La juez del 'caso Plus Ultra' investiga una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos

La investigación sobre la gestión de los fondos públicos entregados a Plus Ultra en concepto de rescate durante la pandemia ha cobrado un nuevo giro a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que vincula estos recursos con actividades internacionales de blanqueo de capitales y operativas ilícitas con oro venezolano. Según informó Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha asumido la instrucción de esta causa, indagando en las conexiones entre el uso de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la aerolínea y una supuesta red criminal con presencia en Francia, Suiza y España.

La juez encargada ordenó la detención este jueves del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. Según reportó Europa Press, la medida responde a la gravedad de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la ayuda estatal, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, podría haberse destinado a reembolsar préstamos concedidos a Plus Ultra por sociedades presuntamente implicadas en una estructura criminal transnacional.

De acuerdo con el auto judicial al que accedió Europa Press, la denuncia se dirige contra siete personas, a quienes se apunta como responsables de un posible delito de blanqueo de capitales. La supuesta organización criminal estaría conformada por ciudadanos extranjeros, nacionalizados españoles, y al menos un abogado radicado en España. Este grupo, según la Fiscalía, mantendría actividades ilícitas en territorio francés, suizo y español, canalizando fondos y bienes originados en Venezuela hacia diversas operaciones financieras.

La procedencia de los fondos bajo sospecha abarca actos de malversación supuestamente perpetrados por funcionarios públicos venezolanos, principalmente desde programas oficiales como los CLAP, diseñados para proveer alimentos subsidiados a la población, y a través de ventas de oro pertenecientes al Banco de Venezuela. Según detalló Europa Press, la sociedad Plus Ultra aparece en los documentos como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres empresas asociadas a dicha red, involucradas a su vez en transacciones de oro. Tras recibir la ayuda estatal, Plus Ultra habría realizado reintegros sucesivos de estos préstamos a cuentas internacionales vinculadas con la presunta organización.

La Fiscalía Anticorrupción señala la existencia de vínculos entre la organización investigada y diversos clientes que, utilizando sus servicios, ya se encuentran bajo escrutinio policial y judicial en otras causas abiertas. Además, el medio Europa Press consignó que las maniobras para canalizar dinero hacia España involucran adquisiciones inmobiliarias, junto con la suscripción y devolución de préstamos por parte de Plus Ultra, cuyas operaciones se completaron poco después de la llegada de los fondos públicos.

Uno de los elementos destacados en la denuncia y en la resolución judicial es la utilización de sociedades instrumentales para mover capitales y facilitar operaciones como la venta de oro. En concreto, una de estas sociedades habría realizado una operación de compraventa de oro por alrededor de 30 millones de euros con una entidad radicada en Emiratos Árabes Unidos, destinando parte de los fondos a otra empresa con cuenta en Panamá. El proceso habría incluido mecanismos adicionales para enmascarar el origen ilícito del dinero, como el comercio de relojes de lujo, tal como precisó Europa Press.

La Audiencia Nacional, según informó Europa Press, no admitió la denuncia por considerar que carecía de competencia en el asunto, dado que las pesquisas sobre el rescate de Plus Ultra ya estaban en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. Fuentes jurídicas consultadas por la agencia confirmaron que este tribunal investiga no solo los hechos inicialmente señalados por la Fiscalía Anticorrupción, sino otros aspectos que puedan derivarse del uso de fondos públicos recibidos por la aerolínea.

El auto judicial recoge que las investigaciones se centran tanto en la ruta del dinero como en las personas y sociedades que participaron en la recepción y reembolso de los fondos, así como en las posibles adquisiciones de bienes a partir de estas transferencias. El rastreo de las operaciones, según Europa Press, abarca transferencias bancarias, contratos de préstamo y compraventa, y movimientos comerciales internacionales relacionados con oro y otros bienes de alto valor.

La denuncia no solo vincula a Plus Ultra con prácticas de blanqueo, sino que amplía el foco sobre la posible constitución de una red criminal que habría facilitado operaciones similares para terceros, aprovechando estructuras societarias internacionales y el intercambio de activos de difícil trazabilidad, como metales preciosos y artículos de lujo.

La investigación judicial permanece abierta y bajo secreto, mientras que fuentes consultadas por Europa Press advierten sobre la complejidad de rastrear el origen y destino final de los fondos, dada la multiplicidad de jurisdicciones implicadas. Las pesquisas continúan, con la atención puesta en el uso efectivo de los 53 millones de euros otorgados por el Estado y en la detección de eventuales responsabilidades penales de los implicados en la estructura societaria y directiva de Plus Ultra y sus contrapartes internacionales.