Petro pide perdón a las madres de los menores muertos en bombardeos contra grupos armados y paramilitares

La cifra de 240 menores reclutados por la disidencia armada liderada por alias ‘Iván Mordisco’, procedentes de cabildos y comunidades indígenas, presentó una imagen alarmante del fenómeno del reclutamiento infantil en Colombia y vinculó directamente el conflicto armado con una crisis humanitaria de fondo. Esta realidad coincidió con la más reciente disculpa pública del presidente Gustavo Petro tras confirmarse la muerte de siete menores en un bombardeo militar en Guaviare, en hechos que reavivaron el debate nacional sobre el impacto de las operaciones contra grupos ilegales y la protección de la infancia, según consignó el medio original.

El presidente Petro, jefe de las fuerzas armadas del país, pidió perdón a las madres y las familias de las víctimas en un mensaje público emitido el miércoles, después de que el Instituto de Medicina Forense confirmara que 15 menores murieron en bombardeos realizados por el ejército desde agosto en los departamentos de Arauca, Amazonas y Guaviare. De acuerdo con lo publicado por el medio, Petro reconoció su responsabilidad en calidad de comandante sobre las muertes ocurridas durante acciones militares destinadas a combatir grupos armados y paramilitares responsables de reclutar forzadamente a niños y adolescentes.

Según la información reportada, la acción militar en Guaviare que derivó en el fallecimiento de siete menores tenía como objetivo, en palabras del presidente, defender a soldados colombianos enfrentados a una fuerza “seis o siete veces superior” y situada a solamente 285 metros de sus posiciones. Petro explicó que las medidas adoptadas respondieron a un criterio de protección del personal militar, en un contexto donde las disidencias de las FARC utilizan menores en sus filas, complicando la aplicación de los protocolos de protección infantil.

De acuerdo con el medio original, el mandatario hizo énfasis en que su administración no procura replicar antecedentes de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y subrayó que los procedimientos implementados han buscado ajustarse a los principios internacionales que rigen el conflicto armado. Sin embargo, la muerte de menores en combate también motivó interrogantes sobre la legitimidad de las operaciones y el cumplimiento estricto de las garantías humanitarias en zonas de enfrentamiento. Petro sostuvo que los menores afectados habían sido “formados y armados”, integrando de manera efectiva grupos armados ilegales y participando directamente en hostilidades.

En declaraciones recogidas por el medio, el presidente subrayó que la mayor gravedad del fenómeno radica en la pérdida de vidas jóvenes que habrían podido contribuir al desarrollo del país: “Eso no impide que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate, tanto desde el campo de los adultos como en el campo de los menores, que es peor porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana”, manifestó Petro, reafirmando la gravedad de los hechos y la complejidad del reclutamiento forzado en el contexto del conflicto.

El Instituto de Medicina Forense, según informaron los medios, contabilizó un total de quince menores muertos por bombardeos ejecutados por el ejército colombiano en el período comprendido desde agosto, e identificó que las víctimas procedían de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales y paramilitares. El fenómeno afecta principalmente a regiones indígenas y rurales, donde actores armados ilegales han profundizado la cooptación de menores, según el panorama descrito en el medio original.

El impacto y las consecuencias de estas muertes no se limitan al ámbito militar y judicial. El debate público se ha agudizado en torno al respeto de los derechos de los niños afectados por el conflicto, la corresponsabilidad estatal en la protección de la infancia y la eficacia de los mecanismos legales nacionales y de los protocolos internacionales en la intervención armada. De acuerdo a lo recogido en el medio, el Estado ha respondido en los 1.400 choques armados reportados por las autoridades procurando acatar el Derecho Internacional Humanitario. Menores que han sido detenidos han sido trasladados a instituciones orientadas a su protección, educación y reinserción, o en otros casos, regresados a sus comunidades indígenas, conforme a lo reportado.

La Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre los hechos ocurridos en Guaviare así como sobre la admisión pública de responsabilidad por parte del presidente Petro. El mandatario afirmó: "Me declaro responsable como comandante", indicando su disponibilidad para rendir cuentas tanto ante la sociedad como ante los órganos judiciales competentes, según divulgó el medio.

El carácter intencionado del reclutamiento forzado de menores quedó en el centro de la discusión nacional, alimentado también por la aclaración del presidente de que los menores fallecidos no eran víctimas accidentales sino participantes activos a raíz de la coacción de los grupos armados. "No se trataba de niños que pasaban por ahí, o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados", precisó Petro en declaraciones difundidas por el medio consultado.

Las reacciones y controversias en el ámbito nacional giraron en torno a las prácticas de combate de las fuerzas armadas, la protección de menores de edad y la efectividad con la que el Estado enfrenta el problema estructural del reclutamiento forzoso. El seguimiento judicial y político sobre estos hechos se mantiene en un contexto donde la violencia armada ha golpeado de forma persistente a las poblaciones más vulnerables, según remarcaron las fuentes.

La agenda nacional refleja actualmente una alta sensibilidad social acerca de la protección de los derechos de la infancia y la vigilancia pública sobre el cumplimiento de las normas internacionales en operaciones militares. El análisis y el seguimiento de estas acciones continúan, impulsados por el impacto de las cifras oficiales y por la presión ejercida por la sociedad civil ante las consecuencias del conflicto armado sobre la niñez colombiana.