
La preocupación por el trato a los detenidos durante las protestas tras las recientes elecciones presidenciales en Camerún ha aumentado entre los organismos internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas arrestadas de manera arbitraria en el contexto de las manifestaciones postelectorales, según consignó la ONU a través de un comunicado publicado en la red social X. Junto a esta demanda, el organismo reclamó a las autoridades camerunesas que la investigación sobre la muerte en prisión de Anicet Ekane, reconocido líder opositor y dirigente del Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (Manidem), se lleve a cabo de manera exhaustiva e imparcial, garantizando así la transparencia del proceso.
De acuerdo con la ONU, la muerte de Ekane bajo custodia motivó inquietud no solo por la pérdida de una figura política relevante, sino por el estado de los derechos humanos en el país africano, especialmente en relación con la represión de la disidencia tras los comicios. El organismo internacional declaró: "Estamos consternados por la muerte bajo custodia del líder opositor Anicet Ekane y preocupados por el bienestar de los manifestantes detenidos tras las elecciones presidenciales", subrayando la urgencia de esclarecer las circunstancias en torno al fallecimiento y de revisar la situación de los presos políticos.
El Ministerio de Defensa de Camerún anunció poco después la apertura de una investigación interna orientada a determinar con precisión el contexto en que Ekane perdió la vida. Según publicó la ONU, la exigencia fundamental radica en que las autoridades aporten garantías no solo sobre la imparcialidad, sino también sobre la integridad y el alcance de la pesquisa, con el objetivo de derivar en una responsabilidad clara de los eventuales responsables. En el mismo mensaje, reiteró que los manifestantes arrestados de forma arbitraria deben recuperar su libertad sin condicionamientos.
El escenario político en Camerún se ha visto fuertemente sacudido desde la celebración de las últimas elecciones presidenciales, realizadas el 12 de octubre. Durante esas jornadas y los días subsiguientes se registraron episodios de violencia, que según cifras oficiales citadas por las autoridades, dejaron al menos 20 personas fallecidas. El medio consignó que los disturbios coincidieron con denuncias de fraude electoral presentadas por el principal candidato opositor, Issa Tchiroma Bakary, así como por otros partidos y movimientos políticos críticos del proceso.
Tras conocerse los resultados oficiales, Paul Biya, presidente de Camerún desde hace más de cuatro décadas, resultó reelegido para un octavo mandato al alcanzar el 53,7% de los votos. La candidatura de la oposición, liderada por Tchiroma Bakary, obtuvo el 35,2%. Antes del anuncio de la comisión electoral, Bakary sostuvo que poseía "pruebas" que acreditaban un respaldo cercano al 60% de los sufragios a su favor, según reportó la ONU. La campaña y el escrutinio estuvieron marcados por acusaciones de irregularidades que agudizaron las tensiones políticas y sociales en el país.
Ekane y su partido Manidem respaldaron públicamente la candidatura de Bakary en las presidenciales de octubre. La muerte de Ekane mientras permanecía bajo custodia oficial generó una oleada de indignación entre simpatizantes opositores y organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. La ONU reiteró en varias ocasiones, tanto en su comunicado como en declaraciones adicionales, la necesidad de que el gobierno camerunés permita una investigación que no se limite a una evaluación superficial, sino que asegure el total esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, diversas presiones sobre las autoridades locales buscan evitar posibles represalias contra quienes participaron en las protestas y exigir que se respete la presunción de inocencia de los detenidos. Fuentes diplomáticas también han solicitando que el procedimiento de investigación no se demore y que sus resultados sean públicos y accesibles, garantizando el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y la sociedad civil en general.
La situación de los derechos civiles tras el proceso electoral y la respuesta del gobierno han sido observadas con especial atención por la comunidad internacional. El caso de Anicet Ekane se ha convertido en un símbolo del debate entorno a la protección de la integridad de los presos políticos y la transparencia de los mecanismos de justicia en Camerún. La resolución de este episodio y el trato a los manifestantes arrestados se consideran elementos clave para el futuro inmediato del panorama político camerunés.
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