La UE acuerda condicionar a la readmisión de migrantes las preferencias comerciales para países en desarrollo

El Consejo de la Unión Europea comunicó que la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) introduce un periodo transitorio de dos años antes de que la condicionalidad de readmisión empiece a aplicarse de lleno a los países menos desarrollados. Los beneficios comerciales, como aranceles bajos o nulos, se mantendrán solo si los países en desarrollo cooperan con la Unión Europea en materia de control migratorio y aceptan el retorno de sus ciudadanos sujetos a repatriación. Esta decisión, vigente a partir del 1 de enero de 2027, modifica la forma en que el acceso preferencial al mercado comunitario es gestionado en relación con países en desarrollo y menos desarrollados, según informó el propio Consejo de la UE.

El acuerdo, tal como publicó el Consejo y confirmaron varios medios, surge tras negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, impulsadas por la intención de establecer mayores controles sobre el cumplimiento de los compromisos migratorios. La Comisión Europea será la encargada de supervisar el grado en que los países asociados al SPG cumplen con estas obligaciones y decidirá el mantenimiento o la retirada de los beneficios arancelarios, comunicando con claridad cualquier determinación tanto al propio Parlamento como al Consejo.

Según consignó el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo añadió salvaguardas adicionales para restringir el uso de la condicionalidad migratoria. Entre estos nuevos requisitos está la obligatoriedad de un proceso de evaluación con una duración mínima de un año antes de que la Unión Europea pueda adoptar cualquier decisión para suspender preferencias arancelarias. Este proceso evaluativo debe realizarse conjuntamente con el país afectado, con el objetivo de permitir tanto la corrección de deficiencias como la garantía de reglas claras antes de implementar sanciones comerciales.

El Consejo destacó que la revisión del SPG responde a la necesidad de armonizar los intereses comerciales de la Unión con un marco más exigente en cuanto a derechos humanos, normas medioambientales y condiciones laborales. Los países beneficiarios del SPG estarán obligados, según lo publicado por el Consejo de la UE, a adherirse a nuevos convenios internacionales relacionados con estos principios y someterse a una supervisión reforzada. El acuerdo estipula también la introducción de un procedimiento de emergencia para la retirada inmediata de beneficios comerciales en caso de violaciones graves de estos compromisos, especialmente aquellos relativos a derechos fundamentales o al medio ambiente.

En el ámbito agrícola, el Consejo comunicó una cláusula de salvaguardia específica para el sector del arroz, considerado particularmente delicado para los agricultores de la Unión Europea. Cuando las importaciones de arroz desde un país beneficiario del SPG superen los límites fijados, se activarán aranceles basados en el principio de nación más favorecida por un periodo determinado. Esta medida busca limitar los riesgos de alteraciones considerables en el mercado europeo del arroz. El mecanismo, de acuerdo con el acuerdo institucional, no se aplicará a otros productos agrícolas.

La reforma establece criterios similares para los sectores de textiles y etanol, aunque en este caso las salvaguardas solo afectarán a los países acogidos al SPG y el SPG+, dejando fuera a los países cubiertos por el esquema ‘Todo menos armas’ (EBA, por sus siglas en inglés), que se dirige a los países menos desarrollados. Para que entren en vigor las restricciones sobre textiles y etanol, las importaciones del país en cuestión deberán superar simultáneamente el 6% del total de la Unión Europea para ese producto y el 47% de las compras a todos los beneficiarios del SPG.

El acuerdo incorpora también medidas para reforzar la vigilancia sobre el comportamiento del mercado de productos agrícolas, con mecanismos que permiten a la Comisión Europea intervenir de manera rápida ante posibles aumentos inesperados en las importaciones. Se estipulan plazos definidos para las evaluaciones de impacto y la eventual adopción de medidas de protección, según indicó el Consejo en su comunicación oficial.

El proceso de reforma del SPG se vio interrumpido en 2023 debido a desacuerdos entre el Parlamento Europeo y el Consejo, motivados sobre todo por el rechazo inicial a combinar políticas migratorias con beneficios comerciales para países en desarrollo. Tras la reanudación de las negociaciones, el nuevo Parlamento Europeo propuso condiciones más estrictas y mecanismos de consulta obligatoria, los cuales ahora forman parte del texto final.

La decisión todavía deberá ser ratificada formalmente por los 27 países miembros de la Unión Europea y aprobada por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, detalló el Consejo. Estas modificaciones al Sistema de Preferencias Generalizadas suponen un endurecimiento de las exigencias para países en desarrollo y menos desarrollados que deseen mantener ventajas comerciales con el bloque europeo. El Consejo de la Unión Europea reiteró que el nuevo marco legal busca asegurar una relación comercial basada en compromisos verificables en materia de migración, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental.