Republicanos piden a la administración Trump que evalúe si incluye a España en una lista por su boicot a Israel

El documento suscrito por un grupo de legisladores republicanos contiene una solicitud directa al Departamento del Tesoro para que evalúe si las medidas impulsadas en España representan una violación a la legislación estadounidense, específicamente a la Sección 999, lo que podría tener consecuencias inmediatas para las compañías norteamericanas que operan bajo regulaciones internacionales. Según consignó el medio, la petición se fundamenta en los recientes cambios regulatorios aplicados por el gobierno de Pedro Sánchez, que incluyen restricciones al comercio de armas con Israel y la prohibición de promocionar productos fabricados en asentamientos considerados ilegales en los territorios palestinos. Los representantes advierten sobre el potencial de estas acciones para ser consideradas discriminación económica hacia un socio estratégico de Estados Unidos y prevén repercusiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

El medio detalló que la iniciativa republicana estuvo encabezada por la congresista Claudia Tenney, quien, junto a otros legisladores, transmitió oficialmente sus preocupaciones mediante una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent. En este documento se solicita una revisión formal que determine si las normativas españolas vulneran acuerdos internacionales o la legislación estadounidense orientada a proteger a Israel de boicots internacionales no avalados por Washington. De acuerdo con lo publicado, la carta señala que estas restricciones españolas pueden alinearse con los objetivos del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), conocido por su campaña internacional en respuesta a la política israelí en los territorios palestinos.

Según publicó el medio, la Sección 999 de la legislación de Estados Unidos requiere mantener un registro de países que impulsen o exijan la adhesión a boicots internacionales que no cuenten con el respaldo del gobierno estadounidense. Este instrumento legal obliga a detectar posibles casos de discriminación económica y garantiza la transparencia en las relaciones comerciales internacionales cuando están involucrados socios esenciales como Israel. Si España fuera incluida en este listado, las empresas estadounidenses estarían sujetas a nuevas obligaciones de información y podrían activar mecanismos de protección frente a normativas extranjeras que entren en conflicto con el marco legal estadounidense.

En la comunicación recogida por el medio, los firmantes de la carta defienden que la misión esencial de la Sección 999 reside en resguardar a las empresas estadounidenses frente a presiones normativas provenientes del extranjero, que puedan conducir a adoptar directrices en desacuerdo con la política establecida por Washington. La congresista Tenney declaró al medio que “las acciones de España van más allá de la retórica y constituyen una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos”. Añadió que las leyes norteamericanas exigen investigar y sancionar a cualquier gobierno que promueva boicots que no cuenten con la aprobación de Washington.

De acuerdo con la información recolectada, los legisladores pidieron al secretario del Tesoro una “revisión exhaustiva y aplicación de la ley tal como está escrita”, resaltando el riesgo de precedentes negativos si Estados Unidos no responde cuando otros gobiernos pretenden marginar económicamente a socios estratégicos como Israel. En el texto, los parlamentarios subrayaron que la incorporación de España a la lista prevista por la Sección 999 no solo desplegaría salvaguardas adicionales para el empresariado estadounidense, sino que también reforzaría la posición de Washington en la protección de sus intereses en el escenario internacional.

El medio profundizó en las implicaciones diplomáticas y comerciales de este episodio, al señalar que las campañas del movimiento BDS han agudizado disputas entre gobiernos con relaciones bilaterales tanto con Israel como con la Autoridad Palestina. Estas controversias se sitúan en el punto de encuentro entre el comercio, el derecho internacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La carta remitida por los legisladores enfatiza que la actualización del listado de la Sección 999 debe operar tanto como mecanismo defensivo para las empresas estadounidenses, como una herramienta útil para asegurar el cumplimiento de las normas internacionales aceptadas por Estados Unidos y sus aliados.

No se ha registrado una respuesta oficial por parte del gobierno español frente a la misiva remitida desde el Congreso estadounidense, según reportó el medio. Analistas citados por la publicación advierten que situaciones como la planteada podrían modificar el panorama diplomático y comercial entre España y Estados Unidos, influyendo en las condiciones del mercado para compañías multinacionales con activos en ambos territorios. El medio concluyó que esta controversia expone tensiones latentes sobre la coordinación de normativas nacionales e internacionales y anticipa un periodo de incertidumbre legal y política en la interacción entre ambos gobiernos.