Una de las principales consecuencias previstas de la nueva política arancelaria anunciada por el Gobierno mexicano será un aumento del 1,2 puntos porcentuales en los precios de los productos importados afectados. Según informó el medio que publica esta información, la decisión responde a la preocupación por la pérdida de 350.000 empleos asociados principalmente a los sectores textil, vestimenta, calzado y acero. El paquete arancelario estará dirigido a países que no mantienen tratados comerciales con México y forma parte del plan de la administración de Claudia Sheinbaum para revitalizar la industria nacional, aumentar la producción e incentivar las inversiones.
De acuerdo con la información difundida por el medio, la presidenta Claudia Sheinbaum, con respaldo del Congreso, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detallaron que se aplicarán nuevas tasas a 1.464 fracciones arancelarias correspondientes a 17 sectores considerados estratégicos para la economía mexicana. La administración enfatizó que estos gravámenes no tienen un trasfondo geopolítico, sino que buscan resguardar la industria nacional frente a la competencia extranjera. Ebrard puntualizó durante la conferencia matutina de la mandataria que México importa diez veces más bienes de Asia de los que exporta, lo que genera una marcada asimetría comercial.
El secretario de Economía ejemplificó el impacto de las importaciones en la operatividad de los principales sectores industriales, particularmente el textil, el vestido, el calzado y el acero. En estos tres últimos años, la competencia extranjera provocó una pérdida acumulada de 350.000 empleos, de los cuales unos 250.000 pertenecen a los rubros de textil, vestido y calzado. Adicionalmente, Ebrard destacó que el sector automotriz enfrenta una situación comprometida, dado el incremento del 34% en las importaciones de autos ligeros provenientes de países sin tratados comerciales con México, pese a que la nación ocupa el quinto lugar a escala mundial en producción de vehículos.
El medio consignó que la aplicación de este paquete arancelario se enmarca en el denominado Plan México, una estrategia gubernamental que apunta a reactivar y potenciar la producción interna. Autoridades mexicanas prevén como objetivo elevar en un 15% la fabricación nacional y fomentar la sustitución de importaciones en áreas clave. Además, el Gobierno planea relanzar el sello distintivo "Hecho en México", incrementar la inversión en un 25% de cara a 2026 y generar alrededor de 1,5 millones de puestos laborales, según datos presentados por el secretario de Economía.
Dentro de los alcances que se propone la administración, se contempla lograr que al menos el 50% de los proveedores y del consumo nacional tenga origen local. Según detalló el medio, la política también busca diversificar la proveniencia de importaciones, evitando depender de un solo país y manteniendo abiertas las opciones de intercambio con aquellos Estados con los que México ha firmado acuerdos comerciales previos.
Durante su exposición, el secretario Ebrard resumió el eje de la medida en una frase dirigida a quienes importan desde países sin acuerdo comercial: "Si no produces en México, tienes que pagar un arancel". Asimismo, reiteró que el internamiento de productos bajo estas nuevas tasas responde exclusivamente a la protección y estimulación de la industria del país y no a motivaciones de carácter diplomático o estratégico.
El paquete de aranceles está dirigido a 1.464 fracciones arancelarias en sectores definidos como prioritarios dentro del panorama económico nacional. Sectores como textil, vestido, calzado, acero y automotriz forman parte de este grupo estratégico, afectados en particular por el crecimiento de importaciones, mayoritariamente de origen asiático. La respuesta del Gobierno busca atenuar la pérdida de empleo y generar un entorno más propicio para el crecimiento de la manufactura establecida en México.
El medio anunció que, a pesar del probable encarecimiento de algunos productos, el Ejecutivo mexicano defiende la decisión por el potencial efecto favorable sobre la actividad industrial, así como por la expectativa de un mayor dinamismo en la inversión, la generación de puestos de trabajo y la participación de compañías locales en cadenas de valor internas.
Las autoridades mexicanas reiteraron que la iniciativa no está concebida para limitar las importaciones en general ni para aplicar represalias comerciales a mercados específicos. En su lugar, pretende fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de la estructura industrial mexicana frente a la competencia desleal o excesiva de terceros países sin acuerdos vigentes. Según reportó el medio, la proyección a mediano plazo es crear condiciones para consolidar la producción nacional, facilitar la reactivación del empleo y promover la integración de proveedores locales en los diferentes sectores económicos.
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