Aumentan hasta un 40% las valoraciones por debajo del 33% de discapacidad tras el nuevo baremo, según COCEMFE

Según el informe presentado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la proporción de personas consideradas totalmente insatisfechas con el sistema de valoración por discapacidad ha experimentado un aumento desde la entrada en vigor del nuevo baremo. Este análisis, divulgado en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, revela que el 46% de los participantes en el estudio manifiestan un grado total de disconformidad, frente al 32% que se registraba antes de abril de 2023, fecha en la que comenzó a regir el nuevo mecanismo evaluador.

De acuerdo con COCEMFE, la modificación del baremo ha provocado que el porcentaje de personas que reciben una calificación de discapacidad por debajo del 33% pase del 33% al 40%. El informe, titulado 'Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz', examina la implementación del Real Decreto 888/2022 y utiliza datos recabados a partir de más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico entre abril de 2023 y finales de año. Según consignó el medio, la investigación identifica problemas estructurales en la calidad y consistencia de las valoraciones, además de resaltar deficiencias en la aplicación de la normativa en distintas comunidades autónomas.

El estudio difundido por COCEMFE indica también que aproximadamente el 48% de las personas valoradas han tenido que esperar más de un año para obtener una resolución. Galicia y Andalucía figuran entre las regiones más afectadas, pues sus plazos de atención presentaron incrementos de entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los registros del baremo anterior. Detalla la organización que estos retrasos prolongan la incertidumbre de las personas solicitantes, poniendo en riesgo el acceso oportuno a prestaciones y servicios adaptados a sus necesidades.

COCEMFE subraya además relevantes diferencias territoriales en la aplicación del baremo. El informe señala que en la Comunidad Valenciana menos de la mitad de las valoraciones se realizó de forma presencial, y hasta el 45% de los expedientes se resolvieron basándose únicamente en informes médicos, sin entrevistas o exámenes directos. Esta práctica, según la confederación, fomenta la desconfianza en la equidad y el rigor del proceso, dando pie a percepciones de injusticia entre la población afectada.

Asimismo, la investigación refleja que la proporción de resoluciones definitivas ha descendido del 79% anterior al 69% actual, lo que significa un aumento en la cantidad de expedientes que permanecen sujetos a revisión. Esta situación, según COCEMFE, incrementa la inseguridad y el malestar entre los solicitantes, quienes desconocen si su caso recibirá un trato definitivo o si será objeto de futuras modificaciones.

Respecto a la capacitación del personal encargado de las valoraciones, el informe detecta un déficit importante. El 68% de las personas encuestadas opina que los equipos de valoración no cuentan con suficiente conocimiento sobre su tipo específico de discapacidad, un fenómeno especialmente marcado en casos de patologías orgánicas o poco visibles. Además, el 77% considera que el proceso de evaluación no toma apropiadamente en cuenta la existencia de comorbilidades, lo que dificulta obtener un diagnóstico y una calificación ajustados a la realidad individual.

En relación con el procedimiento de reclamación, el informe de COCEMFE destaca un bajo índice de éxito. Solo el 11% de quienes presentan recursos consigue que se incremente el grado de discapacidad reconocido. Por otro lado, el porcentaje de quienes ven reducido su grado tras reclamar asciende del 6% al 13%. Estos datos contribuyen a que el mecanismo se perciba como punitivo, desalentando potencialmente la presentación de reclamaciones. El 59% de los participantes se declara totalmente insatisfecho con la gestión de sus reclamaciones, señalando demoras, falta de respuestas o resoluciones que consideran insuficientemente fundamentadas.

En palabras del presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, recogidas por la organización, “el nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”. Esta declaración aparece en un contexto en el que el porcentaje total de personas inconformes, ya sea de manera parcial o total con la valoración, pasó del 67% antes del cambio normativo al 74% posterior a abril de 2023.

Según detalló COCEMFE, la implementación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023, ha evidenciado un incremento notable de las reclamaciones y ha puesto en relieve lo que califica como fallos estructurales en la formación y recursos de los equipos de valoración. El informe remarca la necesidad de reformas para evitar que el baremo se utilice como mecanismo restrictivo, limitando el acceso a derechos previamente reconocidos. Además, la caída en las resoluciones definitivas genera un clima de incertidumbre prolongada para un colectivo que, según COCEMFE, ya se enfrenta a múltiples barreras sociales y administrativas.

El medio señala que la campaña de divulgación sobre el documento ha recibido financiación dentro del marco de las subvenciones del 0,7% gestionadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Parte del objetivo de la confederación es visibilizar estos problemas y proponer soluciones ante las administraciones competentes.

Ante el panorama identificado, COCEMFE solicita la aplicación urgente de una serie de medidas. Estas incluyen la obligación de completar cada valoración en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud inicial, el refuerzo de los equipos de valoración incorporando profesionales especializados en discapacidades físicas y orgánicas, la homogeneización de criterios entre las distintas autonomías y la garantía de que las evaluaciones sean presenciales, relegando las resoluciones basadas exclusivamente en informes médicos al mínimo imprescindible. La organización reclama además que se mejore la calidad y la transparencia del proceso para lograr una valoración más justa y ajustada a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Tal como subraya el informe, el modelo actual, basado en la nueva normativa, no satisface las expectativas de los colectivos a quienes pretende servir, y la lentitud, las desigualdades territoriales y la falta de formación del personal especializado persisten como retos fundamentales.