Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de alrededor de 70 presos detenidos tras las elecciones

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) informó que durante la madrugada fueron liberadas al menos 60 personas en el centro penitenciario de Torocón, en el estado Aragua, junto con otras seis mujeres que salieron de Las Crisálidas, en Miranda, y tres adolescentes que abandonaron las instalaciones de reclusión en La Guaira. La noticia sobre estas excarcelaciones sucede en medio del contexto de protestas y detenciones posteriores a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en Venezuela. Colectivos civiles recalcan que, a pesar de estas liberaciones, cientos de personas siguen bajo custodia por motivos calificados de políticos.

Según consignó el medio, varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, incluido el CLPP, difundieron este jueves que en total cerca de 70 individuos arrestados tras los comicios recuperaron la libertad en las últimas horas. La CLPP, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, afirmó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”, al tiempo que reclamó la excarcelación de todas las personas permanecen en prisión por causas políticas en el país.

Otros grupos como Justicia, Encuentro y Perdón ofrecieron sus propias estimaciones, señalando que entre 63 y 75 personas obtuvieron la libertad recientemente. Esta cifra, subrayan, queda muy por debajo del total que manejan en sus registros. Según la ONG, en Venezuela existen 1.085 personas encarceladas por motivos políticos. El colectivo indicó: “Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, por lo que consideran insuficiente el actual número de excarcelaciones.

De acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón, la liberación de cada detenido produce un efecto inmediato en la vida del excarcelado y su núcleo familiar, pero no resuelve, a su juicio, la que consideran una ilegalidad estructural del sistema. El grupo sostiene además que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro utiliza la privación de libertad como instrumento de persecución política, dado el “carácter selectivo y discrecional” de las recientes excarcelaciones. Desde una perspectiva de derechos humanos, la organización agregó que la libertad no debe entenderse como una prerrogativa concedida por las autoridades, sino garantizarse como derecho esencial a quienes consideran víctimas de detenciones arbitrarias.

Según los datos aportados por Foro Penal, actualmente 902 personas permanecen bajo arresto por motivos asociados a la política en Venezuela, mientras que 62 individuos se encuentran en condición de desaparición forzada. El registro de nuevos casos y la continuación de los arrestos han llevado a las organizaciones civiles a insistir en sus demandas de una solución colectiva que contemple la restitución de derechos a todos los afectados.

La detención de personas a raíz de manifestaciones y protestas poselectorales se ha convertido, de acuerdo con las ONG, en un tema central de preocupación. El CLPP y Justicia, Encuentro y Perdón coinciden en señalar que estas acciones judiciales repercuten en el entorno familiar y social de los retenidos, además de tener efectos a largo plazo sobre la percepción de la justicia y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.

Las declaraciones emitidas por estos colectivos, según publicó el medio, han sido reiteradas y van dirigidas tanto a las autoridades nacionales como a la comunidad internacional, en busca de presión y acompañamiento para lograr la excarcelación total de quienes consideran detenidos por motivos políticos. El debate sobre la legalidad de las detenciones y el uso de la prisión preventiva ante protestas y disenso político ha escalado en el escenario público del país tras los recientes comicios.

En su último pronunciamiento, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón destacó el carácter simbólico de las liberaciones durante estas fechas, aludiendo al alivio experimentado por los excarcelados justo en las celebraciones de Navidad. No obstante, insistió en que la restitución de la libertad carece de validez si se entiende como un acto voluntario del Estado y no como el reconocimiento de un derecho vulnerado, lo que mantiene vigente el reclamo de fondo de las organizaciones en defensa de los derechos humanos.