Guterres condena el golpe en Guinea Bissau e insta a los militares a restablecer "el orden constitucional"

La controversia originada por los resultados de las elecciones presidenciales en Guinea Bissau, en la que se proclamaron ganadores tanto Umaro Sissoco Embaló como Fernando Dias da Costa, generó un clima de tensión política que fue aprovechado por las fuerzas armadas para destituir al presidente Embaló y detener a varios líderes opositores. Según informó la ONU, este contexto agravó la polarización y debilitó la confianza en la integridad del sistema electoral, lo que finalmente desembocó en la intervención militar y el aumento de la inseguridad jurídica en la nación. En medio de este escenario, la comunidad internacional manifestó su preocupación ante el riesgo de que la crisis guineana se replique en otros países de África Occidental.

La ONU reportó que la intervención militar incrementó el escepticismo respecto a la transparencia de los procesos democráticos y profundizó la desconfianza entre los actores políticos. El traslado forzado de Embaló a Senegal, así como la presencia activa de las fuerzas armadas en la vida política e institucional, contribuyeron a consolidar la percepción de una crisis democrática de gran calado. De acuerdo con declaraciones recogidas por la ONU, António Guterres, secretario general del organismo, condenó el derrocamiento por la fuerza y reclamó a los militares el restablecimiento “inmediato del orden constitucional”.

En el mismo sentido, Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, describió el episodio como “una afrenta significativa al Estado de derecho”. El medio oficial de la organización detalló que, tras la destitución, se configuró un entorno marcado tanto por la incertidumbre como por un aumento en las detenciones de opositores y de funcionarios ligados al gobierno desplazado. Estas acciones contribuyeron a consolidar un clima de vulnerabilidad jurídica y social, según consignó la ONU, lo que dificultó la recuperación del funcionamiento democrático.

Las reacciones de la comunidad internacional no tardaron en llegar. Diversos organismos multilaterales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana y el Foro de Ancianos de África Occidental emitieron comunicados en los que condenaron la destitución violenta y exigieron que cualquier controversia sobre resultados electorales se canalice a través de los cauces constitucionales y legales. Estos grupos rechazaron tajantemente el uso de la fuerza armada como herramienta de transición de poder, respaldando las demandas de la ONU para el retorno de la legitimidad institucional.

La CEDEAO analizó la adopción de sanciones dirigidas a los responsables del levantamiento, iniciativa que recibió apoyo de la Unión Africana y de otros actores internacionales según detalló la ONU. La posibilidad de sanciones busca desincentivar la repetición de episodios similares y reafirmar el compromiso con la legalidad nacional, la transparencia y el rechazo a soluciones ajenas al marco constitucional. Los organismos multilaterales sostienen que recuperar la confianza ciudadana requiere la adhesión estricta a los principios democráticos, la garantía de procesos electorales libres de injerencia militar y la liberación de los detenidos en el contexto de la crisis.

La ONU destacó que la situación tiene ramificaciones que trascienden las fronteras guineanas. Diplomáticos de países vecinos citados por el organismo advirtieron que la propagación de estos hechos podría erosionar la estructura institucional en África Occidental, favoreciendo la instauración de movimientos similares en otras jurisdicciones. Se teme que la inestabilidad generada afecte la seguridad regional y fomente nuevas crisis en países históricamente vulnerables a la intervención armada en la política.

En respuesta a la gravedad del conflicto, la ONU y varios organismos regionales mantienen una supervisión constante del desarrollo de los acontecimientos en Guinea Bissau, con especial énfasis en la validación de los resultados electorales y en el seguimiento de las condiciones de los detenidos políticos. Se revisan de forma continua las iniciativas nacionales e internacionales dirigidas al restablecimiento del Estado de derecho y la eventual imposición de sanciones adicionales si persisten los obstáculos para normalizar el gobierno civil.

El organismo internacional remarcó la necesidad de crear espacios de diálogo político que sean inclusivos, capaces de restituir la legitimidad de las instituciones y de brindar garantías a la población de que las futuras transiciones políticas reflejarán la voluntad popular en circunstancias transparentes y libres de imposición militar. Voceros de la ONU insistieron en la prioridad de resguardar los derechos fundamentales, restaurar la seguridad jurídica y propiciar que las nuevas autoridades actúen dentro del marco legal y con respeto a los principios democráticos.

El seguimiento a la crisis en Guinea Bissau incluye también el apoyo técnico y político proporcionado por la ONU y aliados multilaterales, enfocado en el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho no sólo en el país sino en toda la región. De acuerdo con los comunicados difundidos por la organización, las futuras intervenciones internacionales y la evaluación de la crisis estarán guiadas por la capacidad de las autoridades locales para respetar la legalidad nacional y eliminar toda posibilidad de acceso al poder por la vía armada.

Por último, la ONU puntualizó que su vigilancia se extenderá al monitoreo de los derechos de los detenidos políticos y al progreso de cualquier iniciativa que priorice una transición institucional y democrática en Guinea Bissau. La reconstrucción de la confianza pública y de la legitimidad de las instituciones representa uno de los principales desafíos para la diplomacia internacional, en un contexto donde la estabilidad política y la prevención de nuevas crisis similares constituyen preocupaciones centrales.