
En España, hasta un 27,9 por ciento de quienes padecen diabetes presentan alguna forma de enfermedad renal crónica, un dato que pone en evidencia no solo el impacto clínico, sino también el alcance social y económico de la patología. Según informó la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la población diabética enfrenta un riesgo notablemente mayor de complicaciones cardíacas graves: el riesgo de infarto de miocardio sube hasta un 73 por ciento en comparación con quienes no presentan esta condición.
El medio detalló que otros problemas cardiovasculares, como el ictus y la insuficiencia cardíaca, también manifiestan incrementos evidentes entre las personas con diabetes: los datos recopilados por la IDF señalan un riesgo de accidente cerebrovascular un 54 por ciento mayor y una probabilidad de insuficiencia cardíaca que se eleva un 84 por ciento respecto a la población general. Además, quienes conviven con esta enfermedad pueden experimentar afecciones oculares y cuadros de demencia vascular, a lo que se suman daños renales que afectan a una proporción significativa de pacientes.
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La repercusión de la diabetes trasciende el ámbito de la salud. El Sistema Nacional de Salud español enfrenta un coste medio anual de aproximadamente 4.120 euros por cada persona diagnosticada, según publicó la IDF. Esto representa un sobrecoste del 78 por ciento en comparación con los recursos destinados a las personas sin esa condición. Según el Ministerio de Sanidad, más del 50 por ciento de esos gastos directos corresponde a la atención de complicaciones derivadas de la diabetes, lo que pone en primer plano la importancia de la prevención y el control temprano de la enfermedad.
A nivel social, el Informe de problemas de salud-Situación laboral 2023 de DatosPOPSalud, citado por la IDF, identificó que casi el 15 por ciento de las personas con diabetes reportan estar desempleadas o no participar activamente en el mercado laboral. Asimismo, la prevalencia de la diabetes resulta más alta en los segmentos de menores ingresos y en determinadas regiones del país, lo que refleja un vínculo entre vulnerabilidad socioeconómica y riesgos en la salud.
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La Federación Española de Diabetes (FEDE) subrayó, de acuerdo con lo publicado por la IDF, la necesidad de intervenciones integrales ante este escenario, caracterizado por una alta demanda sanitaria y desigualdades territoriales que agravan la exposición a complicaciones graves. Según representantes de FEDE, varias de estas complicaciones evolucionan de modo progresivo y pueden pasar inadvertidas durante años en ausencia de un monitoreo adecuado, lo que incrementa la urgencia de fortalecer el seguimiento y la prevención.
Antonio Lavado, presidente de FEDE, afirmó que una estrategia de actuación temprana permite reducir «considerablemente» tanto la carga clínica como los costes económicos asociados a la diabetes. Lavado también destacó, según reportó la IDF, el compromiso de la organización con la difusión de información basada en evidencia, destinada a visibilizar las necesidades del colectivo afectado y a promover cambios sustanciales en la gestión sanitaria y la definición de políticas públicas. «En FEDE apostamos por generar y difundir evidencia que visibilice las necesidades reales del colectivo y contribuya a impulsar cambios efectivos en la atención sanitaria y en las políticas públicas», manifestó.
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La valoración del presidente de FEDE enfatiza la importancia de contar con datos actualizados, sólidos y correctamente analizados para orientar la toma de decisiones sanitarias, con la finalidad de lograr políticas públicas basadas en resultados efectivos, según detalló la propia organización. La finalidad última, según subrayó Lavado, es avanzar hacia una atención que permita evitar la progresión de la diabetes hacia complicaciones y, en consecuencia, minimizar su impacto social y económico en el país.