La Eurocámara avala retrasar un año la ley de deforestación para facilitar su aplicación entre las empresas

La institución comunitaria aprueba postergar la norma europea sobre tala, otorgando tiempo extra a compañías para ajustarse a requerimientos más flexibles y reduciendo los trámites especialmente para firmas de menor tamaño, en respuesta al pedido empresarial de mayor adaptación

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Las empresas de menor tamaño, que cuentan con menos de cincuenta empleados y facturan menos de diez millones de euros anuales, dispondrán de un plazo extendido hasta el 30 de junio de 2027 para ajustarse a la normativa europea contra la deforestación, según el nuevo calendario aprobado. Mientras tanto, las grandes compañías y comerciantes deberán adaptarse a estas obligaciones a partir del 30 de diciembre de 2026. Esta extensión temporal representa una de las principales modificaciones introducidas tras la decisión del Parlamento Europeo, presentada como parte de un paquete legal enfocado en simplificar los trámites administrativos vinculados a la legislatura medioambiental, tal como detalló el medio.

La Eurocámara aprobó el miércoles la postergación de un año en la aplicación de la ley europea de deforestación, en respuesta al pedido de diversos sectores empresariales que solicitaron mayor margen para implementar los requisitos de la nueva normativa. Según consignó el medio, la votación otorgó carácter urgente al trámite de la propuesta elaborada por la Comisión Europea, que busca facilitar el cumplimiento de la normativa y aliviar la carga administrativa, especialmente para las pymes.

De acuerdo con el medio, la ley indica que las compañías deberán presentar declaraciones de diligencia debida para demostrar que los productos comercializados no contribuyen a la deforestación y cumplen los estándares medioambientales de la Unión Europea. Este trámite se realizará mediante un sistema electrónico. No obstante, el paquete de simplificación prevé que la obligación formal de presentar declaraciones recaerá solo en las empresas que introducen por primera vez los productos en el mercado europeo, y no en aquellas que simplemente los comercializan posteriormente, explicó el mismo medio.

Dentro de este contexto, el Parlamento Europeo optó por que las empresas más pequeñas presenten únicamente una declaración simplificada, en contraste con los procedimientos más exigentes de la normativa original. Así, se busca reducir la complejidad burocrática y los costes para este segmento empresarial, manteniendo, según reportó el medio, el objetivo global de proteger los bosques y garantizar la trazabilidad de las cadenas de suministro.

El medio señaló que para el año 2026 está prevista una nueva revisión parlamentaria de las medidas, con el propósito de evaluar tanto el impacto de la ley en la lucha contra la deforestación como la carga administrativa generada desde su implementación. Esto permitirá al Parlamento analizar si las modificaciones introducidas han facilitado la adaptación de las empresas y si existen motivos para nuevos ajustes en el futuro.

Entre los puntos destacados por la publicación se encuentra que la reforma pretende equilibrar la protección medioambiental con la competitividad empresarial dentro del mercado comunitario. Las autoridades europeas esperan que estos cambios hagan más eficaz la aplicación de la legislación y eviten retrasos o incumplimientos derivados de procesos administrativos considerados demasiado exigentes para ciertos sectores.

El medio detalló además que la decisión de flexibilizar y demorar la entrada en vigor de estas obligaciones responde a una presión creciente del sector privado, que advertía sobre las dificultades logísticas y económicas para cumplir con la ley en los plazos originales. La Comisión Europea buscó responder a estas inquietudes introduciendo criterios diferenciados en función del tamaño y la capacidad operativa de las empresas.

Esta medida forma parte de un proceso de reforma legislativa más amplio a nivel europeo, con el que las instituciones comunitarias intentan adaptar el marco regulatorio a las realidades del tejido empresarial y al mismo tiempo sostener las metas climáticas y ambientales acordadas previamente. La revisión que tendrá lugar en 2026 será clave para determinar el grado de éxito de la normativa revisada y la posible necesidad de ajustes adicionales, según especificó el medio.