
Integrantes de los círculos familiares y empresariales próximos al presidente venezolano Nicolás Maduro pasaron a ser objetivo de nuevas sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que adoptó esta decisión como parte de un esfuerzo continuado para obstaculizar flujos de financiamiento internacional que, según denuncias, estarían sosteniendo estructuras del poder en Venezuela. Esta acción confirma la estrategia de Washington de cercar el acceso a fondos de familiares y allegados al entorno presidencial, como reportó el medio.
Entre los sancionados se encuentran parientes inmediatos de figuras influyentes en el gobierno venezolano, entre ellos familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, quien ya había sido incluido en listas de restricción la semana previa por su función como extesorero nacional y exvicepresidente de la petrolera estatal PDVSA. Según informó la fuente, las nuevas medidas también alcanzan a la madre de Malpica Flores, Eloisa Flores de Malpica (tía materna de la primera dama, Cilia Flores), así como a su padre, hermana, esposa e hija. El Departamento del Tesoro justificó su decisión señalando la necesidad de interrumpir flujos financieros considerados clave para la estructura económica dependiente del gobierno de Maduro.
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El medio detalló que la ampliación de la lista de sancionados no se limita al círculo Malpica-Flores. También abarca a los hermanos Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, a quienes las autoridades estadounidenses acusan de operar en apoyo del aparato estatal venezolano a través de acuerdos comerciales. Previamente, Ramón Carretero Napolitano —pariente de los anteriores— ya había sido sancionado por supuesta implicación en transacciones internacionales relacionadas con el sector petrolero venezolano y por sus vínculos con el entorno del mandatario.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió de manera paralela una licencia que permitirá, a partir del 3 de febrero de 2026, la realización de operaciones específicas relacionadas con el bono de PDVSA al 8,5 por ciento y sus respectivos financiamientos. Según publicó la fuente, esta autorización resulta estrictamente limitada y no representa una flexibilización general del régimen de sanciones, sino una excepción temporal y puntual a las restricciones vigentes.
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Todas las personas incluidas en la nueva lista ven bloqueados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y, además, queda vedada toda posibilidad de realizar transacciones financieras con ciudadanos o entidades de Estados Unidos, según puntualizó el medio. El Departamento del Tesoro, en un documento reseñado por la fuente, sostuvo que estas sanciones apuntan a afectar de manera directa las estructuras financieras que, de acuerdo a sus investigaciones, resultan fundamentales para la permanencia del gobierno venezolano y sus actividades internacionales.
El endurecimiento de las restricciones se articula con la estrategia de Washington destinada a dificultar el acceso del liderazgo venezolano a recursos proveídos por redes familiares y comerciales. Al respecto, el medio indicó que la administración estadounidense utiliza una táctica dual: por un lado, incrementa la presión mediante sanciones dirigidas a allegados y familiares; por otro, habilita de manera limitada y bajo condiciones estrictamente reguladas el pago de ciertos compromisos internacionales, como en el caso del bono de PDVSA. El alcance de esta excepción, destacó el reportaje, queda circunscrito únicamente a operaciones asociadas directamente con este instrumento financiero.
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La intención de las autoridades estadounidenses, manifestó la fuente, consiste en impedir que la administración de Maduro logre sortear las limitaciones originales a través de mecanismos de financiamiento alternativos canalizados por individuos allegados o empresas privadas vinculadas a la estructura estatal. Washington acusa al gobierno venezolano de sustentar su aparato político-económico en prácticas irregulares, con énfasis en el lavado de dinero, la corrupción administrativa y presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró en comunicación citada por el medio: “El Tesoro ha sancionado a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestro país con drogas letales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump seguirá atacando a las redes que apoyan su ilegítima dictadura”.
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El reporte resaltó que, con estas nuevas acciones, se renueva y profundiza una política de restricciones que ya afectaba desde hace semanas a personas ubicadas en los entornos financiero y familiar de la presidencia venezolana. La ampliación del listado de sancionados responde directamente a la búsqueda de impedir que recursos gestionados a través de terceras personas o sociedades relacionadas escapen a los controles establecidos por el gobierno de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el medio reportó que la ejecución de estas sanciones se contextualiza en una secuencia de medidas adoptadas por la administración estadounidense tras reiteradas denuncias sobre la implicación de funcionarios y empresarios venezolanos en esquemas considerados ilícitos, particularmente dentro de los sectores petrolero y de comercio exterior. El objetivo declarado por Washington, según consignó el medio, es bloquear los canales que habrían facilitado la financiación de operaciones gubernamentales y la continuidad del modelo administrativo imperante.
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La interacción entre el fortalecimiento del régimen de sanciones y la adopción de excepciones puntuales sobre herramientas financieras específicas marca el actual escenario de las relaciones entre ambos países, donde los controles regulatorios y la presión sobre los mecanismos financieros del Estado venezolano configuran un contexto de alta restricción y vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses, tal como lo indicó la fuente.