El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma para rebajar las exigencias de sostenibilidad y diligencia debida que obligan a las empresas a informar sobre el impacto ambiental y social de su actividad, tras el principio de acuerdo alcanzado entre los negociadores de la Eurocámara y Consejo la pasada semana.
Con esta medida, la Unión Europea busca reducir la carga burocrática y reforzar la competitividad económica, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, como parte de sus esfuerzos de simplificación administrativa.
Con las nuevas normas, solo las grandes compañías con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros deberán presentar informes de sostenibilidad. Las empresas de menor tamaño quedarán exentas de estas obligaciones y protegidas frente a la posibilidad de que grandes socios comerciales les trasladen responsabilidades de información.
La reforma, aprobada por 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones, limita la obligación de las empresas de identificar y prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a las compañías con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros, tanto de la UE como de terceros países que operen en el mercado comunitario.
Estas compañías deberán analizar los riesgos asociados a su actividad y a su cadena de suministro, aunque solo podrán solicitar información a socios comerciales de menor tamaño cuando no puedan obtenerla por otros medios. Además, los planes de transición para adaptar los modelos de negocio a una economía sostenible dejarán de ser obligatorios.
El texto simplifica de forma significativa los requisitos de información y convierte en voluntaria la información sectorial. Para facilitar el cumplimiento, la Comisión Europea creará un portal digital con orientaciones y plantillas comunes sobre las exigencias nacionales y europeas.
El texto, que deberá recibir ahora el visto bueno formal del Consejo de la UE, establece que las sanciones por incumplimiento podrán alcanzar hasta el 3% del volumen de negocio mundial de la empresa y fija que la directiva sobre diligencia debida se aplique a partir de julio de 2029.
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