La Justicia de Perú confirma la condena a 11 años de cárcel contra Castillo por conspiración y descarta el golpe

Durante la audiencia final que definió su futuro judicial, Pedro Castillo alegó ante los magistrados que la sentencia no correspondía con las acusaciones originales presentadas por la Fiscalía. El exmandatario afirmó: “su veredicto es por otro caso. Perú sabe lo que está pasando”, declaración registrada por el medio La República. Esta intervención marcó un momento clave del proceso que concluyó con la confirmación de la condena a once años, cinco meses y quince días de prisión contra Castillo, únicamente por el delito de conspiración, sin que prosperaran los cargos de rebelión o abuso de autoridad inicialmente planteados por los fiscales.

De acuerdo con La República, la decisión judicial se circunscribió solo a la figura de conspiración debido a la carencia de pruebas sobre la existencia de un alzamiento armado o una coordinación con las Fuerzas Armadas. El fallo refiere a los hechos del 7 de diciembre de 2022, día en que el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y propuso la instauración de un “gobierno de excepción”. El tribunal concluyó que, aunque este acto generó tanto el proceso penal como una reacción política inmediata en el Parlamento, los requisitos legales para atribuir el delito de rebelión no se configuraron, pues la normativa peruana exige la participación de armamento y de fuerzas militares organizadas, elementos que no se comprobaron tras el mensaje presidencial.

La acusación inicial del Ministerio Público, según publicó La República, contemplaba una pena de treinta y cuatro años de prisión bajo la tipificación de rebelión, abuso de autoridad y conspiración. Sin embargo, el análisis del tribunal descartó la rebelión y el abuso de autoridad, de modo que la sentencia impuesta quedó centrada únicamente en la conspiración, lo que determinó la reducción de la condena a once años, cinco meses y quince días. Además de la privación de libertad, Castillo quedó inhabilitado durante dos años adicionales para el ejercicio de cualquier función pública, lo que representa otra limitación para su futuro político una vez finalizada su condena penal.

Desde el punto de vista parlamentario, La República reportó que el Congreso evaluó complementar el castigo penal con una sanción de tipo político: la propuesta consistía en impedir a Castillo ejercer cargos públicos por diez años más. Sin embargo, la iniciativa legislativa no alcanzó la mayoría requerida, por lo que se desestimaron medidas restrictivas extra en el plano político. Esta decisión cierra temporalmente la vía a nuevas sanciones institucionales, limitando las consecuencias del caso a lo resuelto por la instancia judicial.

Actualmente, Castillo permanece recluido desde su destitución aquel 7 de diciembre de 2022, fecha en la que el Congreso peruano lo removió del cargo después de su anuncio de la disolución parlamentaria. Según relató La República, el entonces presidente anunció una serie de medidas para instaurar un nuevo régimen pero no logró la adhesión del estamento militar ni de otros actores clave del poder estatal, lo que imposibilitó la consolidación del “gobierno de excepción”. El tribunal tomó en cuenta la falta de respuesta militar y de manifestaciones armadas tras el mensaje presidencial al delimitar la calificación de los hechos como conspiración.

El razonamiento de la sentencia, difundido por La República, señala que la ausencia de hostilidades y de un movimiento armado, requisitos esenciales para configurar la rebelión bajo la ley peruana, restringen el fallo a la categoría menos grave de conspiración. La distinción establecida por el tribunal determina la cuantía de la pena y traza una línea divisoria respecto de otras situaciones en que sí podría declararse el delito de rebelión, lo que suele conllevar sentencias mucho más prolongadas.

Además de la resolución judicial y legislativa, el caso de Pedro Castillo ha avivado el debate público en Perú. Según La República, la controversia se polarizó por cuestionamientos acerca de la legitimidad del proceso judicial, la validez de las sanciones aplicadas y el desempeño institucional en circunstancias de alta tensión política. Sectores políticos mantienen posiciones divergentes sobre la pertinencia de la condena y el procedimiento empleado, reflejando la fragmentación existente en la vida pública peruana.

El seguimiento del proceso ha puesto de manifiesto, tal como analiza La República, los desafíos que enfrenta el sistema político cuando resuelve crisis institucionales derivadas de intentos presidenciales de romper el orden constitucional sin el soporte de las Fuerzas Armadas. El medio subraya la dificultad de regular la actuación de altos funcionarios en hechos excepcionales y las tensiones generadas entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo ante episodios que ponen a prueba los mecanismos de respuesta institucional.

El pronunciamiento judicial respecto a Pedro Castillo, consignó La República, establece un precedente sobre cómo deben valorarse judicialmente las acciones transmitidas en tiempo real por un presidente en ejercicio, así como sobre los límites de las medidas políticas complementarias que pueden imponerse tras un proceso penal. Ahora, tras lo decidido por el tribunal y el Congreso, el exmandatario afrontará únicamente las penalidades decididas en el ámbito judicial, manteniéndose vigente el debate sobre el funcionamiento de las instituciones y las medidas adecuadas ante posibles amenazas al orden constitucional.