
Durante la ceremonia oficial en la que Abdirashid Hassan Mataan asumió como nuevo gobernador de Awdal, las autoridades ofrecieron por primera vez cifras concretas sobre las consecuencias de los disturbios que estallaron en Borama a principios de diciembre. De acuerdo con Radio Shabelle, el número de personas heridas ascendió a 214, entre las que 22 permanecían bajo atención hospitalaria hasta el momento del anuncio, mientras que el saldo de fallecidos alcanzó a 19. Esta declaración pública respondió a las intensas presiones tanto de la sociedad local como de organismos internacionales que pedían esclarecimientos ante la falta de información precisa, que había dado paso a especulaciones sobre la gravedad y alcance de los incidentes.
El contexto que rodeó estos enfrentamientos gira en torno a la reacción social generada por la decisión del presidente de Somalilandia de avalar el Xeer Ciise, una normativa tradicional de fuerte presencia entre la comunidad somalí-Issa y extendida en Somalilandia, Etiopía y Yibuti. Somali Guardian consignó que numerosos residentes de la región de Awdal interpretaron este acto como una falta de consideración hacia las necesidades locales, lo que desencadenó manifestaciones el 4 de diciembre. Estas protestas derivaron en choques directos con las fuerzas de seguridad, tal como documentó Somali Guardian, con reportes de testigos que aseguraron que la policía hizo uso de munición real para dispersar a los congregados. La presión policial, junto con el uso de fuerza letal, acrecentó la tensión y elevó el índice de víctimas, situación que prolongó los disturbios hasta la jornada siguiente.
Ante la escalada de violencia, el presidente Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como ‘Irro’, ordenó la retirada inmediata de las fuerzas de seguridad de Borama, de acuerdo con Somali Guardian. Dicha retirada buscó calmar el escenario local, aunque la intervención previa de la policía, especialmente por el uso de munición real, motivó preocupación generalizada sobre el respeto de derechos humanos y la proporcionalidad del accionar estatal. Las dudas sobre la gestión de la crisis y la transparencia institucional se acentuaron cuando, como manifestó Radio Shabelle, la ausencia de cifras oficiales alimentó la desconfianza y dio pie a interpretaciones sobre la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones críticas.
Los disturbios de Borama reflejan una problemática arraigada entre el gobierno central de Somalilandia y las demandas de mayores cuotas de autonomía política y administrativa por parte de la región de Awdal, explicó Hiraan On Line. Durante las protestas, varias personas desplegaron insignias y mensajes vinculados al Movimiento por el Estado de Awdal, organización que busca fortalecer las competencias regionales frente a lo que consideran centralismo institucional desde Hargeisa, capital de Somalilandia. Estas expresiones evidenciaron que el fondo del malestar en Borama tiene raíces históricas y responde a reclamaciones no resueltas de autogestión y representación local.
A partir del informe divulgado en la ceremonia de asunción del gobernador, se incrementaron los cuestionamientos relativos a la pertinencia del operativo policial y la decisión de reprimir las manifestaciones. Según recogió Radio Shabelle, distintas voces sociales y representantes comunitarios exigieron investigaciones imparciales, acceso a la información sobre el accionar de la policía y avances claros en la determinación de responsabilidades ante las muertes y lesiones provocadas durante los disturbios.
Una dimensión adicional de la crisis surgió con el cruce de acusaciones entre autoridades de Somalilandia y representantes federales de Somalia. Radio Shabelle indicó que desde Somalilandia se atribuyó a funcionarios federales somalíes un apoyo logístico y político a los movimientos separatistas en la región, alegatos que fueron tajantemente rechazados por voceros oficiales desde Mogadiscio. El Ejecutivo federal negó cualquier tipo de implicación o respaldo a las demandas secesionistas de grupos asentados en Awdal, emitiendo comunicados para desmentir su participación en el conflicto local.
El Xeer Ciise, según detalló Somali Guardian, constituye una práctica consuetudinaria que suele provocar tensiones en comunidades con demandas de reconocimiento autónomo. La autorización presidencial para llevar adelante esta normativa en Borama fue leída en clave política por parte de sectores locales, al punto que activó viejas disputas identitarias y revitalizó proclamas autonómicas en la zona.
Los días de movilización no sólo estuvieron marcados por las exigencias de representación interna, sino también por la exhibición pública de banderas y lemas separatistas, según insistió Hiraan On Line, lo que verificó la continuidad de una agenda política inconclusa. La persistencia de la movilización y las demandas de transparencia han fortalecido el seguimiento del caso por parte de organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. Los actores involucrados reclaman no sólo un esclarecimiento de los hechos, sino también una revisión profunda de los mecanismos con los que el Estado responde a la conflictividad interna.
La publicación del último informe de víctimas por el gobernador Mataan, según sistematizaron medios como Radio Shabelle y Somali Guardian, renovó la presión sobre el gobierno central para revisar los protocolos de las fuerzas de seguridad, avanzar en la transparencia institucional y consolidar investigaciones en curso sobre la actuación policial. Al mismo tiempo, la crisis ha repercutido en la percepción de inseguridad y en un clima de expectación entre la población local, que continúa reclamando garantías y el respeto a sus demandas históricas.
La relevancia estratégica del noroeste de Somalilandia y el peso de los acontecimientos recientes han intensificado la vigilancia de residentes, actores políticos locales e instancias internacionales sobre el desarrollo de los hechos, tal como reflejaron medios regionales. El interés por la evolución de la situación se mantiene en el centro del debate político y social, mientras las repercusiones de las protestas y la respuesta institucional agregan nuevos elementos a la discusión sobre reconocimiento político, justicia y autogobierno en la región de Awdal.