Tokio, 6 dic (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, prometió este sábado acabar con los "grupos criminales anónimos", conocidos en el país como 'tokuryu', tras el arresto el viernes de cuatro cabecillas sospechosos de organizar una serie de robos en Tokio y sus alrededores el año pasado.
"Me gustaría seguir con tranquilidad las investigaciones individuales, pero al pensar en los sentimientos de las víctimas de estos crímenes atroces no puedo evitar sentir indignación hacia los perpetradores. De ahora en adelante, seguiré centrándome en la erradicación de los 'tokuryu' (grupos criminales anónimos y móviles) como un asunto clave para el Gobierno", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.
La policía japonesa arrestó el viernes a los cuatro sospechosos por presuntamente organizar un atraco en una casa en la localidad de Ichikawa, al este de Tokio, en octubre de 2024, en el que una mujer de unos 50 años resultó herida.
Según las autoridades, los atracadores recibieron instrucciones a través de varias cuentas de mensajería en línea operadas por los cuatro sospechosos, recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.
Los arrestos llegan después de que la policía nipona detuviera a 51 personas a raíz de una serie de robos a hogares sucedidos entre agosto y noviembre del año pasado por valor de más de 23 millones de yenes (unos 127.000 euros) en el área metropolitana de Tokio y tres prefecturas circundantes.
Los atracadores habían recibido instrucciones para llevar a cabo los crímenes tras inscribirse por redes sociales en grupos de trabajo a tiempo parcial fraudulentos, una práctica habitual de las redes de 'tokuryu'.
Según Kyodo, el análisis de los teléfonos de los ladrones llevó a los investigadores a los cuatro sospechosos, por lo que sospechan que también fueron los cabecillas de aquellos crímenes.
La formación de grupos improvisados de criminales a través de anuncios de trabajo en redes sociales se ha convertido en un problema para las autoridades japonesas, sobre todo a raíz del declive de la yakuza por la intensificación de los esfuerzos para controlar al crimen organizado tradicional, que cada vez cuenta con menos vías de financiación y con menor número de integrantes.
Las normativas niponas en vigor desde 2011 impiden a los yakuza operar cuentas bancarias y penalizan a las empresas que hagan negocios con estas organizaciones, entre otras limitaciones.
Hasta comienzos de la década de 1990 la yakuza estaba muy arraigada en la sociedad japonesa y ostentaba su poder presentándose a elecciones locales y organizando conciertos y otros eventos de recaudación de fondos. EFE
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