Detenidos catorce ultras del Betis y del Sevilla tras una reyerta cerca del estadio Sánchez-Pizjuán

La investigación judicial en curso incluye la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de testigos que presenciaron los hechos en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Según informó la Policía Nacional, estos trabajos buscan atribuir responsabilidades a quienes hayan participado en la pelea entre grupos radicales vinculados al Sevilla FC y al Real Betis, y permitirán determinar si se deben realizar nuevas detenciones ante la evidencia recopilada durante y después del suceso violento.

De acuerdo con el comunicado reproducido por diversos medios, la intervención policial formó parte de un plan preventivo fortalecido tras recientes incidentes similares en distintas ciudades españolas. El despliegue incluyó la presencia de unidades antidisturbios y patrullas adicionales en la zona que rodea al estadio, coordinadas con autoridades locales para minimizar el impacto de los aficionados radicales durante el partido entre los dos clubes sevillanos. Según publicó la Policía Nacional, la operación culminó con la detención de catorce personas acusadas de participar en el enfrentamiento que ocurrió el viernes 28 de noviembre.

Los informes policiales, recogidos por diversos medios, detallan que los agentes incautaron materiales peligrosos tras la reyerta, entre ellos bengalas, petardos, palos y otros objetos contundentes presuntamente utilizados por los participantes. Este hallazgo refuerza la línea de investigación que apunta al uso de estos elementos como parte de los altercados ocurridos antes del inicio del evento deportivo, un contexto habitual en la rivalidad histórica entre grupos ultras de ambos equipos.

La actuación de la policía, según informaron fuentes oficiales, responde a la estrategia diseñada en la última Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, en la que se acordó intensificar la vigilancia sobre los movimientos de estos grupos. Así, la anticipación de potenciales altercados permitió que los agentes se desplegaran rápidamente tras detectarse la concentración de aficionados radicales en las cercanías del estadio.

Según precisó la Policía Nacional, el operativo se implementó con agentes ubicados en puntos estratégicos del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que contribuyó a una respuesta inmediata en el momento que la situación degeneró en violencia física. Las autoridades locales y la Delegación del Gobierno mantuvieron una coordinación constante durante el desarrollo del dispositivo, que tenía como principal objetivo reducir los riesgos para los asistentes al partido y los residentes de la zona.

El episodio, señalado por el cuerpo de seguridad como parte de una tendencia de incidentes recientes vinculados al fútbol, se suma a los esfuerzos nacionales orientados a la prevención de disturbios protagonizados por hinchas radicales. Según consignó la Policía Nacional, las detenciones practicadas podrían no ser las últimas, ya que el análisis de pruebas y el rastreo de los movimientos de los implicados continúan abiertos, tanto en Sevilla como en otras ciudades donde se han reportado hechos similares en el pasado reciente.

Tal como reveló la Policía Nacional, además del despliegue terrestre, la operación incluyó la utilización de medios de vigilancia aérea con el objetivo de controlar la movilidad de los grupos radicales no solo junto al recinto deportivo sino en vías adyacentes y ejes de transporte cercanos. La Junta de Seguridad había dispuesto esta combinación de recursos ante la reincidencia de enfrentamientos previos en los clásicos locales, en los que ambas aficiones han protagonizado disturbios y conductas contrarias al orden público.

Las fuerzas del orden, según la nota reproducida por varios medios, mantienen activa la investigación sobre las identidades de las personas que participaron en el altercado pero no fueron detenidas durante la intervención inicial, y han reiterado que cualquier avance será comunicado oficialmente una vez se confirme. Mientras tanto, los catorce individuos arrestados enfrentarán en los tribunales cargos relacionados con altercados en espacio público, uso indebido de objetos peligrosos y daños contra el orden social, de acuerdo con los delitos y responsabilidades que determine el juzgado instructor.

La decisión de endurecer la vigilancia y la coordinación entre cuerpos de seguridad deriva, según detalló la Policía Nacional, de la necesidad de garantizar entornos seguros en eventos con alta concentración de público, especialmente en partidos cargados de rivalidad como los que disputan el Sevilla FC y el Real Betis. A raíz de la Junta de Seguridad, la Subdelegación del Gobierno dispuso medidas excepcionales entre ellas un refuerzo de presencia policial y la monitorización de los desplazamientos de las peñas ultras.

El incidente registrado en las inmediaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán ejemplifica la problemática derivada de la existencia de grupos organizados de aficionados radicales, cuyas acciones exceden el ámbito deportivo y derivan en potenciales riesgos para la ciudadanía. Según publicó la Policía Nacional, la recopilación de pruebas incluye el análisis de videos tomados durante el desarrollo del altercado, tanto por cámaras de seguridad públicas como privadas, y la toma de declaraciones a quienes fueron testigos presenciales.

Reportes añadidos por las autoridades indican que la persecución penal de los responsables podría conllevar tanto sanciones administrativas como penas privativas de libertad, dependiendo del grado de implicación constatado tras el cruce de pruebas visuales, materiales y testimoniales recopiladas en la investigación. Según remarcó la Policía Nacional, el objetivo central de la estrategia actual sigue siendo impedir la repetición de altercados similares y garantizar la integridad de los aficionados y vecinos de las áreas colindantes a los estadios durante fechas de máxima afluencia.

El caso de los catorce detenidos tras la última pelea en Sevilla representa un capítulo más en las acciones impulsadas por administraciones y cuerpos policiales para combatir la violencia relacionada con el fútbol, marcada por una vigilancia reforzada y una política de tolerancia cero frente a las agrupaciones ultra que reiteran comportamientos violentos. Las autoridades han reiterado que cualquier novedad relevante respecto a la evolución del caso será difundida a través de los canales oficiales establecidos.