Seúl confirma la detención de seis de sus ciudadanos en Corea del Norte y se compromete a lograr su liberación

El Ministerio de Unificación surcoreano solicitó, en marzo, la excarcelación inmediata e incondicional de misioneros retenidos en territorio norcoreano tras la aprobación de una resolución en Naciones Unidas que instaba a su liberación. En este contexto, las autoridades de Corea del Sur comunicaron este jueves la existencia de seis nacionales privados de libertad en Corea del Norte desde hace aproximadamente una década y anunciaron su intención de impulsar negociaciones con Pyongyang para facilitar el regreso de los detenidos. Según informó la agencia Yonhap, entre estas personas se encuentran tres misioneros arrestados entre los años 2013 y 2014, así como tres ciudadanos norcoreanos que desertaron y buscaron refugio en el Sur, cuyas identidades no han sido reveladas con el objetivo de salvaguardar a sus familiares que aún viven en Corea del Norte.

La oficina presidencial surcoreana subrayó que la urgencia del caso radica en la prolongada suspensión de los intercambios y diálogos intercoreanos, lo que ha perpetuado la situación de sufrimiento para los afectados. De acuerdo con Yonhap y otros medios surcoreanos, la confirmación sobre la situación de estos nacionales sucedió después de que periodistas solicitaran información acerca de si existían gestiones en curso para lograr su liberación, a lo que la oficina del mandatario Lee Jae Myung respondió inicialmente que carecía de información detallada sobre los casos, aunque se comprometió a investigarlos a fondo.

Las personas retenidas enfrentan cargos severos, entre ellos acusaciones de espionaje y otros delitos recogidos por las autoridades norcoreanas, según reportó Yonhap. La falta de transparencia sobre el estado físico y legal de los detenidos ha incrementado la preocupación entre las familias y organizaciones de derechos humanos, que insisten en la revisión constante de los casos por organismos internacionales y humanitarios.

El propio presidente Lee Jae Myung ha reiterado la importancia de retomar el diálogo y los intercambios entre ambas Coreas, un enfoque que busca revertir años de estancamiento y tensión en la península. La oficina presidencial recalcó: “es necesario abordar este problema con urgencia”, reconociendo la falta de avances durante años y la persistencia de condiciones difíciles para los ciudadanos detenidos.

Yonhap destacó que, aunque los nombres de los desertores no se han hecho públicos, la medida procura proteger de represalias a sus allegados que no lograron salir de Corea del Norte. Esta protección al anonimato responde a la naturaleza del régimen norcoreano, que suele responsabilizar a las familias de quienes huyen o colaboran con otros países.

Las autoridades surcoreanas han utilizado canales diplomáticos y humanitarios cuando la coyuntura internacional lo ha permitido, y mantienen la postura oficial de que la liberación de sus nacionales debe ocurrir sin condiciones previas. Este posicionamiento cuenta con respaldo en el ámbito internacional tras la resolución reciente de la ONU a la que hace alusión el Ministerio de Unificación.

El restablecimiento de relaciones a través del diálogo, respaldado por el actual gobierno de Seúl, intenta no solo obtener la liberación de personas privadas de libertad, sino también establecer un marco más sostenible para tratar otras cuestiones humanitarias y de seguridad en la región. Según señaló Yonhap, la iniciativa del Ejecutivo de Lee Jae Myung se enmarca en una política que privilegia el acercamiento y la negociación sobre la confrontación en los asuntos intercoreanos.

En ocasiones previas, el gobierno surcoreano ya había exigido la liberación de los misioneros detenidos. A pesar de estos esfuerzos, la escasez de avances prácticos refleja la complejidad de las gestiones con el régimen norcoreano y la persistencia de obstáculos administrativos y políticos en la región.

La confirmación sobre el número y estatus de los ciudadanos detenidos representa un giro en la política de transparencia por parte del gobierno actual, que, consultado por medios como Yonhap, reconoció ante la sociedad surcoreana el compromiso de trabajar por el regreso seguro de estas personas, en concordancia con su postura de defensa del diálogo y la cooperación intercoreana.

Según puntualizó la agencia Yonhap, la coyuntura actual evidencia la dificultad de alcanzar acuerdos en materia humanitaria y la necesidad de reactivar canales de comunicación suspendidos, ya que la ausencia de contacto directo ha perjudicado tanto los derechos de los afectados como los esfuerzos de reunificación familiar impulsados desde Seúl.