Fuerzas de EEUU continúan la persecución del petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

La intención del gobierno venezolano de formalizar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se consolidó tras el fallido intento de la Guardia Costera de Estados Unidos por controlar el petrolero ‘Bella-1’ cerca del litoral venezolano. Según Bloomberg, la reacción de Caracas incluyó la exigencia de sanciones para Washington, argumentando que la intervención supuso una vulneración directa de la soberanía nacional y de los principios del Derecho Internacional. Este episodio agravó la tensión diplomática y militar en la región, renovando el debate en torno a los límites del accionar estadounidense en el Caribe.

De acuerdo con Bloomberg, la intervención tuvo lugar en aguas internacionales adyacentes a la costa de Venezuela, el domingo por la mañana, y se realizó después de que Panamá —país bajo cuya bandera navega el ‘Bella-1’— concediera autorización expresa a las autoridades estadounidenses. El medio precisó que la operación se valió del marco legal aportado por Panamá como estado abanderante, permitiendo así que la Guardia Costera de Estados Unidos procediera sin transgredir formalmente el ámbito jurisdiccional panameño. No obstante, Bloomberg reportó que la tripulación del ‘Bella-1’ evitó que los estadounidenses ganaran el control completo del buque, tras lo cual comenzó una persecución por aguas internacionales en las inmediaciones de Venezuela.

La operación sobre el ‘Bella-1’ no resultó un hecho aislado. Axios puntualizó que este incidente se sumó a una serie de abordajes y persecuciones en la región durante diciembre, entre ellos el del petrolero ‘Skipper’ el día 10 y, la noche previa al caso actual, el del ‘Centuries’. De acuerdo con Bloomberg, en todos estos episodios el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de cometer actos de “piratería”, “robo de activos” y “secuestro de tripulaciones”, sosteniendo que tales acciones rozan o superan los márgenes del orden jurídico internacional. Caracas insistió en que la comunidad internacional debe responder ante lo que interpreta como una escalada de intervenciones que ponen en entredicho su integridad territorial.

El trasfondo de estas operaciones refleja una estrategia estadounidense de control y vigilancia sobre los movimientos navales en el Caribe, según explicó Bloomberg. La acción contra el ‘Bella-1’ se enmarca en una campaña dirigida a interceptar y restringir la actividad de entidades puestas bajo sanción por Washington, especialmente aquellas que mantienen vínculos con Irán. El buque, operado por la empresa Louis Marine Shipholding Enterprises —incorporada en junio de 2024 a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos—, es señalado de brindar apoyo financiero y tecnológico a la Guardia Revolucionaria iraní. Esta circunstancia, detalló Bloomberg, hizo que el petrolero se convirtiera en objetivo prioritario dentro de una ofensiva más amplia destinada a obstaculizar el suministro de combustible y recursos hacia organizaciones sujetas a castigos internacionales.

La postura estadounidense, tal como publicó Bloomberg, se fundamenta en regulaciones internacionales que permiten la intervención contra naves implicadas en la transferencia de recursos para actores sancionados. Las autoridades de Estados Unidos argumentaron que la operación contra el ‘Bella-1’ cumplió con las bases legales bajo acuerdos internacionales, validando su accionar por la pertenencia del buque a una empresa incluida en los listados de sanciones activas y el presunto vínculo con la estructura militar iraní. Axios agregó que la coordinación legal entre Estados Unidos y Panamá expandió la justificación jurídica del trabajo estadounidense en aguas internacionales, y que este hecho incluyó a Venezuela en calidad de estado ribereño afectado por la proximidad del operativo.

Por parte de las autoridades venezolanas, el despliegue extranjero en la periferia marítima ha sido interpretado como un exceso de la potestad regulatoria estadounidense. Según consignó Bloomberg, el gobierno de Maduro reiteró su denuncia de que estos operativos contradicen el marco legal internacional y vulneran el principio de no injerencia sobre jurisdicción ajena. En una declaración emitida tras el abordaje, Caracas exigió a la comunidad internacional que estos incidentes motiven respuestas formales y sancionatorias, llamando a restaurar las reglas del Derecho Internacional en alta mar.

El incremento de la presencia naval estadounidense en el Caribe se produce en un contexto en el que Washington sustenta la validez de sus actos en acuerdos internacionales y en una política de seguridad colectiva frente al tráfico ilícito y la evasión de sanciones, según expuso Bloomberg. Esta narrativa se contrapone a la venezolana, que advierte sobre el impacto de la aplicación extraterritorial de sanciones y las implicaciones para la estabilidad y el equilibrio regional. El medio remarcó que la reiteración de los incidentes durante el último mes intensificó la vigilancia sobre las rutas marítimas latinoamericanas, revitalizando la discusión acerca de la cooperación internacional sobre la navegación, el ejercicio de jurisdicción y la resolución de disputas en el entorno caribeño.

Axios precisó que la respuesta institucional de Venezuela incluyó la activación de gestiones diplomáticas ante organismos multilaterales y la petición oficial de sanciones para Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. El gobierno de Maduro sostiene que los recientes episodios de intervención atentan no solo contra la soberanía de Venezuela sino también contra el marco normativo que rige las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, Caracas advierte que la permisividad ante estas conductas podría sentar precedentes peligrosos en cuanto al respeto de fronteras y competencias en la región.

El trasfondo jurídico y político de la controversia gira en torno a la interpretación opuesta de los tratados sobre la navegación y los límites de la jurisdicción en aguas internacionales. Washington reafirma que las normativas internacionales la habilitan para tratar de impedir el tráfico de productos o tecnología hacia entidades bajo sanción, mientras Caracas defiende que tales acciones constituyen intromisiones arbitrarias que recortan derechos soberanos. Según Bloomberg, la continuidad de estos enfrentamientos mantiene a la región bajo observación internacional, y el desenlace dependerá del accionar de los organismos multilaterales y la adaptación de estrategias diplomáticas por los actores implicados.

Finalmente, la serie de incidentes recientes resaltados por Bloomberg y Axios ha colocado a la cooperación marítima, la interpretación de sanciones y el control de rutas estratégicas en el centro del debate regional. La prolongación de episodios como el del ‘Bella-1’ podría alterar la dinámica de seguridad y las relaciones interestatales en el Caribe y América Latina, mientras las autoridades de Venezuela y Estados Unidos sostienen posturas opuestas sobre los alcances legales y políticos de las acciones emprendidas en alta mar.