Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, enfatizó la importancia de mantener tolerancia cero frente a cualquier abuso y contra la impunidad, subrayando que la lucha de los movimientos feministas y de la sociedad civil ha resultado decisiva para denunciar agresiones y exigir una protección real. En medio de estas declaraciones, la noticia sobre la detención de un hombre acusado de agredir físicamente a activistas de Femen durante una manifestación frente a la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid ha ocupado el foco público, según publicó la Delegación del Gobierno y medios nacionales.

Según informó la Delegación del Gobierno, la intervención de la Policía Nacional ocurrió tras una denuncia presentada por integrantes de Femen, quienes protestaban en oposición a una misa en homenaje a Francisco Franco. Las activistas relataron que el detenido aprovechó la multitud reunida en el acceso al templo para realizar tocamientos no consentidos. El incidente activó una respuesta policial inmediata, conduciendo a la identificación y posterior captura del presunto agresor, según detallaron representantes institucionales y reportaron diversos medios.

A raíz de lo ocurrido, organizaciones de defensa de derechos, así como personalidades políticas, manifestaron su apoyo a las integrantes de Femen y reclamaron una respuesta firme ante los hechos. De acuerdo con la información publicada, la Delegación del Gobierno recalcó que la intervención policial se enmarca dentro de los esfuerzos institucionales en curso para erradicar la violencia sexual y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, en especial la integridad física y moral de quienes participan en manifestaciones o actos de reivindicación social. Autoridades reafirmaron: “la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones”, según recogieron varios medios españoles.

El acto de protesta, organizado frente al mismo templo donde se celebraba una ceremonia religiosa dedicada al recuerdo del dictador, respondía, según los convocantes, a la denuncia pública de los homenajes y discursos vinculados al pasado dictatorial en espacios de la vida actual. El contexto en que se desarrolló la movilización estaba ya marcado por el debate sobre la memoria histórica y la legitimidad de mantener homenajes a personajes relacionados con regímenes autoritarios, asunto que ha cobrado especial atención en la agenda pública en España en los últimos años.

Durante el transcurso de la concentración, tuvo lugar el episodio de acoso sexual denunciado, en el que un hombre, ahora detenido, ejecutó presuntas agresiones físicas contra las activistas mientras pronunciaban consignas frente al recinto religioso. Tras el suceso y la presentación formal de la denuncia por parte de las víctimas, la Policía Nacional intervino y procedió con la detención. Según consignó la Delegación del Gobierno, la investigación permanece en curso y no se descartan nuevas denuncias a partir de lo sucedido.

La ministra Ana Redondo, en declaraciones recogidas por los medios, lamentó las agresiones y cuestionó la persistencia de conductas y eventos que ensalzan a dictadores medio siglo después del fin del franquismo. Sostuvo: “Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada”, en referencia a la vigencia de expresiones de intolerancia y exaltaciones no compatibles con los valores democráticos, según relató la cobertura periodística.

En el análisis de los hechos, representantes de la Delegación del Gobierno insistieron en la función esencial de la protesta y la libertad de expresión como pilares de la democracia. Remarcaron la responsabilidad de velar por un contexto seguro y libre de agresiones para quienes deciden ejercer estos derechos, explicando que los cuerpos policiales y las autoridades mantienen una vigilancia activa en actos marcados por elevada tensión social.

El caso se encuadra en un contexto de polarización pública respecto a la memoria histórica y la reacción ante homenajes a figuras del pasado dictatorial. Según reportó la prensa nacional, los debates sobre la reivindicación de símbolos y personalidades relacionadas con episodios represivos han motivado nuevas formas de participación social y manifestaciones, así como una respuesta activa por parte de los órganos encargados de la garantía de derechos y de la prevención de delitos asociados a la violencia de género.

Diversas organizaciones sociales han reiterado en días recientes la relevancia de la colaboración entre entidades gubernamentales, colectivos feministas y fuerzas de seguridad para hacer frente a los desafíos planteados tanto por la violencia específica hacia las mujeres como por la defensa efectiva del derecho a reunión y libertad de expresión, según consignaron distintos medios consultados.

El compromiso institucional se ha visto reflejado en el acompañamiento y seguimiento de la denuncia presentada por las integrantes de Femen, además de la apertura a nuevas diligencias en caso de detectarse otras agresiones similares derivadas del mismo evento. El procedimiento seguido por la Policía Nacional y la reacción de la Delegación del Gobierno refuerzan, en este sentido, el mensaje de rechazo a todo tipo de agresión durante protestas y concentraciones legítimas, según comunicaron fuentes oficiales.

La cobertura de los hechos coloca de manifiesto la relevancia social y política de abordar la violencia de género y la protección de los derechos civiles en un entorno afectado por los ecos del pasado dictatorial. Los avances legislativos y la actuación coordinada entre instituciones constituyen algunos de los elementos subrayados por los medios nacionales para explicar la respuesta dada al episodio por parte de las autoridades.

El seguimiento del caso mantiene la atención pública sobre la gestión y prevención de incidentes en manifestaciones, así como en el fortalecimiento del marco que asegura la protección integral de quienes participan en protestas. Las autoridades reiteraron que la investigación continúa abierta mientras revisan el desarrollo detallado de los hechos y las posibles implicaciones legales derivadas de la detención, de acuerdo con la información proporcionada por la Delegación del Gobierno.