MSF suspende por razones de seguridad sus actividades médicas en Baraka, en el este de RDC

El agravamiento del conflicto armado en el este de República Democrática del Congo ha obligado a Médicos Sin Fronteras a evacuar personal y anticipar la retirada de sus servicios sanitarios, mientras la inseguridad compromete la atención para miles de civiles

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La evacuación de equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) de la localidad de Baraka, situada a unos cien kilómetros de Uvira, ocurrió debido al rápido deterioro de la seguridad en la región, informó Europa Press. Esta decisión de retirada anticipada responde a los enfrentamientos entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y las fuerzas armadas de República Democrática del Congo (RDC), apoyadas por milicias aliadas, que han desestabilizado el área de Kivu Sur. Inicialmente, el cierre de las operaciones de MSF estaba planificado para finales de enero, pero la intensificación del conflicto obligó a adelantar la suspensión de servicios médicos, comprometiendo la atención a miles de civiles.

De acuerdo con Europa Press, representantes de MSF señalaron que la organización "no tiene más remedio que interrumpir prematuramente sus actividades médicas en Baraka, en la zona sanitaria de Fizi, por razones de seguridad", ante el aumento de los combates después de que el M23 tomó el control de Uvira. La medida fue confirmada poco antes de la intervención del presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde abordó la grave situación humanitaria en la región del este de la RDC. Durante la comparecencia, Abdelmoneim describió el colapso del sistema sanitario local, agravado por la retirada de organizaciones humanitarias en medio de la violencia.

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El contexto inmediato de este retiro lo da el avance del Movimiento 23 de Marzo (M23), que anunció el miércoles la conquista de Uvira tras varios días de enfrentamientos, detalló Europa Press. Uvira se encuentra cerca de la frontera con Burundi y su caída sucede después de una ofensiva iniciada en octubre de 2024. Como respuesta a estos acontecimientos, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países europeos pidieron a Kigali y al M23 que "cesen inmediatamente" sus acciones armadas en el este del país africano.

En contraste, el Gobierno de Ruanda acusó a RDC y Burundi de transgredir deliberadamente los procesos de paz, rechazando cualquier implicación en la escalada de los combates. "La responsabilidad de las violaciones del alto el fuego, los ataques en marcha y los combates en Kivu Sur, en RDC, no puede ser imputada a Ruanda", manifestó el gobierno ruandés, citado por Europa Press. La crispación diplomática se profundizó justo después de que los presidentes de RDC y Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, firmaron en Washington un acuerdo destinado a poner fin al conflicto, en el marco de múltiples gestiones internacionales que buscaban una solución negociada.

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La nueva fase de violencia en el este de la RDC se desencadenó tras la ofensiva del M23 al inicio de octubre de 2024, con el grupo compuesto mayoritariamente por tutsis congoleños. Desde entonces, la organización armada logró apoderarse de ciudades clave como Goma y Butembo, que actúan como capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur y permanecen bajo su control. Según Europa Press, la situación en esas zonas ha generado desplazamientos masivos de población y un acceso restringido a servicios básicos, lo que incrementa los riesgos para los civiles atrapados en el conflicto.

El conflicto entre el M23 y las fuerzas gubernamentales cuenta con una dimensión internacional y étnica. RDC ha acusado reiteradamente a Ruanda de proveer respaldo al M23, mientras que Kigali argumenta que el gobierno congoleño ejecuta acciones represivas contra los tutsis, apoyándose en grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), una milicia formada por hutus ruandeses que huyeron tras el genocidio de 1994 y operan junto a otros grupos locales en la región. Europa Press destacó que estas acusaciones cruzadas han complicado aún más los esfuerzos de mediación y han polarizado a los actores internacionales involucrados.

En términos humanitarios, la salida prematura de MSF deja a la población local en un estado de vulnerabilidad acentuada, ya que se reducen drásticamente los servicios médicos disponibles en una de las regiones más afectadas por la violencia y los desplazamientos. Las evacuaciones de personal sanitario y la interrupción de proyectos médicos limitan la asistencia frente a enfermedades y heridas derivadas del conflicto, así como la atención a mujeres, niños y personas con enfermedades crónicas, según alertó MSF en sus declaraciones a Europa Press.

El colapso del sistema de salud, en paralelo a la inseguridad y la falta de acceso, amenaza la vida de los habitantes de Baraka y de las áreas circundantes de Fizi. Las restricciones a las operaciones humanitarias y las limitaciones que enfrenta el personal médico para continuar su labor afectan directamente a quienes dependen de las clínicas y hospitales gestionados por organizaciones no gubernamentales en las provincias orientales de la RDC.

En el plano internacional, los llamados al cese de la violencia y las peticiones de diálogo entre actores regionales y grupos armados no han logrado contener la expansión del conflicto, reportó Europa Press. La intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del presidente internacional de Médicos Sin Fronteras intenta sensibilizar a la comunidad internacional sobre el agravamiento de la crisis humanitaria y la necesidad de garantizar la protección de la población civil y de los equipos sanitarios en la zona.