Transformación Digital excluye a Telefónica del contrato de ciberseguridad del Estado

La verificación en el registro de planes de igualdad, efectuada de oficio por la Mesa de Contratación, determinó que Govertis Advisory Services, empresa del grupo Telefónica integrada en la UTE candidata, no contaba con el plan de igualdad debidamente inscrito, pese a que constituye un requisito obligatorio para compañías con plantillas superiores a cincuenta personas. El acta de la sesión celebrada el 12 de noviembre de 2025 reflejó que dicha carencia supuso una causa legal que impidió continuar en el proceso de adjudicación para el lote 3 del contrato estatal de telecomunicaciones, situación que dejó sin adjudicatario provisional este segmento estratégico destinado a servicios de interconexión, seguridad e Internet en organismos públicos. Según informó el medio fuente, este motivo derivó en la exclusión de Telefónica de España y Telefónica Soluciones, agrupadas en la UTE TdE-TSOL, del proceso impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital.

De acuerdo con la información publicada, la ausencia de ese documento inscrito en el registro oficial Regcon comporta una prohibición expresa para contratar con la administración, tal como establece la Ley de Contratos del Sector Público. La Mesa de Contratación señaló que el acceso a este tipo de licitaciones requiere el cumplimiento personal y no solo formal de esta obligación, por lo que el hecho de que Govertis —pieza central para la acreditación de la solvencia técnica de la propuesta— careciera de dicho requisito afectó de manera directa la validez de la oferta global presentada por la UTE liderada por Telefónica. El medio fuente detalló que la solvencia técnica necesaria para el lote 3 dependía de la participación específica de Govertis, cuya situación administrativa resultó determinante en la exclusión.

Tras constatar este impedimento, la UTE propuso sustituir a Govertis por Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), filial que sí disponía de las capacidades técnicas requeridas en el pliego, incluyendo la figura del responsable de cumplimiento legal. Sin embargo, la Mesa rechazó la alternativa puesto que la solicitud se entregó cuando ya había concluido el plazo establecido para modificar las ofertas. Según publicó el medio fuente, permitir tal cambio posteriormente habría supuesto modificar las condiciones de la propuesta una vez cerrado el periodo de presentación, vulnerando los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato exigidos en los procesos de contratación pública.

El impacto de esta decisión alcanza a otros apartados de la licitación. Según detalla la documentación revisada, ante la posible exclusión definitiva de la única propuesta válida, el lote 3 —correspondiente a los servicios de interconexión de centros de datos públicos— podría quedar desierto al no existir más ofertas clasificadas para esa parte del contrato. La propia Mesa de Contratación elevó una consulta al órgano responsable para esclarecer los efectos concretos sobre el lote 1, al compartir licitadores implicados en ambos procesos, según consignó el medio fuente.

El proceso de licitación estatal en cuestión corresponde a la tercera fase de consolidación de servicios digitales y telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas. Tal como informó la fuente original, este expediente pretende centralizar y uniformar contratos relacionados con comunicaciones y ciberseguridad bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Función Pública, actuando como marco de referencia para la gestión de servicios digitales esenciales en organismos públicos.

La normativa vigente exige que las empresas que aspiran a firmar contratos públicos dispongan de un plan de igualdad correctamente registrado, circunstancia que en anteriores fases del concurso ya provocó la anulación de una adjudicación a MaSOrange por motivos similares, según detalló el medio fuente. Estos antecedentes refuerzan el papel del seguimiento registral y el cumplimiento normativo en procesos donde la ley busca garantizar la igualdad laboral y la transparencia.

La licitación abarca servicios críticos que afectan a múltiples departamentos gubernamentales, integrando lotes que incluyen tareas relacionadas con seguridad de la información, conectividad y desarrollo digital, según informó el medio fuente. Las verificaciones realizadas en el registro Regcon, y las consecuencias derivadas de su cumplimiento estricto, han marcado las pautas de acceso a contratos de alto valor estratégico, poniendo de relieve la relevancia del cumplimiento completo de los requerimientos legales para los participantes.

El episodio evidencia que los grandes proveedores tecnológicos, incluso aquellos considerados referentes en el sector como Telefónica y sus filiales, pueden verse excluidos de procesos públicos de alta sensibilidad por causas normativas que afectan tanto a la igualdad de oportunidades como a los procedimientos internos de las compañías. La actualización y el control de estos requisitos legales condicionan la capacidad de las empresas para acceder a contratos que repercuten en cuestiones centrales de la vida administrativa, como la operatividad y protección digital de las instituciones estatales.

El futuro de la adjudicación del lote 3 queda pendiente de la respuesta que aporte el órgano de contratación ante la consulta de la Mesa y de la ratificación o no de la decisión de exclusión de la UTE encabezada por Telefónica. En este escenario, parte de los servicios estatales de interconexión y ciberseguridad continúa sin adjudicación provisional, un hecho que, según reportó la fuente original, genera implicaciones para la seguridad y funcionamiento diario de distintos organismos públicos dependientes de estos sistemas digitales.