La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprueba crear tribunales especializados en casos de insurrección

El consejo especial de investigación, dirigido por el fiscal especial Cho Eun Suk, había dispuesto en diciembre que el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comenzó a planificar la ley marcial al menos un año antes de su declaración, motivado por el objetivo de retener el poder y preparar intervenciones para asegurar su permanencia en la presidencia. Este hallazgo abrió espacio para nuevas iniciativas legislativas en respuesta al intento fallido de instaurar un régimen de excepción con apoyos militares.

Según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la creación de tribunales especializados destinados exclusivamente a procesar delitos relacionados con insurrección, traición y rebelión, vinculados al fallido intento de golpe de Estado por parte del expresidente Yoon Suk Yeol. El proyecto de ley, que autoriza instalar al menos dos tribunales dedicados en la corte del distrito central de Seúl y en el Tribunal Superior de la capital, recibió 175 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones en la sesión de este martes.

El medio Yonhap detalló que la iniciativa autoriza a los consejos de ambas cortes en Seúl a establecer directrices para la conformación del panel de jueces que integrarán los nuevos órganos jurisdiccionales. Estos tribunales tendrán competencias directas sobre causas relacionadas con la ley marcial y se espera que empiecen a tramitar los nuevos casos desde el momento de la aprobación. Pese a esta reforma, el proceso por insurrección contra Yoon Suk Yeol continuará en el tribunal original que lleva la causa desde un inicio, sin ser transferido a las nuevas instancias.

La decisión de crear los tribunales surgió en un contexto de intensos debates parlamentarios, con marcada resistencia del opositor Partido del Poder Popular (PPP), la principal fuerza conservadora a la que pertenece Yoon. Legisladores del PPP alegaron que el gobernante Partido Demócrata de Corea persigue seleccionar jueces políticamente afines e influir en el Poder Judicial aprovechando la coyuntura, reportó Yonhap. El líder del PPP, Jang Dong Hyeok, empleó la táctica del filibusterismo con un extenso discurso en la Asamblea Nacional, intentando detener la tramitación de la medida sin lograrlo.

La investigación dirigida por Cho Eun Suk concluyó que la declaración de la ley marcial, emitida por Yoon en diciembre de 2024, perseguía el propósito de “proteger el orden constitucional” y erradicar a lo que él denominó “fuerzas antiestatales”. Sin embargo, según la indagación, el verdadero fin consistía en asegurar el control de los poderes legislativo y judicial por la vía militar y eliminar a los grupos de oposición para consolidar un monopolio del poder, señalaron los resultados a los que tuvo acceso Yonhap.

El expresidente Yoon Suk Yeol fue destituido de su cargo en abril, mientras avanzaban los procedimientos judiciales en su contra. El caso involucra también a 24 miembros de su entorno inmediato, detalló el medio surcoreano, incluidos el exministro de Defensa Kim Yong Hyun; el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung; el ex primer ministro Han Duck Soo y el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional Cho Tae Yong. Todos ellos figuran como imputados dentro del proceso judicial surgido por el intento fallido de declarar la ley marcial y los presuntos delitos asociados.

La agencia Yonhap explicó que las nuevas directrices judiciales implican un cambio de organización en el abordaje de estos delitos considerados de alta gravedad institucional, permitiendo la creación de tribunales con jueces que responderán a criterios definidos por los respectivos consejos judiciales centrales. A raíz de la reforma, las causas de insurrección, traición y rebelión se identificarán y tratarán siguiendo una vía procesal diferenciada respecto del resto de los casos penales.

La aprobación de estos tribunales especializados, según publicó Yonhap, ilustra las disputas persistentes entre oficialismo y oposición en torno a la legitimidad del proceso contra Yoon y el control sobre estructuras del sistema judicial. Asimismo, marca el inicio de una nueva etapa en el tratamiento de crímenes vinculados a tentativas de alteración del orden constitucional, reforzando tanto la vigilancia judicial como la presión política en el escenario surcoreano.

Entre los puntos centrales del debate público y legislativo figura la sospecha, manifestada por simpatizantes del PPP, respecto a la selección futura de jueces y la orientación política que puedan imprimir a los veredictos en expedientes de alta connotación. El Partido Demócrata de Corea, impulsor de la medida, sostiene que la garantía de imparcialidad surge de los procedimientos internos de los consejos de las cortes, respuesta que no convenció a la bancada opositora, según las crónicas de Yonhap.

El caso de Yoon Suk Yeol y sus colaboradores se considera el primero que enfrenta el nuevo esquema institucional, aunque la ley que crea los tribunales especializados no altera la jurisdicción del tribunal que inició el juicio más relevante. El entramado judicial y político, de acuerdo con la agencia surcoreana, mantiene en atención a los actores del sistema político del país y prolonga las controversias en torno a la respuesta del Estado ante intentos de alteración violenta de la legalidad constitucional.