Un tribunal condena a once militares a 34 años de cárcel por la desaparición de cuatro niños en Guayaquil

Durante las audiencias del juicio del llamado caso ‘Las Malvinas’, un juez resaltó una declaración de uno de los militares que accedió a colaborar con la justicia, explicando con detalle la forma en que los cuatro adolescentes fueron maltratados y obligados a desvestirse. Según reportó la prensa ecuatoriana, este testimonio contribuyó significativamente a reconstruir el recorrido de las víctimas tras ser interceptadas por una patrulla militar en Guayaquil, así como las circunstancias de violencia que sufrieron antes de su ejecución y posterior hallazgo de sus cuerpos calcinados cerca de una base en Taura. A partir de esta reconstrucción, el tribunal ecuatoriano impuso penas históricas a once miembros del Ejército, por la desaparición forzada y asesinato de los menores, remarcando la gravedad de sus acciones durante una operación militar supuestamente dirigida a combatir el crimen.

Según informó la prensa local, el fallo fue dictado por el Tribunal de Garantías Penales de Guayas luego de seis semanas de deliberaciones y audiencias. Los jueces establecieron que once militares enfrentan sanciones de 34 años y ocho meses de cárcel cada uno por su implicación en la desaparición de cuatro adolescentes entre 11 y 15 años, sucesos ocurridos el 8 de diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Además, otros cinco efectivos recibieron sentencias de treinta meses por haber colaborado en los hechos, después de alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía.

El medio detalló que la patrulla militar había intervenido al grupo de adolescentes tras recibir advertencias de un presunto robo en la zona. Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados a la parroquia de Taura, en Naranjal. Días después, las autoridades encontraron los cuerpos calcinados cerca de una base militar en esa localidad, hecho que elevó la indignación y presión social sobre las actuaciones de los cuerpos armados en el sur de Ecuador.

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal destacó la relevancia de las declaraciones efectuadas por los militares que pactaron con la acusación. En particular, uno de los testimonios suministró detalles considerados verídicos por haber provenido de alguien que presenció los hechos directamente. La prensa ecuatoriana puntualizó que estos relatos confirmaron el trato violento hacia los menores y el abuso de autoridad ejercido durante la detención.

Otra prueba incorporada en el juicio fue el testimonio de los familiares de las víctimas, quienes relataron la ausencia de respuesta estatal cuando reclamaron información sobre el paradero de los adolescentes. Según consignó la prensa, los padres expusieron la irregularidad de la detención y el desamparo institucional, aspectos que el juez consideró demostrados con la evidencia presentada a lo largo del proceso judicial.

El medio local explicó que el tribunal ordenó a todos los condenados el pago de 10.000 dólares como indemnización para cada una de las víctimas y dispuso que presenten disculpas públicas tanto en medios de comunicación como en una ceremonia oficial, la cual incluirá la instalación de una placa recordatoria en la base de Taura, donde se hallaron los cuerpos. Estas medidas responden a la solicitud inicial de la fiscalía y buscan reparar de manera simbólica a las familias afectadas.

El caso ‘Las Malvinas’ desencadenó un debate nacional y reabrió la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. Tal como informó la prensa ecuatoriana, el contexto del crimen se inscribió en el marco del estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, dirigido a combatir al crimen organizado y que aumentó la intervención militar en áreas urbanas. Este contexto motivó cuestionamientos respecto al alcance y límites de la militarización en operativos de seguridad ciudadana.

En su resolución, el tribunal absolvió a un teniente coronel, al no hallarse pruebas suficientes que lo implicaran directamente en los hechos. La prensa local puntualizó que la sentencia reconoció la actuación irregular de la patrulla, incluyendo al jefe que participó en el traslado de las víctimas y quien ahora se encuentra entre los once condenados a más de 34 años de prisión.

Los cinco militares con condenas menores se beneficiaron de la rebaja tras su compromiso de cooperación con la acusación, facilitando detalles que permitieron confirmar la cadena de custodia de los adolescentes y la ejecución de los crímenes. Según publicó la prensa ecuatoriana, los jueces valoraron especialmente este tipo de colaboración como una herramienta fundamental para esclarecer lo ocurrido durante las operaciones nocturnas de patrullaje en la zona de Las Malvinas.

La sentencia fue recibida por los familiares de las víctimas y diversas organizaciones sociales como un hito en los procesos de rendición de cuentas ante delitos cometidos por fuerzas armadas en Ecuador. La prensa resaltó que la repercusión pública del caso ha acentuado el debate sobre la supervisión de los operativos militares y el entorno de excepcionalidad legal vigente desde el inicio del conflicto armado interno.