El Gobierno de Trump suspende cinco proyectos eólicos marinos, entre ellos 'Vineyard Wind 1' de Iberdrola

La medida del Gobierno de Estados Unidos de paralizar la construcción de cinco parques eólicos marinos se basa en informes clasificados del Pentágono, según informó el medio de referencia. Estos documentos advierten sobre amenazas emergentes para la seguridad nacional asociadas al despliegue de grandes infraestructuras de energía renovable en la costa atlántica. Entre los proyectos afectados se encuentra el parque 'Vineyard Wind 1', en Massachusetts, el cual constituye una de las principales inversiones del Grupo Iberdrola en el sector eólico offshore a través de su filial estadounidense Avangrid y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Esta suspensión detiene desarrollos energéticos que se encontraban ya en fase de ejecución y compromete compromisos vinculados al empleo, la reducción de emisiones y la transformación de la matriz energética de la región.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, el Departamento del Interior comunicó oficialmente la suspensión de los contratos de arrendamiento de estos parques. Entre las iniciativas detenidas figuran 'Vineyard Wind 1', que cuenta con una capacidad de 806 megavatios (MW) y una inversión superior a los 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros); 'Revolution Wind' de Orsted, con 704 MW; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', con 2.600 MW; y 'Empire Wind 1' de Equinor y sus socios, que suma 810 MW. Todas estas propuestas contaban con respaldo federal y contratos de venta de energía a grandes eléctricas, y estaban orientadas a alimentar a cientos de miles de hogares en la costa este de Estados Unidos.

El Departamento del Interior explicó, citado por el mismo medio, que la interrupción responde a la necesidad de “explorar junto a arrendatarios y autoridades estatales opciones de mitigación de eventuales riesgos de seguridad nacional asociados a la proliferación de proyectos eólicos marinos en la costa Este”. El secretario del Interior, Doug Burgum, señaló que el “principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense”, justificando la intervención por la aparición de “riesgos emergentes para la seguridad nacional” debido al desarrollo de tecnología adversaria y a la localización estratégica de estas instalaciones cerca de zonas densamente pobladas.

Según detalló la publicación, Washington pretende utilizar el tiempo de la suspensión para organizar una evaluación cuidadosa de las vulnerabilidades que podrían afectar a la infraestructura energética crítica del país. El objetivo, según las autoridades federales, es definir nuevas medidas y criterios de seguridad antes de permitir la reanudación de la construcción y operación de los parques eólicos marítimos, que podrían quedar expuestos a potenciales amenazas guiadas por la evolución tecnológica y geopolítica.

El impacto de la decisión alcanza tanto a las compañías promotoras como a los proveedores y al empleo previsto para estas obras, que involucraban a cientos de contratistas y generaban expectativas de desarrollo económico regional, según publicó el medio. Todas las iniciativas suspendidas dependían de inversiones internacionales y alianzas público-privadas orientadas a cambiar el perfil energético de la región atlántica. La interrupción, además, complica el cumplimiento de metas estatales e internacionales de reducción de emisiones contaminantes y limita el acceso a recursos externos para financiar proyectos de descarbonización.

La publicación recogió que el sector de las energías limpias en Estados Unidos ya había recibido varias señales de advertencia durante la administración de Donald Trump. En septiembre, el Ejecutivo retiró la autorización de los proyectos New England Wind 1 y New England Wind 2, ambos promovidos también por el Grupo Iberdrola. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que congeló temporalmente la concesión de nuevos permisos para instalar parques eólicos marinos, y oficializó una revisión de los procedimientos federales relativos al arrendamiento energético en aguas nacionales.

El medio indicó que Estados Unidos representa uno de los principales focos de crecimiento internacional para Iberdrola y su filial Avangrid. El plan estratégico de la compañía, liderada por Ignacio Sánchez Galán, contempla inversiones superiores a los 16.000 millones de euros hasta 2028, destinadas mayoritariamente al fortalecimiento y modernización de redes eléctricas y de gas en estados como Nueva York y Nueva Inglaterra, donde despliega servicios para más de 3,4 millones de usuarios. Actualmente, Iberdrola y sus asociadas gestionan más de 10,5 gigavatios de capacidad energética en 24 estados de la Unión, abasteciendo electricidad y gas a más de seis millones de viviendas y empresas.

La decisión federal afecta directamente la hoja de ruta de expansión e integración energética diseñada tanto por el sector privado como por administraciones estatales comprometidas con el avance de las renovables, detalló el medio. Como parte del proceso abierto, las empresas involucradas y los gobiernos estatales buscan entablar diálogos técnicos y legales con la administración central para analizar vías que permitan retomar las obras bajo nuevos estándares de protección.

De acuerdo con la publicación de referencia, aún no existe claridad sobre el plazo de la revisión federal ni sobre la fecha en que podría reactivarse alguno de los proyectos paralizados. Las partes interesadas aguardan los resultados de las consultas técnicas y regulatorias, a la espera de directrices que permitan retomar tanto la construcción de infraestructuras como los compromisos de desarrollo energético y ambiental a largo plazo.