El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.
Según señalan a Europa Press fuentes del Gobierno, "en el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".
La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo obliga desde 2023 a todas las comunidades autónomas a disponer de un registro de objetores, instrumento aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024, y que es de obligado cumplimiento
"La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres", señalan las mismas fuentes.
Con este requerimiento, el Gobierno "da un paso más" para garantizar que "todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad".
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