Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron entre julio y septiembre de este año 53.268 denuncias, 579 al día

La tasa de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor se situó en 11,5 por cada cien víctimas de violencia de género, lo que representó un incremento del 22,51% respecto al mismo periodo de 2024. Estas cifras forman parte del “Informe trimestral sobre Violencia de Género”, divulgado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual precisa que entre julio y septiembre de 2025 se registraron 49.156 mujeres víctimas y 53.268 denuncias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Según publicó el CGPJ, este balance representa una estabilidad respecto al mismo trimestre del año anterior, con un repunte mínimo de 0,88% en el número de víctimas y un 0,23% más en las denuncias presentadas. El informe revela que diariamente se formalizaron 579 denuncias en toda España y que el 72,29% de estas fue interpuesto directamente por las mujeres, tanto en sede judicial como en comisarías. Solo el 1,92% de las denuncias provinieron de familiares, una proporción reducida frente al total y ligeramente inferior a la del año pasado.

El documento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género detalla que la mayor parte del resto de denuncias correspondió a atestados resultado de intervenciones policiales (16,27%), partes de lesiones trasladados directamente a los juzgados (6,96%) y comunicaciones procedentes de servicios de asistencia o terceras personas (2,56%). Por nacionalidad, el 61% de las mujeres afectadas tenía ciudadanía española y el 39% restante era de origen extranjero. En el tramo de menores tutelados registrados como víctimas —un total de 121 personas—, el 69,42% era español y el 30,58% extranjero.

Los datos recopilados por el CGPJ muestran que entre julio y septiembre se solicitaron 12.844 órdenes de protección ante los órganos judiciales, lo que implica una disminución del 1,6% respecto al año anterior. De estas, 10.806 correspondieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 a los juzgados en servicios de guardia. El 69,44% de todas las órdenes reclamadas fue finalmente adoptado, una tasa equiparable al 66% del año precedente. En el 42,8% de los expedientes donde se pidió la protección judicial, las personas implicadas mantenían todavía una relación de pareja o vínculo afectivo.

En cuanto a medidas específicas de protección, 7.866 víctimas requirieron algún tipo de resguardo, con una amplia mayoría de solicitantes españolas (72,8%) y 149 menores de edad, cifra que representa el 1,89% del total. Además, los órganos judiciales acordaron 16.185 medidas penales de protección destinadas a mujeres y menores; la prohibición de comunicación fue la más reiterada, con 6.261 resoluciones de este tipo que representaron el 68,10% sobre el total, seguida de la orden de alejamiento, dictada en 6.111 ocasiones, un 64,31%.

En el ámbito civil, durante el tercer trimestre de 2025 se emitieron 5.100 medidas cautelares para proteger tanto a mujeres como a menores mientras avanzaban los procesos judiciales. Las prestaciones relacionadas con alimentos sumaron 1.553 expedientes (19,71%) y las medidas relativas a la atribución de la vivienda 1.095 casos (14%). Igualmente, se dictaron 996 suspensiones del régimen de visitas (12,55%) y 667 suspensiones de la guardia y custodia (8,45%), además de 47 medidas particulares de protección infantil para evitar situaciones de riesgo y la suspensión de la patria potestad en 173 procesos.

Por regiones, Baleares marcó la mayor incidencia con una tasa de 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida por Comunidad Valenciana (25,3), Canarias (24,4), Murcia (24,1), Cantabria (22,9), Madrid (21,5) y Andalucía (20,9). Otras comunidades autónomas como Galicia (12,9), La Rioja (13,4) y Castilla y León (14,1) se situaron por debajo de la media nacional, que fue de 19,8 de cada 10.000 mujeres. Los valores del trimestre se mantuvieron muy próximos a los del mismo periodo de 2024, cuando la tasa fue de 19,6.

En paralelo a las denuncias y medidas de protección, los juzgados dictaron en este trimestre 13.440 sentencias relativas a delitos de violencia de género, de las que 11.376 resultaron condenatorias (84,64%) y 2.064 absolutorias (15,36%). El porcentaje de condenas alcanzó su mayor nivel en los juzgados de violencia sobre la mujer (94,53%), seguido de las audiencias provinciales (86,08%) y los Juzgados de lo Penal (71,05%).

El informe del CGPJ señala que entre los meses analizados los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron 1.660 juicios sobre delitos leves, de los cuales en 866 casos (52%) la vista fue inmediata. Dentro de estos procesos, las injurias sumaron el 37% y las vejaciones consideradas “injustas” el 41%.

En materia penal, se observaron 68.221 asuntos ingresados en los juzgados durante el primer trimestre, con predilección por delitos de lesiones y malos tratos regulados por los artículos 153, 173 y 148 y sucesivos del Código Penal (70,3%). El apartado civil indica la presentación de 4.884 demandas vinculadas a la violencia machista por parte de las víctimas, centradas sobre todo en divorcios no consensuados y gestión de custodia o alimentación de hijos e hijas. Los juzgados de lo Penal recibieron 7.234 asuntos en el trimestre estudiado y resolvieron 5.915, con el mismo número de sentencias dictadas y un 71,05% de resultados condenatorios (4.001 casos).

Finalmente, los juzgados de menores enjuiciaron a 77 adolescentes por delitos de violencia de género en el contexto de relaciones de pareja o expareja durante este periodo.

El medio CGPJ incluyó declaraciones de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, quien llamó a reforzar la formación y especialización de las personas implicadas en el funcionamiento de la justicia y subrayó la necesidad de recursos materiales y humanos para atender esta problemática. Rojo también animó a las afectadas a presentar denuncia y a confiar en el sistema judicial, recordando que “solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental”. Asimismo, señaló la existencia de mecanismos para evitar la confrontación directa entre la víctima y el presunto agresor en el momento de declarar ante el órgano judicial.