
Los plazos y fechas clave para las próximas revisiones de la calificación crediticia de España ya han sido establecidos por las principales agencias, lo que sitúa al país ante un calendario decisivo en 2026 para evaluar su fortaleza financiera internacional. Según publicó el medio, entre los momentos señalados se encuentran los denominados 'superviernes', programados para el 13 de marzo y el 11 de septiembre de 2026, jornadas en las que S&P Global, Fitch y Scope actualizarán sus evaluaciones sobre la solvencia de la deuda soberana española. La noticia principal es que España aspira a acceder a la categoría 'sobresaliente' en la calificación de sus emisiones, luego de que en 2025 recibió mejoras en sus ratings de parte de S&P Global, Fitch y Moody’s y consiguió consolidarse en la franja de países con nota 'notable', lo que supone el nivel más alto alcanzado desde el inicio de la última década.
De acuerdo con la información consignada, el primer examen de 2026 se llevará a cabo el 13 de marzo, cuando tres de las principales agencias —Fitch (A/Estable), S&P Global (A+/Estable) y Scope (A/Estable)— harán públicas sus valoraciones sobre la capacidad del Estado español para afrontar sus obligaciones financieras. Posteriormente, dichas agencias reexaminarán la postura crediticia de España el 11 de septiembre, en su segunda y última revisión del año. Moody’s, que actualmente tiene para España la calificación 'A3/Estable', tiene previsto realizar revisiones el 27 de marzo y el 17 de julio de 2026. La firma canadiense Morningstar DBRS evaluará su asignación dos veces en el año: el 29 de mayo y el 30 de octubre. Esta planificación obedece a la regulación europea vigente desde 2014, que dispone que las agencias publiquen un calendario con fechas previstas para las actualizaciones —siempre en viernes y fuera del horario regulado de mercado—, detalló el medio.
Durante 2025, todas las grandes agencias internacionales incrementaron sus calificaciones sobre la deuda española, hecho que no se producía de forma conjunta desde antes de la pandemia de Covid-19. S&P Global elevó su nota dos veces después de 2019 y alcanzó el nivel 'A+' con perspectiva estable en septiembre de 2025. Fitch situó el rating en 'A' con perspectiva estable, un escalón más que el A- mantenido desde 2018. Moody’s concedió a España la calificación 'A3' con perspectiva estable, tras haber mantenido una nota de 'Baa1' durante siete años. En estos avances no participó Morningstar DBRS, que mantuvo su valoración en 2025 en A(alta) tras un ascenso en 2024, ni la agencia alemana Scope, que continuó asignando 'A' con perspectiva estable desde que el Banco Central Europeo empezó a reconocer sus notas, según reportó la fuente original.
La década que precedió a la Gran Recesión fue el periodo en que España obtuvo las máximas distinciones crediticias. El medio recordó que S&P Global dio a España la calificación 'AAA' entre finales de 2004 y principios de 2009, Fitch otorgó la matrícula de honor de 2003 a 2010 y Moody’s mantuvo el 'Aaa' desde 2001 hasta 2010. La crisis financiera global deterioró esa situación: Moody’s fue rebajando progresivamente su calificación hasta dejarla al borde del bono basura ('Baa3') en 2012. Fitch degradó la nota española hasta 'BBB' con perspectiva negativa en la misma época, mientras S&P Global redujo su evaluación hasta 'BBB-', sólo un escalón por encima del nivel especulativo, en el otoño de 2012.
La perspectiva crediticia para España se mantiene catalogada como 'estable' por todas las agencias, lo que implica que no prevén cambios en el corto o medio plazo, periodo que puede abarcar entre seis meses y dos años. Según informó el medio, cualquier mejora adicional no sólo dependería del sostenido crecimiento económico del país, sino de reducir de manera significativa el peso de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB), tal como han expresado las agencias en sus comunicados. Las firmas especializadas señalan la necesidad de una consolidación fiscal más ambiciosa y medidas que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo antes de ajustar la nota al alza.
La deuda agregada de las administraciones públicas —según el Protocolo de Déficit Excesivo— superó los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025. Este monto equivale al 103,2% del PIB, un descenso de dos décimas en relación al trimestre anterior y una reducción de un punto porcentual respecto al tercer trimestre de 2024, conforme a los datos del Banco de España citados por el medio. Las previsiones oficiales indican que la deuda sobre el PIB podría bajar al 101,7% al cierre de 2025; los planes del Gobierno apuntan a que esta cifra descenderá al 98,4% en 2027, alcanzando el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041 como parte de una senda de descenso progresivo.
El desempeño macroeconómico de España —subrayado en varias comunicaciones de las agencias y reflejado en sus informes de mejora de calificación— sitúa al país como una de las economías avanzadas con mayores tasas de actividad en 2025 y proyecciones favorables para los años siguientes. Estas circunstancias, junto a la previsión de varias oportunidades para revisiones crediticias en 2026, establecen un horizonte en el que España buscará consolidar un perfil crediticio comparable al de Austria o Finlandia, cuyos ratings ya se sitúan en el rango de 'sobresaliente', si bien todavía a distancia de las calificaciones más elevadas reservadas a países como Alemania o Países Bajos.
El medio subraya que, si bien el crecimiento económico constituye un elemento relevante en las evaluaciones, la evolución de la deuda pública y la adopción de reformas fiscales estructurales serán determinantes para alcanzar una mejor valoración soberana. La ruta hacia el sobresaliente crediticio dependerá fundamentalmente de los logros en materia de consolidación presupuestaria y del descenso sostenido de la deuda, elementos que las agencias tomarán en cuenta en cada una de las revisiones programadas para 2026.
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