialmente peligrosos, como licencia, seguro de responsabilidad civil e inscripción. Estas irregularidades motivaron la apertura de diligencias y la puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Fiscalía de Medio Ambiente.

El medio destacó que la investigación surgió tras la constatación de una “falta de cuidado” manifiesta hacia los animales. Los agentes que intervinieron reportaron condiciones inadecuadas para el bienestar de los perros, lo que fundamentó la intervención administrativa y penal. Además, según detalló la Guardia Civil, el propietario había protagonizado hechos similares con anterioridad, lo que incrementó la preocupación de los responsables de la investigación por la conducta reincidente.

La información obtenida fue puesta en manos tanto del Juzgado de Instrucción de Guardia de Zamora como de la Fiscalía especializada, en cumplimiento de los procedimientos legales previstos para casos de maltrato animal. Según el artículo 340 bis del Código Penal español, el delito de maltrato a los animales puede ser castigado con una condena de prisión de doce a veinticuatro meses, y prevé además la imposición de una inhabilitación especial, de dos a cuatro años, para desarrollar profesiones u oficios relacionados con la tenencia y cuidado de animales.

La omisión de las vacunaciones obligatorias y la carencia de identificación oficial implican una transgresión grave de la normativa vigente en materia de sanidad animal y protección contra enfermedades. El hecho de que algunos animales carecieran de chip, pasaporte o inscripción en los registros correspondientes representa una situación agravada por los riesgos que esto supone para la salud pública y la seguridad, datos subrayados por la Guardia Civil en su comunicación oficial.

El trámite administrativo por parte de la Guardia Civil también incluyó la notificación a las autoridades competentes y el inicio de procedimientos por las infracciones documentales detectadas. El caso resalta la aplicación de regulaciones sobre animales catalogados como potencialmente peligrosos, que exigen requisitos adicionales como la obtención de licencia específica y la contratación de seguros de responsabilidad civil, obligaciones que, según el reporte policial, el investigado no cumplía.

Las actuaciones desarrolladas se enmarcan en la vigilancia que mantienen las autoridades sobre el bienestar animal y el cumplimiento de la legislación específica, especialmente frente a situaciones con antecedentes penales y reincidencia. La labor de control incluyó la documentación de las deficiencias detectadas para su valoración en sede judicial y por los organismos de protección ambiental.

La respuesta judicial y la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente ponen de relieve las consecuencias legales de los delitos de maltrato animal, tal como prevé la ley en España. El proceso determinará también la eventual imposición de medidas accesorias al responsable, incluida la limitación para ejercer profesiones u oficios vinculados a animales, conforme a la legislación penal vigente.

Según la información difundida por la Guardia Civil, este caso pone foco en la obligación de los propietarios de cumplir con todas las medidas y registros que exige la normativa tanto a nivel sanitario como de seguridad y bienestar animal, así como a la importancia de los controles policiales en la prevención y persecución de prácticas negligentes o delictivas.