La investigación por contratos irregulares en Diputación de Almería se salda con siete detenidos y diez registros

Entre los detalles conocidos dentro de la instrucción se encuentran órdenes judiciales que han permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder y duplicar comunicaciones privadas presuntamente asociadas con la investigación. Esta medida forma parte de una serie de actuaciones adoptadas en la segunda fase del caso denominado ‘Mascarillas’, que, según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha derivado en la detención de siete personas, entre las que figuran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el delegado del Área de Presidencia y vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Las actuaciones de este martes incluyeron al menos diez registros practicados por la UCO en domicilios privados, dependencias oficiales y oficinas de empresas que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculadas a una trama de contratos supuestamente irregulares, según detalló el TSJA. El procedimiento autorizado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería se enmarca en una investigación iniciada en 2021, referente a la presunta compra fraudulenta de material sanitario realizada por la Diputación de Almería durante los primeros meses de la pandemia.

Según publicó el órgano instructor a través del TSJA, en el auto de autorización de registros y detenciones se expresa que existen “sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. Los indicios recabados en la causa apuntan a que los investigados pudieron haber intervenido de manera directa o facilitar procesos de adjudicación fraudulentos para determinados contratos públicos, con la intención de obtener comisiones económicas.

El TSJA indicó que algunos contratos objeto de la investigación tendrían relación con el Ayuntamiento de Fines, localidad cuyo alcalde figura entre los arrestados y es tío del principal investigado en la primera fase del caso, el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento, Óscar Liria. En la primera parte de la investigación, Liria habría firmado en abril de 2020 un contrato para el suministro de mascarillas por un valor superior a dos millones de euros. El medio precisó que, en esta nueva fase, la instrucción abarca procesos de contratación realizados por la Diputación de Almería, supuestamente adjudicados para favorecer a ciertas sociedades a cambio de pagos o comisiones ilícitas.

El Juzgado también dispuso que la UCO solicite documentación adicional tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Fines y a las empresas incluidas en las pesquisas. Además, de acuerdo con lo informado por el TSJA, se han impuesto medidas cautelares de carácter patrimonial, como la inmovilización de cuentas bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad, propiedades inmobiliarias y vehículos a motor, con el objetivo de garantizar la protección de los fondos investigados.

Según detalló el medio, no todos los implicados estarían relacionados directamente con la adjudicación de los contratos, pero sí podrían haber intervenido en la canalización de fondos presuntamente ilícitos hacia circuitos legales, lo que podría ser objeto de cargos por blanqueo de capitales. En cuanto al desarrollo procesal, el TSJA indicó que los siete detenidos permanecerán inicialmente en dependencias policiales y se prevé que sean presentados ante el juzgado el jueves próximo.

A lo largo de la operación se incautó documentación relevante en las sedes allanadas y se intervino material digital, incluyendo la autorización para extraer, visualizar y copiar datos privados relacionados con los hechos en investigación, tal como lo permitió el juzgado. Todas estas actuaciones judiciales responden a la evolución de un procedimiento que busca esclarecer la presunta utilización irregular de fondos públicos en la adquisición de material sanitario y las posibles dinámicas de corrupción asociadas a las entidades públicas implicadas, informó el TSJA.